El Metro de Lima y un boleto directo al fracaso: cómo Florentino Pérez aproxima a Perú al selecto grupo de países humillados en CIADI

Perú está a punto de ingresar al reducido grupo de países que han perdido impugnaciones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tras el reclamo del consorcio europeo ACS por la Línea 2 del Metro de Lima.

Así lo advierte el abogado Adrián Simons, socio de Simons & De Noriega y experto en arbitraje internacional, quien sostiene que “la probabilidad real de que el Estado peruano logre anular el laudo es bajísima”, dado que los comités ad hoc del CIADI confirman prácticamente todos los fallos. La situación pone a Perú al borde de una derrota previsible, con riesgos financieros y reputacionales que impactarán sobre las arcas públicas y la imagen internacional del país.

El conflicto legal tiene su raíz en la millonaria concesión de la Línea 2 del Metro de Lima. El grupo ACS, presidido por Florentino Pérez -también propietario del club Real Madrid de España-, se adjudicó la obra y, tras una serie de diferencias contractuales y cuestionamientos a la ejecución, inició un arbitraje ante el CIADI, organismo vinculado al Banco Mundial.

La instancia arbitral de alcance global falló a favor de ACS, obligando al Estado a pagar 315 millones de dólares. Perú solo abonó parte del monto y, para evitar el desembolso completo, presentó un recurso con el objetivo de anular el laudo, además de solicitar la suspensión de su ejecución.

Como respuesta al incumplimiento, ACS recurrió a la justicia de Luxemburgo para solicitar el embargo de activos estatales peruanos. Acto seguido, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se apresuraron en asegurar que el embargo se encuentra suspendido de manera provisional mientras se resuelve el procedimiento de anulación.

Sin embargo, y pese a esta declaración, la defensa estatal del país andino ante fueros internacionales de este nivel ha mostrado claros signos de desventaja ante los mecanismos que se utilizan para su resolución.

En entrevista con Infobae Perú, Adrián Simons afirmó que las posibilidades de revertir el laudo son mínimas. “La probabilidad real de que Perú logre alguna victoria en el proceso de anulación es bajísima. El comité ad hoc del CIADI se limita a revisar criterios formales estrictos y suelen ratificar las decisiones originales casi de manera automática”, puntualizó el árbitro internacional.

En esta línea, Simons detalló que un eventual pronunciamiento podría tardar hasta seis meses, pero advirtió que tras esa fecha todo indica que el pago y el embargo resultarán inevitables, con intereses y penalidades adicionales.

El especialista también subrayó que la estrategia peruana responde más a una intención de posponer la catástrofe financiera que a la expectativa genuina de anular el laudo por el caso Metro de Lima.

“Perú integra el grupo de naciones con más arbitrajes ante el CIADI, y su récord en los últimos años muestra una caída en decisiones favorables. Durante años se gestionaron defensas sólidas, pero hoy los equipos sufren inestabilidad y la intromisión de intereses administrativos”, expresó Simons en diálogo con el equipo periodístico de Infobae Perú.

Las causas de fondo exceden la coyuntura actual. El incremento de reclamos internacionales por proyectos de infraestructura revela fallas estructurales sistémicas: administración contractual deficiente, escasa autonomía en la toma de decisiones y un temor institucionalizado de los funcionarios públicos a negociar acuerdos transaccionales, por miedo a posteriores investigaciones o sanciones.

“El resultado de esto es que casi todos los desacuerdos se judicializan a nivel internacional, donde el margen de maniobra del Estado es casi nulo y las defensas pierden solidez”, remarcó Simons.

En cuanto a las repercusiones, el caso Metro de Lima se traduce en un antecedente peligroso: no solo por el impacto inmediato en el presupuesto nacional, sino por el efecto multiplicador que podría provocar en otros arbitrajes en curso, algunos confidenciales, que involucran a Perú.

El diagnóstico tampoco es el mejor: país se perfila así como una jurisdicción vulnerable para inversiones extranjeras de gran escala, lo cual deteriora su posición negociadora en futuros proyectos de infraestructura, replica.

De concretarse el peor escenario, el letrado advierte que la derrota tendrá implicancias que trascienden lo meramente jurídico. La inestabilidad jurídica, la exposición de activos en el extranjero y el debilitamiento de la reputación estatal configurarían un nuevo golpe para la imagen de Perú en la escena internacional.

Por este motivo, el caso Metro de Lima representa mucho más que un revés puntual: expone, según los especialistas consultados, los límites de la defensa pública y el costo de la desidia política en la gestión de grandes contratos públicos. Para Florentino, la mesa está servida.