Ministerio de la Producción no solo condona S/611 millones en multas, también abre paso a la sobrepesca y clonación de embarcaciones

La reciente publicación del Decreto Supremo 255-2025-PRODUCE, que prepara un régimen de condonación de más de S/611 millones en multas acumuladas entre 1998 y 2025 al sector pesquero y acuícola en Perú (el 99% de ellas en etapa coactiva), trae en su texto un conjunto de medidas que superan el simple alivio financiero.

El dispositivo, lanzado para comentarios por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), no solo representa una transferencia económica para empresas y armadores, sino que también modifica reglas administrativas críticas para el sector que habían sido diseñadas, precisamente, para limitar el crecimiento de la flota pseudo-artesanal y proteger especies en estado crítico de explotación.

El análisis elaborado por Infobae Perú, con base en documentos oficiales y el contenido explícito del propio decreto, revela que la norma va mucho más allá de su objetivo original. En sus disposiciones complementarias finales, reintroduce la “culminación” del proceso de formalización de 150 embarcaciones pesqueras artesanales dentro del marco de las Cooperativas Pesqueras, pese a que dicho proceso fue cerrado el 31 de julio de 2023 tras una etapa extraordinaria de siete años iniciada en 2016.

No existe información clara ni pública sobre las embarcaciones beneficiadas ni sobre el criterio de inclusión, y el propio texto propone que todas pueden presentar solicitudes basadas, supuestamente, en trámites demorados o pendientes justo antes del cierre, lo cual abre una ventana para la presión y manipulación sobre los registros.

Pero la aprobación de este régimen no solo habilita una prórroga excepcional, sino que permite reabrir el proceso para regularizar características técnicas no declaradas previamente, incluidas las capacidades de bodega de los barcos. Esta maniobra implica validar formalmente modificaciones que tuvieron lugar fuera del marco de la ley: desde 2012 está prohibida la ampliación de capacidad y construcción de nuevas embarcaciones artesanales, norma que fue reforzada en enero de 2024 con la tipificación del delito correspondiente.

Según estadísticas oficiales, en 2023 se identificaron 23.138 embarcaciones pesqueras artesanales en la costa, un incremento de 29,1% respecto a 2015 según ENEPA IV – IMARPE. Este aumento se da en contextos donde el recurso pota y el perico están plenamente explotados y la entrada de más flotas o la legalización retroactiva de bodega agravaría el riesgo de sobrepesca y competencia desleal.

Para la presidenta de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal), Elsa Vega, el nuevo decreto no es un simple instrumento administrativo, sino el resultado de intensos “lobbys políticos y empresariales” de cooperativas que funcionan como cascarón y que buscan consolidar una flota sobredimensionada y con dudosa trazabilidad.

“La reapertura alcanza a embarcaciones que se quedaron fuera o que presentaron documentos fuera de plazo, y habilita la regularización de bodega y capacidad real años después. Así ingresan naves que no cumplieron los requisitos, debilitan el control estatal y exponen la sostenibilidad de recursos críticos como la pota y el perico”, detalló para Infobae Perú, .

Para Vega, la publicación de este decreto reforzaría, en el futuro, la posición de quiénes reclaman la reapertura del Siforpa II, una plataforma lanzada hace algunos años para garantizar la trazabilidad de los navíos artesanales, pero que fue cerrado oficialmente en julio de 2022. Señala que el gremio ya ha presentado sus descargos ante el Ministerio de la Producción, en lo que considera un “total despropósito” contra el sector que el ministro Sergio González asegura velar.

“La forma en que se busca regularizar esas naves es, en la práctica, un rearqueo a destiempo de embarcaciones a las que hoy se les quiere dar mayor capacidad luego de casi una década de haber sido admitidas en cooperativas”, señala. Según Sonapescal, permitir ese reingreso legitimaría a la vez el reclamo pendiente de otros grupos, como Siforpa, que suman hasta 2.000 embarcaciones que buscan validarse bajo distintos procesos de formalización.

El mismo Decreto Supremo habilita la regularización de características técnicas si no coinciden con lo declarado o con los certificados de matrícula originales. Vega recalcó que las irregularidades en el registro permiten que la matrícula de una embarcación se utilice en varias naves, práctica que favorece la pesca ilegal. “Una placa la pueden usar tres o cuatro barcos distintos en diferentes muelles para maximizar la captura. La trazabilidad está muy comprometida, por eso el sector exige controles más efectivos y la eliminación de cualquier ventana legal que perpetúe el desorden”, remata.

En cuanto a las faenas de pesca, explica que la flota potera cuenta con embarcaciones que alcanzan capacidades de hasta 32 metros cúbicos, aunque muchas autorizadas solo para 15 toneladas en promedio. Esta diferencia entre capacidad real y permisos oficiales, según Vega, prueba que el sistema ha sido distorsionado a lo largo de los procesos. “Hay buques autorizados con permisos pequeños, que han pescado volúmenes arriba de 30 toneladas. La ampliación y legalización posterior de sus bodegas agravaría todo”, declara.

Vega también recuerda el protagonismo del congresista José Bernardo Pazo Nunura, quien en su momento impulsó un proyecto de ley para reabrir el proceso de formalización artesanal Siforpa II. Pazo Nunura también es responsable de otro proyecto para modificar la Ley de Pesca Artesanal (Ley N° 31749), promulgada en mayo de 2023, con el objetivo de autorizar el cerco mecanizado en las primeras millas marinas, una práctica que ha contado con fuerte resistencia tanto de gremios pesqueros como de organizaciones ambientalistas, por su impacto sobre la sostenibilidad y la equidad en el acceso a los recursos.

En lo sectorial, la dirigente remarcó que la pota y perico —ambos recursos plenamente explotados— no admiten más esfuerzo pesquero. “Si se abre la puerta para estas 150 embarcaciones hoy, mañana serán las 2.000 de Siforpa II que buscarán igual trato. No hay justificación social ni ambiental para ampliar la flota, y todo este proceso atenta contra la sostenibilidad y legalidad de nuestra pesca artesanal”, sostuvo Vega.

Finalmente, Sonapescal asevera que la trazabilidad del recurso y la identificación real de la flota resultan casi imposibles bajo el sistema actual. Las irregularidades incluyen el uso compartido o “clonación” de matrículas y la imposibilidad de fiscalizar el tonelaje de cada embarcación. La norma prevé ahora la validación de embarcaciones fuera de padrón, mientras registra la captura de 420.000 toneladas entre enero y junio de 2025, cerca del 80% del total anual permitido para pota. Esta presión sobre los recursos agudiza el riesgo de colapso y retroceso en la gestión responsable de las pesquerías artesanales.

“Quienes lograron permisos bajo el proceso anterior ahora verán cómo acaba revalidándose lo que fue negado formalmente, en desmedro de los pescadores que siguieron el proceso. Es una nueva ventana que están buscando abrir desde el PRODUCE”, sentencia.