El Tribunal Constitucional (TC) exhortó al Ministerio del Interior (Mininter) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a respetar los derechos a la libertad y a adecuar sus protocolos y prácticas para evitar detenciones irregulares.
La decisión responde a la intervención realizada el 21 de enero de 2023 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde 192 personas fueron arrestadas sin la presencia de un representante del Ministerio Público.
Sentencia con advertencia
En la resolución del expediente, la Sala Segunda del TC —integrada por los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente), Gustavo Gutiérrez Ticse y César Ochoa Cardich— declaró fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por Madeleine Moral Castro y otros contra el entonces comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, y el exministro del Interior, Vicente Romero Fernández. El Tribunal concluyó que se vulneró el derecho a la libertad personal debido a la inobservancia del debido procedimiento policial.
Aunque los detenidos fueron liberados pocos días después, el TC señaló que, por la gravedad de los hechos, la naturaleza de las denuncias y la necesidad de evitar que se repitan, correspondía emitir un pronunciamiento de fondo.
El fallo sostiene que en un Estado constitucional de derecho el respeto de los derechos fundamentales está por encima de cualquier institución pública y que todas las actuaciones policiales deben someterse a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido procedimiento.
Operativo irregular en San Marcos
La intervención del 21 de enero de 2023 ocurrió en el marco de la denominada 'Toma de Lima’. Un grupo de estudiantes había tomado la universidad en apoyo a las protestas, alojando en sus instalaciones a manifestantes que llegaron desde regiones para participar.
Ese día, alrededor de 560 efectivos policiales ingresaron al campus con una tanqueta que derribó la puerta 3 de la universidad. Procedieron a desalojar y detener a casi 200 personas sin individualizar responsabilidades. Entre los arrestados había estudiantes en clases, residentes universitarios y manifestantes pacíficos.
Organismos de derechos humanos denunciaron entonces el uso excesivo de la fuerza, amenazas, expresiones racistas y tratos degradantes hacia los detenidos, quienes se encontraban reducidos en el suelo y esposados. Durante el operativo no estuvo presente la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo, lo que incrementó las críticas por la falta de garantías.
Fundamentos de los magistrados
El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse recordó que el artículo 2, inciso 24, literal f, de la Constitución establece que “nadie puede ser detenido sin orden judicial o flagrancia”. Cualquier detención fuera de esos supuestos, señaló, es inconstitucional. También afirmó que el derecho a la protesta, aunque no esté enumerado expresamente, es un derecho constitucional que impone al Estado el deber de garantizar su ejercicio y abstenerse de reprimir manifestaciones pacíficas.
Por su parte, César Ochoa Cardich calificó la intervención como violenta e irregular, y resaltó que el TC viene consolidando una doctrina jurisprudencial que fija límites a las actuaciones policiales en contextos de protesta. Subrayó que las manifestaciones pacíficas, aunque tengan un carácter disruptivo, no deben ser disueltas con violencia ni mediante medidas que inhiban su ejercicio.
La Sala Segunda remitió los actuados al Ministerio Público y a la Inspectoría General de la PNP para que actúen según sus competencias. Recalcó que casos como el de la UNMSM no pueden repetirse y que la autoridad policial debe actuar siempre bajo un marco de respeto a la ley y a los derechos fundamentales.
La intervención de enero de 2023 fue el episodio más grave de uso excesivo de la fuerza en la UNMSM en los últimos años, pero no el único. En octubre de 2024, una toma del campus por presuntas irregularidades en elecciones internas derivó en una intervención policial nocturna, donde personas no identificadas agredieron a estudiantes, dejando al menos nueve heridos.
En mayo de 2025, otra toma pacífica en la Facultad de Educación durante el aniversario 474 de la universidad denunció abandono institucional y reportó cierres arbitrarios de puertas y presencia policial que generó temor entre los estudiantes.
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