La libertad de expresión en el Perú atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, según evidencia el más reciente informe del Consejo de la Prensa Peruana correspondiente a julio de 2025. Hostigamientos judiciales, ataques verbales desde el poder político, denuncias por difamación y proyectos legislativos que endurecen penas contra periodistas configuran un entorno cada vez más desafiante para el ejercicio del periodismo en el país.
Los casos documentados no solo revelan la persistencia de agresiones directas, sino también la existencia de estrategias institucionales y normativas destinadas a intimidar, silenciar e impedir la labor de los reporteros, particularmente aquellos dedicados a la cobertura de temas polémicos, investigación sobre corrupción o vigilancia del poder.
Entre los casos destacados se encuentra el Juan José Santiváñez, actual asesor presidencial y exministro del Interior, quien presentó una denuncia contra los periodistas de Latina Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez, acusándolos del delito de reglaje. La acción se produjo tras la difusión de un reportaje del canal en el que se mostraba a Santiváñez afuera de su vivienda, con vehículos del Estado estacionados en el lugar, y se informaba sobre reuniones que mantuvo con altos funcionarios, como ministros y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, lo que habría superado sus funciones establecidas. A raíz de la denuncia, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla inició una investigación preliminar por presuntos delitos contra la tranquilidad y la paz pública bajo la modalidad de reglaje.
También resalta el caso de la fiscal Marita Barreto. El fiscal Robinson Ramírez, de una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, abrió investigación contra los periodistas de Willax—Carlos Paredes, Augusto Thorndike, Marycielo del Castillo y Milagros Leiva—por acoso, violación de domicilio y “banda criminal”, todo ello tras coberturas críticas al accionar de Barreto, quien había iniciado previamente una denuncia. El informe alerta que denuncias de este tipo están siendo utilizadas para equiparar la labor de periodismo con actividades delictivas.
El caso de La República ilustra otra modalidad de hostigamiento. La Municipalidad de Lima, usando sus propios canales, acusó al diario de causar daños a un tren Lima-Chosica tras difundir un reportaje sobre el deterioro de estas unidades. A raíz de los comunicados, la periodista Grecia Infante fue amenazada de muerte y su familia, abordada por sujetos extraños exigiendo que deje de informar; simpatizantes del alcalde Rafael López Aliaga también realizaron pintas e insultos en la sede del medio.
En Huaraz, Gudy Gálvez Tafur, directora de Huaraz Noticias, ha recibido amenazas de muerte tras informar sobre presuntos actos de corrupción en obras locales. Un mensaje textual intimidante y dirigido directamente a su persona evidencia el tipo de peligro que enfrentan periodistas fuera de la capital.
Gobierno restringe acceso a la información
Palacio de Gobierno también ha restringido el acceso a información pública. Se negó a entregar a “Punto Final” (Latina) el detalle de los gastos de alimentación de la presidenta Dina Boluarte y su familia, argumentando que hacerlo podría poner en riesgo la seguridad de la mandataria ante posibles atentados.
En otro plano, la llamada “Ley Mordaza” vuelve a escena. La Comisión Permanente del Congreso debatió ampliar penas de cárcel y los alcances de la difamación, incluso agregar la violación a la intimidad y reducir el plazo de rectificación a un día. El proyecto ya fue aprobado en primera votación y, de prosperar, implicaría una nueva amenaza al periodismo independiente al exigir a los medios rectificar tres días consecutivos y abrirse a sanciones más exigentes.
La judicialización de la libre opinión continuó con el caso de Marco Sifuentes, periodista de “La Encerrona”, denunciado por difamación agravada por la congresista Patricia Chirinos. Aunque el Poder Judicial declaró improcedente la querella por ampararse en la libertad de expresión, Chirinos apeló el fallo.
La violencia física también se evidenció este mes, con agresiones a los fotógrafos Juan Zapata (de Wayka) y Juan Mandamiento por parte de policías durante la cobertura de protestas, y ataques a periodistas de Panorama cuando buscaban información relacionada a contrataciones estatales en La Libertad.
CIDH
Se destaca, además, la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en una reciente resolución establece que el Estado peruano debe garantizar que los representantes legales de las víctimas puedan ejercer su labor sin obstáculos en tribunales internacionales—aunque la vigencia de la nueva ley APCI pone ese derecho bajo seria amenaza.
La posición institucional del Consejo de la Prensa Peruana frente a este panorama es tajante: el hostigamiento judicial o administrativo contra quienes ejercen el periodismo se ha convertido en una tendencia preocupante. Equiparar la cobertura informativa con delitos como reglaje o “banda criminal”, así como aprovechar leyes de protección de género para silenciar voces críticas, son prácticas que buscan intimidar y limitar la fiscalización ciudadana.
Las amenazas de muerte recibidas por periodistas como Grecia Infante y Gudy Gálvez, en un contexto donde este año ya han sido asesinados comunicadores y baleadas viviendas de otros, exigen máxima prioridad y protección del Estado. El Consejo denuncia las actitudes agresivas de funcionarios, como la Municipalidad de Lima, y los intentos parlamentarios por restringir la crítica.
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