Doe Run Perú: acreedores rechazan designación de nuevo liquidador ante Indecopi por conflicto de interés con Doe Run Cayman

Los acreedores laborales de Doe Run Perú SRL en liquidación han presentado una denuncia ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) -a quien responde el Indecopi, regulador peruano a cargo del proceso-, en la que rechazan la posible designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nueva entidad liquidadora de la empresa.

El principal argumento es la presunta existencia de vínculos directos entre esta empresa y uno de los acreedores más activos del proceso, AYS S.A.C., lo que en opinión de los trabajadores del excomplejo metalúrgico en La Oroya, configura un conflicto de interés.

La firma Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., representada por la ciudadana Sonia Alva Rodríguez, es señalada por actuar simultáneamente como liquidadora de AYS S.A.C. dentro del mismo proceso concursal.

Esta relación se evidencia en las últimas Juntas de Acreedores, en las que Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. se abstuvo o votó en contra de la aprobación del convenio de liquidación respaldado por los acreedores laborales y apoyado también por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Para los trabajadores, la designación de esta firma significaría que una de las partes interesadas asuma el control del proceso de liquidación, lo que podría influir en la administración de los activos y en el orden de pago de las deudas.

“Tenemos conocimiento que tanto Sonia Alva como Anthony Lizárraga estarían sosteniendo reuniones privadas con funcionarios y exfuncionarios vinculados a la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi”, denuncia la carta.

El rechazo de los acreedores laborales incorpora además cuestionamientos sobre otras conexiones denunciadas. Sonia Alva Rodríguez, representante de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., ha sido funcionaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales y de la Sala Concursal de Indecopi.

Según la denuncia, mantiene relaciones laborales y profesionales con el Estudio Muñiz, firma de abogados que representa a Doe Run Cayman, otro de los principales acreedores y partes interesadas en el proceso. Además, señalan coincidencias entre la actuación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. y los intereses de Depósitos Químicos Mineros (DQM), a quienes también representaría en calidad de liquidadora.

La denuncia se refiere también a reuniones privadas entre Sonia Alva Rodríguez, el abogado y exfuncionario de Indecopi Anthony Lizárraga (representante de Doe Run Cayman) y funcionarios de Indecopi, lo que levanta sospechas de prácticas que podrían favorecer a ciertos acreedores en desmedro del pago a los trabajadores.

“Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. también tendría estrechos vínculos y es la liquidadora del Estudio Grau, abogado de DQM, acreedor que pretende ejecutar a Doe Run Perú a través de un laudo arbitral de cobro de más de US$17 millones emitido por sus amigos árbitros, a todas luces parcializados, logrando convencerlos de que un acreedor comercial cobra antes que un acreedor laboral, algo totalmente inaudito”, continúa.

Por otro lado, los representantes laborales observan un posible incumplimiento de requisitos legales por parte de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., tras detectar que una de sus socias, Lourdes Angela Bernedo Esquivel, figura en registros de riesgo financiero, lo cual inhabilitaría legalmente a la firma para ejercer el cargo de liquidadora.

Los trabajadores insisten en que la designación del liquidador debe recaer en la Junta de Acreedores y no en Indecopi, advirtiendo que la selección por parte de funcionarios a través de la Bolsa de Liquidaciones sólo agravaría los cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.

Frente a la falta de respuesta a sus denuncias, los acreedores laborales evalúan la convocatoria a protestas en la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en caso se confirme la designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C..

“Doe Run Cayman, DQM y Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., a través de AYS S.A.C. en liquidación, son los acreedores que se oponen a la culminación de la liquidación, desconociendo la prevalencia del crédito laboral de primer orden de pago, en un caso en el que no existen activos suficientes para pasar a pagar a los acreedores de tercer, cuarto y quinto orden depreferencia, tal como ha sido reconocido por los mismos acreedores de quinto orden distintos a los tres acreedores que denunciamos”, sentencia la carta.

La disputa gira en torno a un fideicomiso de US$20 millones, que constituye el último gran activo disponible de la firma en liquidación. Estos fondos se encuentran actualmente en custodia de Scotiabank y forman parte de un juicio sobre el destino y la prelación de su distribución. Solucionada la controversia, se cerrará el capítulo de Doe Run en Perú.

El proceso alcanza a un total de 3.542 acreedores laborales, cuya deuda supera los S/151 millones. El grupo de acreedores comerciales está conformado por 140 entidades, entre las que se encuentran Doe Run Cayman, DQM y diversas mineras, con créditos por más de S/55 millones. Además, figuran cuatro AFP que reclaman una deuda previsional mayor a S/2 millones y los acreedores tributarios, representados por la Sunat, cuya deuda tributaria vinculada a EsSalud, ONP y otras entidades asciende a más de S/52 millones.

A mediados de junio pasado, Indecopi rechazó la continuidad de Consultores A-1 como liquidador de Doe Run Perú SRL en liquidación, tras haber desempeñado ese rol desde enero de 2022. La Comisión de Procedimientos Concursales, mediante la Resolución N° 3631-2025/CCO, remitió el caso a la Bolsa de Liquidaciones para seleccionar a una nueva entidad que asuma el proceso de disolución y liquidación de la empresa.

Este giro en el proceso se produce luego de años de votaciones fallidas en la Junta de Acreedores, donde los intereses de grupos comerciales y laborales han impedido la aprobación del convenio propuesto y han restringido la posibilidad de alcanzar una mayoría suficiente para tomar decisiones clave.

Durante años, los representantes laborales de Doe Run Perú han insistido en la convocatoria de una Junta Única, prevista en el artículo 97 de la Ley General del Sistema Concursal, para que sean los propios acreedores quienes decidan el futuro del proceso y eviten la imposición de decisiones desde la administración pública.

Sin embargo, hasta ahora la Comisión ha optado por avanzar con mecanismos que, según los trabajadores, restan autonomía a la Junta de Acreedores y benefician a sectores con mayor poder de voto o vinculaciones directas con exfuncionarios y asesores externos.

La situación genera incertidumbre y malestar entre los más de 3.500 trabajadores afectados y sus familias, quienes desde hace 14 años esperan una solución al proceso concursal y el pago de las obligaciones laborales reconocidas.

Los representantes han señalado que, de persistir el actual escenario, no descartan la convocatoria a nuevas protestas o la adopción de medidas más radicales en la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya, como expresiones de rechazo ante el posible nombramiento de una liquidadora vinculada a los acreedores comerciales.