Luego de su paso por la presidencia de la Comisión de Presupuesto, la congresista Lady Camones vuelve a asumir la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. Así lo anunció su colega, el congresista Eduardo Salhuana.
Con esta decisión, Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, retoma el control del grupo parlamentario encargado de investigar y calificar las denuncias constitucionales presentadas contra altos funcionarios del Estado.
La función principal de esta subcomisión es determinar si una denuncia es admisible y procedente. De ser así, se encarga de realizar una investigación exhaustiva del caso. Después, se elabora un informe final antes de que la decisión sea evaluada por el pleno.
Camones no es ajena a esta responsabilidad. Ya presidió la SAC en una etapa anterior, durante la cual se aprobó el informe final que recomendó la destitución e inhabilitación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez e Inés Tello.
Lady Camones es una de las parlamentarias más representativas del partido de Acuña. Ella fue elegida presidenta del Congreso en 2022. Sin embargo, su gestión terminó abruptamente luego que se filtrara un audio de César Acuña exigiendo aprobar un proyecto para beneficiar su gestión como gobernador regional.
Cuestionamientos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
En la última legislatura, la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) estuvo a cargo de María Acuña, hermana de César Acuña. La parlamentaria tuvo que sustentar ante el Pleno la denuncia que proponía la inhabilitación de Francisco Sagasti, Salvador del Solar y Martín Vizcarra por el cierre del Congreso en 2019.
Con la SAC nuevamente bajo la dirección de Alianza para el Progreso (APP), surge la interrogante de si esta coalición parlamentaria continuará utilizando el grupo de trabajo como un mecanismo para limitar la participación de opositores políticos.
Cabe señalar que, en la legislatura anterior, la SAC archivó —sin debate— cuatro denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. Tres de ellas estaban relacionadas con las muertes ocurridas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, mientras que la cuarta la acusaba de una presunta usurpación de funciones que correspondían al expresidente Pedro Castillo.
La congresista Ruth Luque advirtió que no sería la primera vez que la SAC protege a Dina Boluarte. Según señaló, la Subcomisión ni siquiera informó sobre el ingreso de las denuncias que ella presentó contra la mandataria y varios de sus ministros.
“Varias de ellas tienen entre uno a dos años de espera. ¿Es Alianza para el Progreso la bancada oficialista de Dina?”, cuestionó la legisladora.
Fiscal de la Nación también cuestiona trabajo de la SAC
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó con firmeza la reciente decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de archivar, sin debate previo, una denuncia constitucional contra la exfiscal Patricia Benavides. El hecho ocurrió el pasado 25 de julio, pocos días antes de una audiencia clave en el Poder Judicial, y fue calificado por Espinoza como una medida “inusitada e inexplicable”.
Durante una conferencia de prensa, la titular del Ministerio Público advirtió que el informe que recomendaba continuar con el trámite de la denuncia fue rechazado con siete votos en contra y sin discusión alguna. “Cinco de los congresistas que votaron por el archivamiento tienen denuncias fiscales en trámite, lo que da qué pensar”, declaró Espinoza, sugiriendo un posible conflicto de interés en la decisión parlamentaria.
La fiscal también precisó que esta no era la denuncia presentada a inicios de 2024, sino una más reciente. Por ello, lamentó la rapidez con la que se dio por cerrado el caso, pese a su relevancia institucional.
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