Abogado de Delia Espinoza advierte que retorno de Juan José Santiváñez es inconstitucional: “Sentará un nefasto precedente”

El reciente regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial como titular de Justicia y Derechos Humanos generó cuestionamientos sobre la pertinencia de su designación, dadas las investigaciones e impedimento de salida del país, pero sobre todo por la constitucionalidad de su nominación, a raíz de su censura anterior como ministro del Interior.

Consultado al respecto, el constitucionalista Luciano López, también abogado de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, sostuvo que la designación de Santiváñez “sentará un nefasto precedente” institucional si el Congreso de la República no ejerce su rol de control político frente a este caso.

Argumentó que si bien en el marco normativo actual no existe una disposición constitucional ni legal que prohíba expresamente volver a nombrar a un ministro censurado en otra cartera durante el mismo periodo presidencial, una “interpretación razonable” del artículo 132 de la Constitución Política del Perú entiende la cesura como una suerte de veto parlamentario.

“Debiera llevar a considerar que si el Ministro censurado está obligado a renunciar, es lógico que no debiera ser nombrado en ninguna otra cartera porque sería renovar la crisis ministerial que derivó en su censura. Por ello, en mi opinión, es inconstitucional”, escribió en su cuenta oficial en X.

En ese sentido, invocó al Poder Legislativo a ejercer control político ante esta nueva designación. “Si el Congreso no hace el control político de su nombramiento, sentará un nefasto precedente de cara al futuro. Así que políticamente será una muestra más de la connivencia de los grupos parlamentarios que co-gobiernan con la Sra Boluarte”, advirtió.

Sobre el tema, recordó que el Parlamento tiene pendiente desde julio de 2024 debatir un proyecto para modificar el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el fin de impedir que un ministro censurado sea designado nuevamente en el mismo mandato.

El caso de Juan José Santiváñez adquiere relevancia por las circunstancias que rodearon su salida del Ministerio del Interior. El 21 de marzo de este año, hace apenas cinco meses, fue censurado por el Pleno del Congreso por su “incapacidad” para reducir los índices de criminalidad, obteniendo 79 votos a favor, once en contra y veinte abstenciones. Pero ello no lo alejó del Gobierno. Posteriormente, Dina Boluarte le confió la jefatura de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, donde también enfrentó controversias tras revelarse encuentros con alcaldes distritales poco antes de recibir fondos estatales, y reuniones con otros ministros antes de sus nombramientos.

La noticia del nombramiento de Juan José Santiváñez tuvo eco inmediato, no solo por su pasado reciente al frente del Ministerio del Interior, sino por las controversias judiciales y profesionales que lo rodean. Actualmente, enfrenta una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, dispuesta debido a investigaciones de presunto tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Santiváñez habría solicitado dinero a allegados de un cliente privado que se encontraba preso, con la finalidad de influir en decisiones del Tribunal Constitucional y gestionar intervenciones en el INPE para evitar traslados penitenciarios. Estos hechos, según el Ministerio Público, ocurrieron mientras él ya se desempeñaba en funciones públicas.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fundamentó la medida restrictiva en la existencia de peligro procesal, citando la posibilidad de que Santiváñez evadiera la acción de la justicia. Factores considerados incluyen una posible condena de hasta 12 años de prisión, la solvencia económica del ministro, sus antecedentes de viajes frecuentes al extranjero y la falta de claridad sobre sus actividades privadas. Además, el tribunal señaló la necesidad de contar con su presencia en el país para someterlo a pericias fonéticas en una investigación relacionada con grabaciones que podrían implicar actos irregulares.

Su posición como abogado penalista también ha generado controversias. Antes de su entrada a la política, defendió a policías acusados de integrar organizaciones criminales en Trujillo, como en los casos de Miguel Marcelo Salirrosas (“El Diablo”) y Eber Juárez, vinculados por la Fiscalía a la red “Los K y K”. Ambos agentes recibieron sentencias a 22 años y 7 meses de prisión por colaborar con esa organización, activa en delitos de extorsión y homicidio en diversas regiones del país. Durante el proceso, Santiváñez interpuso recursos de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional. En el caso de Eber Juárez, la acción obtuvo una resolución favorable en 2023, mientras que respecto a Salirrosas fue declarada infundada.