JNE endurece control contra “tachas maliciosas” en inscripción de alianzas políticas rumbo a las Elecciones 2026

El organismo electoral dispuso que la DNROP pueda rechazar de inmediato tachas dolosas y remitir los casos a la Procuraduría y al Colegio de Abogados

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció nuevas disposiciones frente a las denuncias de organizaciones políticas sobre la existencia de tachas maliciosas en los procesos de inscripción de alianzas electorales. Estas medidas tienen como objetivo salvaguardar la legalidad, la transparencia y la buena fe en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El Pleno del JNE precisó, a través de reciente jurisprudencia, que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) está facultada y obligada a evaluar la improcedencia liminar de aquellas tachas que, desde el inicio, revelen prácticas dolosas. Esta facultad implica que, cuando se adviertan indicios de mala fe, la DNROP podrá resolver sin necesidad de convocar a una audiencia pública.

Con esta decisión, se busca frenar conductas que obstaculicen de manera artificial el proceso electoral y que, en algunos casos, podrían estar motivadas por intereses ilícitos. El JNE recordó que el artículo 73 del Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) es la base normativa que sustenta esta acción.

Uno de los escenarios más frecuentes es la utilización de registros fraudulentos de denominaciones en la SUNARP o en INDECOPI, con el fin de bloquear indebidamente a partidos o alianzas. Ante esta práctica, el organismo electoral adelantó que podrá declarar la improcedencia inmediata de la tacha y remitir los documentos a la Procuraduría Pública del JNE. Asimismo, en caso de que un abogado haya respaldado el escrito, se enviarán copias al Colegio de Abogados correspondiente para que se determinen eventuales responsabilidades.

Los peruanos y peruanas regresarán
Los peruanos y peruanas regresarán a las urnas en abril de 2026 para las elecciones generales. (Foto: Onpe)

Denuncias en trámite y llamado a los partidos políticos

El JNE informó que ya se presentó ante el Ministerio Público y la Procuraduría de la institución una denuncia contra un ciudadano que, de forma reiterada, habría presentado tachas con fines ilícitos y presuntamente extorsivos en diversos procesos de inscripción. La solicitud es que se realicen las investigaciones necesarias y que, de ser el caso, se apliquen sanciones ejemplares.

El organismo electoral subrayó que estas prácticas no solo afectan a los partidos y alianzas políticas directamente implicados, sino que además ponen en riesgo el normal desarrollo del proceso electoral y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

En ese sentido, se exhortó a todas las organizaciones políticas a denunciar sin demora cualquier acto malicioso que detecten en sus procedimientos de inscripción. El propósito es que los entes correspondientes puedan interponer acciones legales y evitar que se repitan maniobras que distorsionen la participación democrática.

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto:
Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

La DNROP, por su parte, continuará supervisando cada trámite de inscripción y emitirá informes periódicos al Pleno del JNE para garantizar que los mecanismos de control sean aplicados de manera uniforme en todo el país.

Contexto previo a las Elecciones Generales 2026

El endurecimiento de estas medidas ocurre en un momento clave: el plazo máximo para la inscripción de alianzas políticas vence el 1 de setiembre de 2025. De cara a ese límite, los partidos aceleran negociaciones y procesos administrativos, lo que incrementa la presentación de documentos en la DNROP.

Según registros recientes, en los últimos meses se ha observado un incremento en el número de tachas ingresadas, muchas de ellas con fundamentos considerados débiles o infundados. La preocupación central es que detrás de algunas de estas acciones se oculte una estrategia para retrasar o bloquear a competidores en la carrera electoral.

El JNE recordó que el sistema de tachas cumple un rol fundamental en la depuración de candidaturas y en la vigilancia ciudadana, pero subrayó que debe ejercerse bajo el principio de buena fe. Cuando se utiliza con fines contrarios, pasa a convertirse en un instrumento que afecta la integridad del proceso.