Dina Boluarte no solo evidencia algunos cambios físicos desde que asumió la Presidencia, también ideológicos. Uno de los más significativos tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la misma a la que hoy reprocha su intervención respecto a procesos legislativos y, en el pasado, recurrió para pedirle que intervenga ante una denuncia constitucional vinculada al caso “Club Apurímac”, la cual fue presentada en el Congreso de la República y podía culminar con su inhabilitación.
En una reciente ceremonia de graduación de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, la jefa de Estado cuestionó fuertemente al organismo supranacional por pronunciarse en contra de la Ley de Amnistía para militares y policías. Aseguró que “no permitirá” su intervención.
“Ustedes saben bien que vivimos en un país democrático y luchamos unidos todos para conseguirlo. Desde aquel 7 de diciembre del año 2022 y el mandato de un país democrático se ejerce de acuerdo a la Constitución, a las leyes. En ese diálogo fraterno de hermanas, de hermanos. Porque toda la Policía Nacional son hijos del pueblo. Y en un país democrático hay que atender las necesidades del pueblo. No podemos caminar de espaldas a él”, inició Boluarte.
“El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, aseveró.
Ello, pese a que en 2022, ocupando la vicepresidencia y encabezando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Boluarte recurrió activamente al sistema interamericano para frenar una posible inhabilitación que impulsaba el Congreso en su contra. Entonces, Boluarte señalaba a la Corte como instancia de “jurisdicción independiente” y pedía medidas para evitar que el Congreso determinara la inhabilitación política sin el debido proceso.
Ante el inminente proceso de acusación constitucional —que podía dejarla fuera de la función pública por una década—, fue su abogado, Alberto Otárola, quien presentó una denuncia y una solicitud de medidas cautelares ante la Corte IDH. Se argumentó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no le estaba garantizando a Boluarte el debido proceso en la investigación sobre su supuesta gestión paralela para el Club Departamental Apurímac, contraviniendo el artículo 126 de la Constitución.
El entorno legal de Boluarte insistió a la Corte sobre una presunta vulneración a derechos fundamentales como la defensa, el debido proceso legal y la legalidad. El pedido buscaba suspender el procedimiento parlamentario hasta que se revisaran estas garantías procesales. En ese contexto, la posición de Boluarte, entonces vicepresidenta, apostaba por la vigilancia y la decisión supranacional. Otárola llegó a afirmar que la Corte IDH debía asegurar la estabilidad democrática y el respeto al voto ciudadano, defendiendo que sus decisiones eran vinculantes y que el Congreso tendría que acatar todos los estándares internacionales.
¿Qué dijo el Ejecutivo sobre la contradicción de Dina Boluarte?
En una entrevista con RPP, el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, fue consultado sobre la doble versión de Dina Boluarte. Sin embargo, se concentró en rechazar las acusaciones del caso Club Apurímac y evitó referirse a la contradicción.
“¿Que la señora Boluarte, más que nadie, había querido utilizar la Corte IDH plantea algunas dudas, no le parece? Bueno, yo rechazo de manera muy categórica el hecho de que hubiera malos manejos en el Club Apurímac. En su momento eso se resolvió de manera contundente, muy clara, y eso también fue zanjado por el por el Congreso de la República. Entonces, eso quedó, digamos, ya en nada", expresó.
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