Miembros del Grupo Terna exigían S/ 10 mil para no sembrar droga y acosaban sexualmente a joven

La investigación sobre el accionar del denominado Grupo Terna, perteneciente al Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú, ha destapado serias denuncias por presunta extorsión, secuestro y acoso sexual. Este caso se suma a una serie de hechos recientes que han puesto en entredicho los métodos de algunos efectivos policiales en Lima.

La noche del allanamiento, seis integrantes del Grupo Terna irrumpieron con violencia en la vivienda de Brenda Santos, ubicada en Lima. Equipados con cizallas, palancas y una comba, forzaron la entrada sin atender la presencia de niños en el inmueble. Según la denuncia, los agentes derribaron la puerta entre gritos y amenazas, además de emitir amenazas de muerte contra los ocupantes.

Brenda Santos contó que uno de los suboficiales la obligó a sentarse junto a su esposo y su hija, mientras otro agente giró las cámaras de videovigilancia con el objetivo de evitar que quedara registro de los hechos. Santos relató que los efectivos le mostraron una fotografía de su esposo junto a marihuana, advirtiendo que, si no entregaban S/ 10 mil, el hombre sería detenido por posesión de drogas y ella, por complicidad.

La joven madre afirmó que solo pudo ofrecer S/ 1.000, cantidad que tenía ahorrada para estudios universitarios. Los policías insistieron y exigieron contactar a un familiar para obtener el monto restante. Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, los agentes ordenaron a Brenda coordinar la entrega con su suegra y acordaron encontrarse en el óvalo Santa Anita para recibir el dinero.

Tras abandonar la vivienda, Brenda fue llevada por la fuerza a una camioneta blanca de uso estatal, donde permaneció retenida durante dos horas. En ese lapso, sufrió hostigamiento y acoso sexual por parte de los efectivos. La joven denunció que los agentes la sometieron a preguntas sobre su intimidad y la incomodaron en reiteradas ocasiones, además de referirse a su ropa interior, que habían visto en el cuarto al revisarlo durante la intervención.

Brenda Santos detalló que, dentro del vehículo, la rodeaban efectivos, mientras dos permanecían adelante. Durante ese trayecto, los comentarios ofensivos continuaron, incrementando su temor. Solo logró reencontrarse con su suegra al llegar al punto de encuentro, donde esta última intentó protegerla del grupo de policías.

Aidé Carhuavilca, suegra de Brenda, relató que los agentes ya la habían vigilado desde que ella abrió un bar años atras en San Luis, al que presuntamente señalaban como fachada para el microtráfico de drogas, hecho que la familia niega enfáticamente. Desde el ataque, Carhuavilca no regresó a su domicilio y vive atemorizada.

La Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis solicitó revisar los videos de seguridad para identificar a los implicados y formalizó la denuncia por presunta comisión de secuestro y extorsión. El informe identificó a los suboficiales David Cardoza Sánchez y Janeth Félix Narváez como presuntos participantes directos.

El general en retiro Carlos Tuse, ex jefe de la Inspectoría de la Policía, señaló a Domingo Al Día que el caso constituye una grave vulneración a los protocolos policiales y evidencia la actuación de una organización delictiva dentro de la institución. Explicó que destituir a efectivos es cada vez más complejo debido a las normas disciplinarias vigentes, lo que según él, contribuye a que hechos así se repitan.

Este caso no es un hecho aislado. Recientemente, se conoció la captura de nueve policías, incluido el ex jefe del Escuadrón Verde, el coronel Walter Palomino, en el marco de la operación “Los Incorregibles de San Juan de Miraflores”. Según la investigación, este grupo sembraba droga y armas a civiles para luego extorsionarlos, exigiendo grandes sumas de dinero a cambio de su libertad.

La serie de denuncias confirma la existencia de graves problemas estructurales dentro de la Policía Nacional, donde el abuso de poder y la extorsión se han vuelto mecanismos frecuentes para algunos integrantes que, bajo el amparo del uniforme, actúan como organizaciones criminales.