SEDAPAL, inmersa ahora en denuncias de boicot y negligencia en megaobra de saneamiento La Nueva Rinconada

La ejecución de la megaobra de agua y alcantarillado La Nueva Rinconada, destinada a beneficiar a más de 500.000 familias en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador en Lima, se encuentra envuelta en acusaciones de boicot y gestión deficiente por parte de algunos funcionarios de la empresa estatal SEDAPAL y su supervisora técnica.

Según informó Expreso, los pobladores han denunciado retrasos y obstáculos deliberados en el avance de la obra, sumando conflictos internos y decisiones cuestionadas que afectan las metas planteadas por el Gobierno peruano.

El conflicto escaló luego de que la población organizará marchas de protesta por la lentitud del proyecto, lo que motivó a SEDAPAL a anunciar el retiro del ingeniero Raúl Gálvez, coordinador de la supervisión, mediante la carta N.° 3364-2025-EO.

No obstante, el ingeniero Alfredo Acruta —también objeto de denuncias de la comunidad— continúa vinculado a las labores de la obra, igual que el ingeniero Ángel García, quien había sido anteriormente separado por pedido expreso de los vecinos. Expreso detalló que esta reincorporación ha generado nuevamente rechazo e inquietud entre los dirigentes de la zona.

En una carta dirigida recientemente a la gerencia general de SEDAPAL, los representantes de la Comisión Central de Agua y Alcantarillado del Súper Esquema de los 300 Nueva Rinconada advirtieron sobre la presencia de García, remarcando que su accionar fue considerado “irregular” y “causante de conflictos”, en coordinación con la ex jefa de equipo de obras, Paula Olarte.

El 14 de agosto, los vecinos alertaron a la empresa sobre daños en la relación institucional y la posibilidad de nuevas protestas si las autoridades no adoptan medidas.

Estas tensiones se registran en un contexto donde la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, prometió en julio de 2024 que la obra concluiría y sería entregada en diciembre de 2025. Expreso recogió declaraciones de Carlos Chávez, dirigente vecinal, quien cuestionó que “eso no va a suceder”, señalando incumplimientos y decisiones arbitrarias de los responsables de supervisión.

Chávez señaló: “Han buscado la forma de boicotear el avance de las obras imponiendo sanciones económicas sin sustento y hostigando a los profesionales que cumplen con su trabajo”.

Uno de los casos emblemáticos es el del ingeniero Frowing Alfaro, gerente de obra y líder técnico del Consorcio San Miguel, contratista principal. Según el informe, Alfaro fue objeto de hostigamiento y solicitude de retiro, considerada arbitraria e ilegal por la Junta de Resolución de Disputas (JRD), que atribuyó la responsabilidad de las fallas al expediente técnico elaborado por SEDAPAL y no al consorcio.

Pese a la resolución, Alfaro terminó renunciando irrevocablemente, acción que, según los vecinos, impactó de forma directa el ritmo constructivo.

El diario Expreso reportó que los pobladores también han señalado como irregular la permanencia de Acruta, cuya participación formal se dio por concluida el 21 de marzo de 2025, conforme al Asiento del Cuaderno de Obra N.º 10426.

Sin embargo, sigue asistiendo a la obra y emitiendo órdenes. Chávez afirmó a Expreso: “Retiran al funcionario de menor rango pero dejan que asista el principal promotor del boicot contra la Nueva Rinconada”.

Las denuncias por boicot cobran mayor peso ante los informes y penalidades por más de 130 millones de soles aplicados al consorcio constructor, las que, según Expreso, han sido anuladas por la JRD al declararlas carentes de sustento técnico y legal. Además, la supervisión y la entidad solicitaron el retiro de personal clave sin sustento, lo que, de acuerdo con los vecinos, contribuyó al estancamiento del proyecto.

Adicionalmente, la JRD responsabilizó a SEDAPAL y a la empresa supervisora por la falta de gestión frente a más de 100 interferencias originadas por errores del expediente técnico, demoras que afectan la ejecución y cuyo impacto financiero se traslada a la población y a la propia compañía estatal.

En respuesta, Sedapal afirmó que la obra “Nueva Rinconada, Etapa I – Frente 2” no será paralizada y se desarrollará conforme al expediente técnico aprobado. Precisó que el 25 de julio se firmó el acta de recepción parcial del sector 324, correspondiente al componente de alcantarillado, que implicó la instalación de más de 25 kilómetros de redes y 4,573 conexiones domiciliarias mejoradas. Este avance se logró tras la subsanación de observaciones por parte del contratista y la validación de la Supervisión de Obra.

La entidad detalló que el proyecto abarca la construcción y rehabilitación de más de 88 mil conexiones de agua y alcantarillado, la edificación de 20 nuevos reservorios, la mejora de otros nueve, y la expansión de redes y colectores por más de 1,400 kilómetros, junto a infraestructura complementaria como cisternas y cámaras de derivación y sectorización. Sedapal enfatizó que, en conjunto, la iniciativa beneficiará directamente a cerca de 314 mil personas en Lima Sur, además de favorecer indirectamente a más de 102 mil habitantes de 240 urbanizaciones.

Sedapal reportó un avance físico de 62,97 % y subrayó que el cronograma de trabajo se mantiene, con la aprobación hasta ahora de 34 trabajos adicionales y 9 ampliaciones de obra, y con el 90 % de las interferencias solucionadas. La empresa negó que exista algún boicot contra el proyecto, al que considera una de las mayores obras de saneamiento de Lima, señalando que la ejecución demanda coordinación técnica, legal y operativa permanente.

Respecto a la imposición de penalidades, Sedapal indicó que estas fueron formuladas por la Supervisión de Obra, empresa independiente, y tramitadas según contrato y normativa vigente. El contratista puede apelar ante la Junta de Resolución de Disputas, instancia que reconoció algunas observaciones formales pero también la existencia de incumplimientos. En cuanto al retiro del Sr. Frowing Alfaro, Sedapal aseguró que fue una decisión técnica solicitada por la Supervisión y aceptada por el contratista, y descartó abuso de autoridad o vulneración de derechos. Finalmente, remarcó que las soluciones ante interferencias se definen de manera conjunta y que la Contraloría realiza control concurrente del proceso.