Congreso instala 11 comisiones con presidentes cuestionados por investigaciones y falta de títulos académicos

El Congreso de la República completó este martes la instalación de 11 comisiones para el periodo legislativo 2025-2026. Las designaciones han suscitado críticas dentro y fuera del Parlamento, ya que varios de los congresistas elegidos para presidir o integrar las mesas directivas de estos grupos de trabajo afrontan investigaciones fiscales, denuncias penales o carecen de grado universitario, mientras que otros enfrentan cuestionamientos por su trayectoria política y antecedentes personales.

Parlamentarios de oposición y representantes de la sociedad civil han cuestionado la falta de filtros en las bancadas para designar a sus representantes. En respuesta, los legisladores aludidos defendieron su idoneidad, argumentando que las investigaciones no han probado responsabilidades y que su experiencia legislativa es suficiente para ejercer los cargos.

La Comisión de Constitución fue la primera en instalarse, con Arturo Alegría, de Fuerza Popular, como presidente. El legislador no cuenta con grado de bachiller ni título profesional, pero destacó que acumula más de una década de trabajo en el Parlamento antes de asumir como congresista. Sostuvo que la labor técnica recae en equipos especializados que respaldan la elaboración y análisis de los proyectos.

Este grupo de trabajo es uno de los más influyentes, pues revisa reformas constitucionales y leyes que afectan la estructura del Estado. Su presidencia, en manos de un congresista sin formación universitaria, ha provocado cuestionamientos en diversos sectores.

La Comisión de Fiscalización será encabezada por Elvis Vergara, de Acción Popular, investigado en el caso “Los Niños”, que indaga presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo. Vergara rechazó los señalamientos y afirmó que, tras más de 40 meses de indagaciones, no se le ha atribuido responsabilidad penal.

Esta comisión es clave en el control político, ya que tiene la facultad de investigar actos de gestión de funcionarios y entidades del Estado. La designación de un congresista investigado en este cargo ha generado críticas de bancadas opositoras.

María Acuña, congresista de Alianza para el Progreso (APP), fue designada presidenta de la Comisión de Vivienda. La legisladora afronta investigaciones por fraude procesal y denuncia calumniosa, además de un reportaje periodístico que reveló la presunta invasión de calles y parques en una urbanización exclusiva de Santiago de Surco a través de edificaciones vinculadas a su familia. En el periodo parlamentario anterior, Acuña estuvo al frente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cargo que también generó críticas por sus procesos judiciales en curso.

APP mantiene presencia en comisiones estratégicas, encabezando también Presupuesto y Salud. Desde la bancada han defendido la designación de Acuña, señalando que sus investigaciones no constituyen un impedimento legal para ejercer funciones.

La Comisión de Presupuesto, presidida por APP, eligió como vicepresidente a Raúl Doroteo, de Acción Popular. El congresista afronta múltiples cuestionamientos. Su propio padre lo denunció públicamente por presuntamente apropiarse de la casa familiar en Pisco e intentar declarar incapaz mental a su madre para anular un proceso judicial en su contra.

A ello se suma su implicación en el caso mochasueldos, investigación que involucra a legisladores acusados de exigir parte del salario a sus trabajadores para beneficio personal. Estos señalamientos han motivado que desde el Parlamento se plantee su revisión en la Comisión de Ética.

El presidente del Congreso, José Jerí, recordó que la elección de presidencias y mesas directivas corresponde exclusivamente a las bancadas, dentro de su autonomía parlamentaria. Las propuestas se someten a votación en cada grupo de trabajo, sin intervención directa de la Mesa Directiva.

De un total de 24 comisiones ordinarias, 13 permanecen pendientes de instalación. Entre ellas figuran Justicia, Relaciones Exteriores y Educación, cuya instalación estaba prevista para la tarde de este martes 12 de agosto. Con ello, el Parlamento avanzará hacia la operatividad completa de su estructura legislativa.