Tacna: Fiscalía investiga a detenido que confesó dar 18 puñaladas a una mujer y quemar departamento para borrar evidencias

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Gregorio Albarracín Lanchipa abrió investigación preliminar contra Rafael Espezua, principal sospechoso del brutal crimen que acabó con la vida de M. R. F., quien fue hallada sin vida tras recibir 18 puñaladas con arma blanca. El Ministerio Público confirmó que el imputado se encuentra detenido en la sede policial de Tacna, luego de haber admitido su responsabilidad en los hechos.

En un inicio se informó que la víctima había sido atacada con 12 cuchilladas, sin embargo, las pericias forenses precisaron que fueron 18 heridas punzocortantes las que terminaron provocando su muerte. Este hallazgo agravó la investigación, que ahora se sigue bajo la figura de homicidio calificado, delito que contempla severas penas en el Código Penal peruano.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Iris León Bravo, quien viene realizando una serie de diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad penal del detenido. Entre las acciones ya ejecutadas se encuentra la toma de declaración del investigado, la recepción de imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones y la reconstrucción e inspección de la escena.

Además, el Ministerio Público dispuso el análisis de las manchas de sangre y restos biológicos hallados en la vivienda, evidencias que serían determinantes para confirmar la mecánica del ataque. También se han recogido los testimonios de testigos, así como del personal que participó en la primera atención tras el hallazgo, mientras se esperan los resultados de las pericias médicas y criminalísticas.

El imputado, que se encuentra bajo custodia policial, confesó haber cometido el crimen durante su manifestación inicial. No obstante, la Fiscalía busca corroborar su versión con pruebas objetivas y testimoniales, a fin de construir un caso sólido que permita judicializar el hecho bajo la figura de homicidio calificado.

El caso salió a la luz el pasado 18 de agosto, cuando los vecinos del conjunto habitacional Alfonso Ugarte, en el distrito Gregorio Albarracín, reportaron un incendio en el edificio 20. Al ingresar a sofocar las llamas, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de María del Rosario Romero Flores, de 42 años, madre de un adolescente de 13. La víctima estaba parcialmente calcinada y presentaba varias heridas de arma blanca en el pecho y otras zonas del cuerpo.

Las primeras versiones señalaron que se trataba de 11 a 12 puñaladas, pero las necropsias confirmaron posteriormente que fueron 18 en total. El cuerpo fue hallado en la habitación principal, mientras que el fuego afectó otras áreas de la vivienda, incluida la sala y la cocina. En el lugar también se encontró una botella de whisky, aunque aún no se determina si guarda relación con lo ocurrido antes del ataque.

Durante el primer semestre de este año, el Perú registró 78 feminicidios, lo que representa un incremento del 11,4 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 70 casos. Marzo se convirtió en el mes más violento, al concentrar 16 asesinatos de mujeres por razones de género, una cifra que refleja la persistencia de este tipo de crímenes a pesar de los esfuerzos institucionales. La Defensoría del Pueblo advirtió que este repunte confirma que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes para frenar la violencia extrema contra las mujeres.

La situación se agrava con el repunte de las denuncias por desaparición, que en solo seis meses superaron las 6.000 mujeres reportadas como no habidas. El informe detalla que hubo un 31 % más de casos en adultas y un 41 % en niñas y adolescentes, en comparación al mismo periodo del año anterior. Este último grupo es el más afectado, pues enfrenta un riesgo mayor de ser víctimas de trata, violencia sexual o feminicidios. La Defensoría ha señalado que muchas de estas desapariciones se convierten en antesala de otros delitos graves, por lo que urge redoblar la prevención y la respuesta del Estado.