Alcaldesa de Barranco viajó a Punta Cana con invitación falsa: Contraloría recomienda denunciarla penalmente

Un informe reciente de la Contraloría General de la República expuso una serie de irregularidades en el viaje realizado por la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, a Punta Cana, República Dominicana, en marzo de 2024. El caso involucra uso de un documento falso para solicitar la autorización del viaje, el desembolso de viáticos sin sustento institucional y una rendición de gastos que no coincide con el lugar y la fecha del evento. La Contraloría concluyó que estos hechos constituyen un uso indebido de recursos públicos y recomendó la apertura de procesos penales y administrativos para los responsables.

El caso, revelado por Caretas, se remonta a febrero del año pasado, cuando la Municipalidad aprobó el viaje de Vargas con el argumento de que participaría en un “Curso de Capacitación” y en la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La autorización se basó en una carta de invitación que presentaba logos del BID y de la organización ONWARD Internacional, y que supuestamente estaba firmada por el presidente de ONWARD, Félix González-Polar.

Sin embargo, al ser consultado por la Contraloría y por miembros del Concejo Municipal, González-Polar negó haber enviado esa invitación, haber organizado el evento o haber entregado cualquier tipo de beca o credencial a la alcaldesa Vargas. El BID también confirmó que no incluyó a Vargas como invitada oficial, ya que este evento está reservado a ministros y altos funcionarios financieros. La Contraloría estableció que la carta de invitación usada para justificar el viaje era falsa.

La situación generó mayor gravedad al conocerse que el documento presentado en mesa de partes, el cual avanzó con inusual rapidez, fue por parte de William Ronald Salazar Mateo, un activo militante de Renovación Popular, partido al que pertenece la funcionaria. La solicitud se derivó a varias dependencias municipales en solo unas horas y la asignación de viáticos se gestionó incluso antes de que el Concejo Municipal diera su aprobación formal.

El Acuerdo de Concejo que autorizó el viaje se emitió el 29 de febrero de 2024, junto con la Resolución de Alcaldía que asignó casi 11 mil 500 soles en viáticos. Los procesos de control que debían asegurar la validez del viaje y el buen uso de fondos públicos fallaron en distintos niveles.

La revisión de la rendición de gastos mostró más irregularidades. La alcaldesa Vargas entregó comprobantes de alojamiento y consumo emitidos nueve meses después del evento, en Lima, y a nombre de la empresa Roju Producciones SAC, cuyo giro es la publicidad y que no está vinculada a servicios turísticos ni gastronómicos. Estas facturas representaron más del 70% del total de los gastos justificados.

Además, la rendición se efectuó fuera del plazo legal de quince días, establecido por la ley para este tipo de viajes. Pese a estas inconsistencias, las áreas encargadas de la supervisión y el control dieron su aprobación final.

Otro dato destacado por la Contraloría es que Jessica Vargas no asistió al evento representando a la Municipalidad de Barranco. En los registros oficiales y en las listas del BID aparece como parte de la delegación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), lo que nunca informó al Concejo Municipal ni justificó de manera formal.

Un año después del viaje, ante las observaciones y el avance de la investigación, Vargas devolvió la totalidad de los viáticos al municipio. No obstante, la Contraloría aclaró que esta devolución no corrige ni elimina las responsabilidades administrativas y penales señaladas en su informe.

El Informe de Control Específico N° 006-2025-2-2166-SCE asigna presuntas responsabilidades administrativas y penales a la alcaldesa Jessica Vargas y a otros funcionarios de la Municipalidad de Barranco. Propone que la Procuraduría inicie acciones legales ante la Fiscalía por el presunto uso de documento falso, malversación de fondos y otros posibles delitos. Además, recomienda sanciones administrativas a los funcionarios responsables de otorgar las autorizaciones y validar la rendición de gastos sin los controles debidos.

William Ronald Salazar Mateo es un militante de Renovación Popular que ha ocupado un perfil público en los últimos años por su cercanía con autoridades municipales ligadas a este partido. En las elecciones municipales de 2022, Salazar Mateo postuló sin éxito al cargo de alcalde del distrito de Cieneguilla por Renovación Popular, obteniendo el tercer lugar en la contienda. Su derrota en las urnas no significó su retiro de la actividad política, ni de la esfera municipal.

De acuerdo a Sudaca, tras el ingreso de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, Salazar Mateo fue contratado por la Municipalidad Metropolitana de Lima bajo la figura de órdenes de servicio, recibiendo seis mil soles por trabajos relacionados con la coordinación de proyectos. Ese mismo año, obtuvo nuevos contratos con municipios distritales también liderados por Renovación Popular. Entre octubre y diciembre, facturó dieciocho mil soles a la Municipalidad de La Victoria por diversos servicios y, en 2023, recibió órdenes de la Municipalidad de Lince por un total de veinticinco mil soles para funciones como la coordinación de eventos y el monitoreo de redes sociales. Estas contrataciones se sumaron a ingresos totales de cuarenta y nueve mil soles durante 2023, todas provenientes de municipalidades gobernadas por su partido.

La influencia de la familia Salazar Mateo en la estructura de Renovación Popular no se limita a William. Su hermano, Cristian Salazar Mateo, figura con cargos de relevancia dentro de la Municipalidad de Lima, tales como integrante de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas y como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas.