El debate sobre una posible amnistía para militares y policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023 generó desencuentros en el Gobierno y el Congreso. Ante la eventual elaboración de una medida con ese fin, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, manifestó su desacuerdo. En una reciente entrevista, el integrante del Ejecutivo precisó que “no podría estar de acuerdo porque las situaciones son totalmente diferentes”.
El integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte explicó que los hechos recientes aún están bajo investigación y no cuentan con responsabilidades determinadas por la autoridad competente. “Estamos hablando de casos actuales, no podríamos hablar de amnistía mientras todavía no se hayan establecido las responsabilidades correspondientes”, indicó en RPP. Añadió que los hechos relacionados con el control de las protestas siguen en etapa de investigación y que corresponde al Ministerio Público establecer si existieron o no responsabilidades penales.
Remarcó que la ley promulgada recientemente se refiere a una “persecución con un plazo irrazonable” contra agentes de seguridad implicados en el conflicto armado interno, mientras que los sucesos ocurridos durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte son procesos en curso y no presentan las condiciones necesarias para que se discuta una amnistía similar.
¿Congreso evalúa amnistía para efectivos que participaron en protestas?
Desde el Congreso, el tema ha sido abordado por el vicepresidente Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien declaró a los medios que se están realizando consultas y análisis para determinar la viabilidad de presentar un proyecto de ley sobre el tema. Indicó que existe un “proceso injusto y fuera de lugar” que afecta a más de 350 militares y policías, y señaló que “la fiscalía ha creado especialmente un equipo de más de 74 personas, incluyendo fiscales y asistentes, solamente para perseguir a militares y policías que impidieron que los violentistas que respaldaban a Pedro Castillo lo repusieran en Palacio de Gobierno para que instaure lo que quería el 7 de diciembre, una dictadura”.
Consultado sobre las declaraciones del titular del Minjus, el legislador mencionó que “el ministro de Justicia no puede pronunciarse sobre un hecho que todavía no se ha producido”, y remarcó que aún se analizan los alcances y fundamentos de una eventual propuesta legislativa.
AI rechaza ley de amnistía
Sobre la ley ya promulgada, Amnistía Internacional (AI) expresó su rechazo. A través de un pronunciamiento, indicó que al beneficiar a militares y policías procesados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno comprendido entre 1980 y 2000, “premia con impunidad a responsables de violaciones a los derechos humanos”.
De acuerdo con la organización, la norma que permite la liberación de personas mayores de 70 años que tengan sentencias firmes o pendientes de ejecución, “viola las obligaciones de derecho internacional que el Estado peruano ha contraído y sienta un grave precedente”. El comunicado agrega que “cancelar investigaciones y juicios abiertos transmite un mensaje de indiferencia e impunidad hacia las víctimas y sus familias, que llevan décadas buscando justicia, verdad y reparación”.
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