
El abogado de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, informó que el expresidente recibió una advertencia desde el propio Poder Judicial acerca de la inminente orden de prisión preventiva en su contra. Según relató el letrado, un trabajador del sistema judicial habría comunicado que la resolución que dispone su encarcelamiento ya estaba preparada incluso antes de la audiencia final.
“Él me llamó ayer y me dice que la suerte estaba echada, que ya hay una disposición digitada para que vaya a prisión, que ya la resolución la tienen redactada, pero que no se iba a correr, que igual iba a enfrentar la situación”, develó en entrevista con RPP y explicó que no indagó sobre la identidad del informante, pero que el exmandatario le confesó que el aviso provino de alguien del sistema de justicia.
Mencionó que esta advertencia fue la que lo llevó a grabar un video que fue difundido en su cuenta de TikTok al confirmarse la medida, la cual considera irregular, pues se ha demostrado que el magistrado vulneró el principio de imparcialidad. Confirmó que este jueves 14 de agosto presentarán una apelación contra la orden de prisión preventiva, solicitando que el caso llegue a una instancia superior para su revisión. Según estimó, la audiencia correspondiente podría realizarse en un plazo cercano a un mes.
Cuestionó que se haya referido a hechos que iban más allá de la disputa relacionada netamente al arraigo laboral. “Cuando la sala evalúa [el rechazo al pedido de prisión preventiva] termina diciendo que lo que no se había evaluado de manera correcta es el arraigo laboral. Sin embargo, hoy vimos a un juez que hablaba más allá, que incluso sacó pdf y láminas para exponer sin haber escuchado a la defensa”, señaló.

Al respecto, Salas afirmó que existen recibos por honorarios y otros documentos que acreditan la prestación de servicios de Vizcarra para el Perú Primero. Defendió que la exigencia de un contrato laboral formal no corresponde al contexto, considerando que pocas empresas privadas aceptarían formalizar un vínculo con una persona involucrada en un proceso penal. Añadió que en el Perú una parte importante del empleo se da a través de empresas familiares, por lo que la ausencia de un contrato no debería interpretarse como falta de actividad laboral.
Asimismo, subrayó que la resolución de prisión preventiva se dictó cuando el juicio ya cuenta con cerca del 70 % de avance, aspecto que, a su juicio, refuerza la desproporcionalidad de la medida cautelar impuesta al expresidente. Salas insistió en que Vizcarra ha acudido a todas las citaciones judiciales y ha mostrado disposición a someterse a la justicia.
Planteó un posible conflicto de interés por parte del juez Jorge Chávez Tamariz. De acuerdo con Salas, la esposa del magistrado que dictó la orden de prisión forma parte del equipo especial Lava Jato, circunstancia que podría comprometer la objetividad en el proceso. No obstante, a pedido del expresidente, consideraron guardar silencio respecto a este punto, con la intención de documentar y poner en evidencia eventuales irregularidades ante instancias superiores.
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