Funcionarios de La Libertad deben explicar contratos por más de S/300 millones adjudicados a empresas sin experiencia

Cuatro funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad deberán presentarse este martes 5 de agosto ante el Consejo Regional para sustentar públicamente los cuestionados procesos de licitación del nuevo Hospital de Virú y el corredor vial Norte Trujillo–Huanchaco. Ambos proyectos, que superan en conjunto los S/315 millones, fueron adjudicados a consorcios sin aparente trayectoria técnica acreditada, lo que ha desatado una ola de cuestionamientos ciudadanos, políticos y legales.

Han sido citados el gerente general Martín Namay Valderrama; el gerente regional adjunto, Luis Rogger Ruiz Díaz; el gerente de Infraestructura, Jorge Luis Bringas Maldonado; y la gerente de Contrataciones, Dioselinda Elena Polo de Tirado.

La presidenta del Consejo Regional, Lorena Carranza Blas, señaló que el Consejo Regional no accede de forma automática a los documentos sobre estos procesos de contratación. Por ello, indicó que tanto las comisiones como algunos consejeros ya han requerido formalmente la entrega de información, a raíz de las denuncias difundidas en medios de comunicación.

La sesión fue convocada como parte de un ejercicio de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Estará centrada en las dos obras que han sido blanco de reportajes tras evidenciar la falta de experiencia de la empresa a cargo, LC & EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C., fundada en 2023 por Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin historial en obras públicas similares.

Además del equipo de Infraestructura y Contrataciones, también se ha solicitado la presencia del gerente de Imagen Institucional. Según reveló Carranza, un funcionario ingresó recientemente a los ambientes del Consejo sin solicitud formal ni comunicación previa con la Presidencia, como exigen los protocolos.

“Hasta ahora no ha llegado ningún documento a mi oficina. Es importante que se aclare con quién se reunió y por qué se anunció como una visita al Consejo cuando no hay atención al público en ese espacio”, indicó Carranza.

Esta acción ha generado incomodidad dentro del Consejo, que exige explicaciones sobre lo ocurrido. “Los funcionarios tienen que venir, dar la cara y explicar con claridad lo que ha pasado. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se están manejando estos contratos millonarios”, remarcó la presidenta del Consejo.

Paralelamente a estas investigaciones, se planteó citar a Lucero Nicole Coca Condori ante en el Consejo Regional para explicar cómo su empresa obtuvo las licitaciones. Sin embargo, al cierre de esta nota, ella no ha sido incluida en la junta.

El contrato para el hospital de Virú fue firmado el pasado 8 de julio por el propio gobernador César Acuña, el mismo día en que colocó la primera piedra del proyecto junto al ministro de Salud. Días después, un reportaje de Cuarto Poder reveló que el consorcio ganador estaba conformado por empresas sin experiencia comprobada en infraestructura sanitaria, incluyendo a un ingeniero inhabilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

La polémica creció al conocerse que se permitió al consorcio ajustar su propuesta económica y subsanar errores durante el proceso, situación que no fue permitida a otros postores. En paralelo, la joven Lucero Coca también obtuvo, con la misma empresa, la licitación del corredor vial Norte. En total, su firma ha acumulado contratos por S/522 millones en La Libertad, Loreto y Junín, según Epicentro TV.

El Consejo ha recibido solicitudes para citarla en una próxima sesión plenaria, impulsadas por los consejeros Robert de la Cruz, Frank Solórzano y María Visitación Méndez. “No se puede hablar de transparencia si no hay explicaciones”, expresó De la Cruz.

César Acuña se encuentra nuevamente de vacaciones y no participará en la sesión. Sus voceros han adelantado que ofrecerá una conferencia de prensa la próxima semana para referirse a estos temas.

En declaraciones anteriores, ha señalado que el Gobierno Regional mantiene reuniones periódicas con las empresas encargadas de obras públicas para garantizar avances. Sin embargo, los cuestionamientos persisten y las investigaciones ya están en curso en la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.