Disputa por patrimonio de testigo clave en el caso Sada Goray: préstamos millonarios, exclusión empresarial y demandas cruzadas

La muerte de Martín Montoya Marcilla, empresario vinculado a uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años, ha dejado tras de sí una batalla legal y financiera de gran magnitud. Su padre, el general en retiro Luis Montoya Villanueva, lidera ahora la pugna por el patrimonio de quien fue un actor central —y, para algunos, testigo clave— en el caso Marka Group y las operaciones asociadas a Sada Goray.

Punto Final reportó que el nexo entre los Montoya y Sada Goray se forjó a través de operaciones comerciales y préstamos que terminaron salpicados por las investigaciones penales en torno al entorno de Pedro Castillo. El Ministerio Público documentó que Martín Montoya prestó más de un millón de soles a Goray, suma que finalmente habría terminado en presuntos sobornos hacia funcionarios. Aunque nunca fue investigado penalmente —figura solo como testigo—, su nombre se vinculó de forma directa con el flujo de dinero en el esquema, mientras su familia sostiene que el vínculo financiero respondía exclusivamente a negocios legales.

Según el padre del testigo, el préstamo concedido a Goray tuvo como único objetivo facilitar operaciones empresariales y no existía conocimiento alguno de maniobras ilícitas. “El dolo es individual, usted cree que la señora Goray le iba a indicar para qué iba a usar el dinero… Martín no sabía”, declaró.

No obstante, el escándalo detonó una crisis interna en Grupo Palante, financiera en la que Montoya poseía el 42% de las acciones, un patrimonio valorado en más de 24 millones de dólares. Con la presión mediática y penal sobre su hijo, la administración de la empresa —liderada por el socio ecuatoriano Sebastián Crespo Herrera— inició un proceso para excluirlo, argumentando daño reputacional debido a la cercanía de Montoya con la trama Goray.

Según la versión de la familia del fallecido, la exclusión se produjo a través de presiones y sin respetarse las condiciones pactadas para el pago y transferencia de las acciones. El propio Martín Montoya habría pedido que, al menos, su participación pasara a manos de su padre, pero esto tampoco se cumplió. Del otro lado, el abogado de Palante, Alexander Bazán, asegura que la medida fue adoptada de acuerdo a la ley, que Montoya estaba al tanto de la situación y que el pago quedó judicializado por falta de acuerdo.

El medio destacó que la pugna se agrava por operaciones aún no saldadas. Entre ellas, la venta de un terreno de 600 hectáreas por parte de Martín Montoya a Crespo, realizada mediante un cheque que nunca fue cobrado. La familia Montoya denuncia que nunca recuperó el bien ni los fondos. Además, parte del conflicto se centra en transferencias cercanas a los 14 millones de dólares en 2020, cuando Luis Montoya aportó recursos para que su hijo aumentara su participación accionaria en Palante. Según la familia, 4 millones no han sido reconocidos hasta hoy por la cooperativa Pacífico ni por el grupo empresarial.

Estas operaciones y reclamos han derivado en una investigación fiscal que implica a Crespo, altos directivos y a la entidad financiera, bajo acusaciones que van desde organización criminal y lavado de activos hasta apropiación ilícita y fraude. El proceso sigue abierto y suma nuevas denuncias por negocios no concretados y diferencias en las versiones sobre la gestión patrimonial y societaria.

El monto total en disputa supera 35 millones de dólares en activos y transferencias. Las preguntas sobre el origen y destino de este dinero, así como sobre la legalidad de las exclusiones y las responsabilidades empresariales, permanecen abiertas mientras la justicia avanza en las pesquisas. El propio Luis Montoya sostiene que su hijo siempre asumió los negocios de modo regular, negó cualquier participación en maniobras dolosas y asegura que los fondos en discusión corresponden a años de trabajo y transacciones bancarizadas.

Al respecto, el Grupo Palante solicitó mencionar que el último viernes la Quinta Sala Superior declaró que el fiscal es incompetente para investigar los delitos detallados. “Por lo tanto, el caso va a ser derivado a otra Fiscalía y esta semana se va a determinar la nulidad de la denuncia en mérito a lo mencionado”, escribieron.