Otra vez de vacaciones: César Acuña nuevamente pidió días libres y ya suma más de 145 días fuera del cargo de Gobernador regional

César Acuña vuelve a estar en el centro del debate por su prolongada y constante ausencia al frente del Gobierno Regional de La Libertad. Este 29 de julio, un día después de Fiestas Patrias, el también líder de Alianza para el Progreso dejó nuevamente su cargo para tomarse vacaciones hasta el 9 de agosto. Con este nuevo periodo, ya suma cerca de 145 días fuera de funciones desde que asumió como gobernador en 2023.

La situación genera preocupación entre los ciudadanos liberteños, especialmente porque La Libertad se mantiene como una de las tres regiones más afectadas por delitos de extorsión y violencia criminal en el país.

En los últimos días, la liberación de alias “John Pulpo”, cabecilla de “Los Pulpos”, ha encendido nuevas alertas. En ese contexto, la decisión de Acuña de tomarse vacaciones vuelve a despertar críticas por su desconexión frente a la crisis.

Según reportes oficiales, los 145 días de inasistencia de César Acuña se deben a vacaciones, licencias y otras ausencias solicitadas por motivos diversos. Si bien esta vez no se ha registrado un viaje fuera del país, como en ocasiones anteriores, la constante ausencia del líder regional pone en duda su compromiso con los problemas más urgentes de La Libertad. Solo en lo que va del 2025, el gobernador ha acumulado ausencias que representan cerca del 30% del tiempo total de gestión desde que asumió funciones.

A finales de mayo, ya había solicitado otra licencia, y anteriormente ha salido por viajes protocolares y motivos personales. Las reiteradas ausencias de Acuña han coincidido con momentos clave para la gestión regional: desde la continuidad de proyectos públicos hasta situaciones de emergencia por seguridad ciudadana, infraestructura o programas sociales. En muchas de esas etapas, el Gobierno Regional de La Libertad operó sin su principal autoridad presente.

El 30 de julio, un día después del inicio de su nuevo descanso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios acudió a la sede del gobierno regional para recabar documentos relacionados a licitaciones que superan los S/300 millones. La diligencia, encabezada por el fiscal Víctor Bazán, se relaciona con denuncias sobre presuntas irregularidades en la selección y adjudicación de contratos durante la gestión de Acuña.

Durante su gestión, Acuña ha sido visto frecuentemente en entrevistas con influencers, viajes personales y apariciones mediáticas alejadas de la problemática regional. En una reciente participación en el canal de un youtuber, comentó abiertamente sobre su recurrente asistencia a la Champions League. “Te vas a la Champions? Yo voy a todas las finales”, afirmó entre risas.

En la misma entrevista, confesó tener más de 100 perfumes de distintas marcas: “Es mi hobby”, señaló con naturalidad. Estas declaraciones no han pasado desapercibidas en redes, donde usuarios critican lo que consideran una desconexión total con las urgencias de su región.

La imagen que deja César Acuña con esta nueva ausencia refuerza la percepción de una autoridad que ejerce el poder con ligereza y sin asumir plenamente las responsabilidades de su cargo. En regiones como La Libertad, donde se concentra una importante cuota del problema delictivo nacional, la inacción institucional puede tener costos muy altos.

El caso de César Acuña no es aislado. Representa a una clase política cuya desconexión con las demandas ciudadanas ha generado un amplio rechazo y desconfianza en las instituciones. Según el antropólogo Alex Huerta Mercado, “el Perú no se caracteriza por estar sometido a la autoridad, sino por estar en contra de ella”. Esta desafección hacia quienes ejercen el poder —sostiene— tiene raíces históricas y se ha agravado con el tiempo.

Para la analista política Maite Vizcarra, lo que ocurre hoy en el país es un “vaciamiento del sentido simbólico de lo que implica ser una autoridad formal”. Este fenómeno, explica, ha erosionado la legitimidad del poder y ha contribuido a la percepción de que las autoridades están más preocupadas por su beneficio personal que por el bienestar colectivo.