MTC responde a Rafael López Aliaga y aclara que aún no impone multa a la MML por la Vía Expresa Sur: “Aquí no realizamos ningún acoso político”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que el procedimiento iniciado contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por las obras de la Vía Expresa Sur no constituye una sanción inmediata, sino el inicio de un proceso administrativo sancionador. La aclaración llega tras las declaraciones del alcalde Rafael López Aliaga, quien afirmó que la medida era parte de un “acoso político” en su contra.

Según el MTC, la acción se origina por la falta de una certificación ambiental vigente para la ejecución del proyecto. La última certificación de la comuna limeña, emitida en 2015, venció en 2020 y no ha sido renovada. Las autoridades recordaron que cualquier obra con impacto ambiental requiere un instrumento ambiental aprobado antes de iniciar los trabajos.

“En el caso de la evaluación y fiscalización ambiental, cualquier proyecto de inversión pública o privada sujeto al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental requiere disponer de una certificación ambiental previamente aprobada. En ese contexto, el Ministerio de Transportes tiene la función de supervisión y fiscalización ambiental de las obligaciones ambientales”, explicó la directora general de Asuntos Ambientales del MTC, Milagros Verástegui.

La funcionaria detalló que en octubre de 2024, tras una denuncia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por posibles afectaciones a áreas verdes y otros aspectos constructivos, se comunicó formalmente a la Municipalidad que su certificación había caducado. En marzo de este año, una inspección técnica confirmó el hallazgo, lo que motivó la notificación del inicio del procedimiento.

El jefe de Gabinete de Asesores del MTC, Alberto Rojas Cortegana, señaló que la medida busca garantizar la protección ambiental y la salud pública. “En 2024 se le comunicó a la Municipalidad Metropolitana de Lima que, al tener su instrumento ambiental vencido, requería presentar uno nuevo. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado y se ha iniciado el procedimiento correspondiente, que seguirá su curso conforme a la normativa vigente”, indicó.

El viceministro de Transportes, Ismael Sutta, negó que la medida tenga motivaciones políticas. “Rechazamos cualquier manifestación de acoso político por parte del MTC. No es el objetivo. Este es un procedimiento que nace con comunicaciones en octubre del año pasado y verificaciones en marzo de este año”, señaló.

Rojas Cortegana reforzó esta posición y afirmó que el MTC actúa bajo criterios técnicos. “Aquí no realizamos ningún acoso político. Todos los ciudadanos debemos respetar lo que el marco jurídico indica. La normativa exige la presentación de un instrumento ambiental y, en este caso, el proyecto no lo tiene. Se inició un procedimiento administrativo sancionador, se harán los descargos y se decidirá lo que corresponda”, manifestó.

Las autoridades recalcaron que este tipo de requisitos no son exclusivos para obras de transporte, sino que se aplican también en sectores como minería o electricidad, donde los impactos ambientales son significativos. El objetivo principal, enfatizaron, es proteger la seguridad y salud de la población.

No. El MTC precisó que no se trata de una multa inmediata, sino de la apertura de un proceso que, tras diversas etapas, determinará si corresponde aplicar una sanción. Durante este tiempo, las obras podrán continuar, siempre que la Municipalidad cumpla con subsanar las observaciones.

“Lo que estamos haciendo son procedimientos administrativos en base al cumplimiento de la normatividad en materia de gestión ambiental. Básicamente este es un procedimiento que, como acaban de manifestarnos, todavía nace a partir con comunicaciones en el mes de octubre del año pasado y con verificaciones que se hace en el mes de marzo de este año”, afirmó Verastegui.

Las autoridades indicaron que la comuna limeña tiene la oportunidad de regularizar la certificación ambiental durante el proceso, lo que podría evitar sanciones posteriores.

Consultada sobre la cifra mencionada por la Municipalidad, Verástegui respondió: “Se ha comunicado el inicio del procedimiento. El resultado final dependerá de lo que se establezca en la Ley General del Ambiente, no es un monto que imponga el MTC”.

La funcionaria señaló que, conforme al Decreto Supremo vigente, la Municipalidad cuenta con un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos y atender la observación sobre la certificación ambiental. De no hacerlo, el procedimiento seguirá hasta que la autoridad competente determine la sanción correspondiente.

El MTC reiteró que la medida responde estrictamente al cumplimiento de la ley y a la protección de los recursos ambientales y la salud de los ciudadanos, descartando cualquier motivación política en el proceso.