“Puedes conseguir un cartucho de dinamita a 10 soles”: Defensoría del Pueblo alerta deficiente control del Estado

Conseguir un cartucho de dinamita en el Perú puede costar menos que un almuerzo en zonas mineras como Canta. Ese material, que debería destinarse solo a la minería formal, obras civiles o proyectos de hidrocarburos, termina en manos de la minería ilegal y, cada vez más, en las redes del crimen organizado.

Así lo advirtió José Luis Quequesana, adjunto para Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, en diálogo con Radio Exitosa. “Puedes conseguir un cartucho a S/10, S/12, explosivos que van a parar a manos de los extorsionadores”, señala. Según estimaciones de la institución, la minería ilegal estaría gastando entre US$ 800 millones y US$ 1,000 millones anuales en explosivos adquiridos en el mercado negro.

La Defensoría alertó que este mercado negro de explosivos no es nuevo: se viene gestando desde hace más de 15 años, impulsado por el auge del oro y la expansión de la minería ilegal. Hoy, toneladas de dinamita y otros insumos se desvían de los canales formales hacia actividades ilícitas.

“De esos explosivos, una parte termina en las mafias de la extorsión. Es mucho más barato conseguir un cartucho de dinamita que un arma de fuego. Con S/ 10 un delincuente puede dinamitar la puerta de un colegio o un gimnasio”, señaló Quequesana.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) es la entidad encargada de regular la venta y autorización de explosivos. Sin embargo, la Defensoría asegura que existe un déficit de fiscalización y trazabilidad.

“Un lapicero tiene un código de barras que permite rastrear su origen y destino. ¿Por qué un cartucho de dinamita no? Ese vacío permite que parte de los explosivos autorizados para minería formal acabe en manos del crimen organizado”, cuestionó el funcionario.

A ello se suma que la Policía Nacional no cuenta con presupuesto ni logística para transportar o almacenar toneladas de material incautado, lo que limita los operativos.

La Defensoría del Pueblo ha convocado recientemente a SUCAMEC, la Policía, la Fiscalía, Sunat, Sutrán y el Ministerio de Energía y Minas para articular un plan de acción. Aunque existe una estrategia nacional hasta 2030, Quequesana advirtió que se necesitan medidas urgentes ya para frenar el ingreso de dinamita ilegal desde Bolivia y su distribución por rutas terrestres en Cusco, Puno, La Libertad y Arequipa.

“El país no puede normalizar que la dinamita sea usada como herramienta de extorsión. Si no se actúa con firmeza, podríamos llegar a escenarios de violencia similares a los de Colombia en tiempos de Pablo Escobar”, alertó.

Una explosión con dinamita registrada la noche del jueves 14 de agosto en la avenida Perú, en Trujillo, dejó más de veinte viviendas y comercios afectados en un radio de cien metros. El ataque fue atribuido a la banda criminal Los Pepes y habría estado dirigido contra la familia de Sergio Bolaños, exintegrante de Los Pulpos, quien recientemente salió en libertad tras cumplir condena en el penal El Milagro.

En un video difundido en redes sociales, presuntos miembros de Los Pepes se adjudican el atentado y exigen a Bolaños el pago de un millón de soles bajo amenaza de nuevas represalias. El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó que la vivienda atacada pertenece a la familia de Bolaños y precisó que este también es testigo confidencial en investigaciones contra la mencionada banda.

Las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato y el secuestro han convertido los explosivos en un mecanismo recurrente de intimidación, favorecidas por la falta de control estatal en la venta y circulación de estos materiales. Este tipo de violencia ya había sacudido Trujillo en enero pasado, cuando un falso repartidor colocó un artefacto en la sede del Ministerio Público, causando serios daños en la infraestructura.