El próximo jueves 21 de agosto, el grueso de transportistas formales de Lima y Callao paralizarían sus actividades en un paro convocado por los principales gremios del sector de transporte urbano, en exigencia de seguridad frente a la ola de extorsiones y ataques criminales que los afecta a diario, según comunicaron sus principales dirigentes.
La convocatoria a esta nueva paralización amenaza con frenar por 24 horas continuas el servicio de transporte urbano y visibilizar el reclamo de conductores y empresarios, quienes responsabilizan al Estado por la escalada de delitos.
La Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, que reúne a varios operadores del transporte en la capital, confirmó que la medida responde al incremento sostenido de extorsiones, asesinatos y amenazas contra choferes y cobradores.
Según Manuel Odiana, presidente de dicha asociación, la situación se ha vuelto insostenible ante la pasividad estatal. En entrevista a Exitosa, dijo: “No hay un paso más atrás, ni un paso más adelante, el siguiente paso es el abismo”, y advirtió que el 21 de agosto será el último paro de 24 horas antes de una posible huelga indefinida “si el Estado no reacciona”.
Durante su diálogo con Exitosa, Odiana atribuyó al Estado la responsabilidad de poner un freno efectivo a la criminalidad que golpea a los trabajadores del sector.
“Si el Estado no es serio ahora, le damos la oportunidad de que, en el plazo de un mes, se reúnan todos los entes y comiencen a trabajar. Si en un mes esto no camina, convocaremos a un paro nacional indefinido y caiga quien tenga que caer”, afirmó.
El dirigente añadió que, solo en lo que va de 2025, se han registrado cerca de 45 muertes entre choferes y cobradores, remarcando el carácter urgente de la demanda.
Extorsión y muertes
Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), reiteró que la protesta obedece a la inoperancia de las autoridades ante el aumento de casos de extorsión, asesinatos y robos.
Palomino precisó que la paralización del 21 de agosto busca exponer la falta de resultados concretos tras meses de reuniones infructuosas con representantes del Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior.
El presidente de la CNTC señaló que desde abril se firmaron pactos y actas con compromisos para fortalecer la seguridad, pero los acuerdos siguen sin aplicarse. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, expresó.
La coordinación de la protesta incluye tanto a organizaciones de transportistas como a colectivos sociales y comerciantes, quienes planean sumarse para demandar acciones ante la creciente ola de delincuencia urbana.
De acuerdo con los gremios, casi el 90 % de las empresas formales participarán en la paralización, impulsados por la magnitud del problema y la falta de protección estatal. Palomino subrayó que si las autoridades no escuchan el reclamo y adoptan cambios inmediatos, se evaluarán nuevas medidas de mayor alcance.
El papel de la articulación
Días atrás, Martín Valeriano, titular de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), confirmó a América Noticias que la postergación de la protesta –originalmente prevista para el 11 de agosto– respondió a la necesidad de ampliar las bases.
Valeriano sostuvo que “la convocatoria la está haciendo la Unidad Gremial de los Gremios de Lima y Callao conjuntamente y estamos articulando con otras organizaciones sociales y de otros rubros para que el paro sea contundente”.
La convocatoria no solo involucra a transportistas, sino también a bodegueros, comerciantes de mercados y conductores de vehículos menores, afectados directa o indirectamente por la inseguridad.
El dirigente denunció que, pese a las reuniones sostenidas con el Gobierno y el Congreso de la República, sigue sin aparecer una solución real. “Más del 80 % de las empresas están pagando extorsiones o cobros de cupo y se encuentran sometidas a bandas criminales”, manifestó.
Exigencias y advertencias
Los líderes de las asociaciones coinciden: los esfuerzos estatales, policiales y judiciales continúan dispersos, sin un enfoque coordinado.
Odiana afirmó que detectan “esfuerzos aislados” de la Fiscalía, la Policía Nacional y congresistas, pero en la práctica persiste una desarticulación que limita la respuesta frente al sicariato y las bandas extorsivas.
El paro de 24 horas se enmarca como un ultimátum para que el Gobierno nacional convoque a todas las instancias a trabajar de manera conjunta e inicie la implementación de políticas públicas de resguardo para el sector.
Si tras este plazo ninguna medida concreta se adopta, las organizaciones planean convocar nuevas acciones por tiempo indefinido y ampliar la escala de la protesta a nivel nacional.
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