Un terremoto y tsunami como los de Rusia en Perú sacudirían la economía con más de US$17.700 millones: los sectores que se ‘hundirían’ primero

El reciente terremoto de magnitud 8,7 en la península de Kamchatka, Rusia, que activó una alerta de tsunami para toda la cuenca del Pacífico, ha puesto en primer plano la pregunta sobre el impacto económico que tendría un desastre de este tipo en el Perú, luego de que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PWTC) incluyera al país andino en su pronóstico de colición.

Las autoridades nacionales, como Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI y la Marina de Guerra, informaron que las primeras olas podrían llegar a partir de las 10:09 horas del miércoles 30 de julio. Este contexto reactualiza los análisis sobre las consecuencias económicas de un terremoto y tsunami de gran magnitud en el país.

Aunque no existen cifras actualizadas, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citado en 2017 por Andina, afirmaba que, si Perú sufriera un terremoto de magnitud 8,5 y un tsunami -similar al de Rusia-, las pérdidas económicas podrían alcanzar 17.730 millones de dólares, por lo que podríamos usar esta cifra como base para un escenario de riesgo 8 años después.

Esta estimación, recogida en el informe “Indicadores de Riesgo de Desastres y Gestión de Riesgos”, se fundamenta en la densidad poblacional y la concentración de infraestructura, especialmente en Lima. El informe detalla que al menos 500 millones de dólares corresponderían a daños en infraestructura pública, mientras que el resto afectaría a la infraestructura privada, reflejando el crecimiento inmobiliario acelerado en los últimos años.

Pero no se deben contabilizar las pérdidas solo en lo material. De lo que sí se tiene certeza en pleno 2025 es que Lima podría enfrentar la devastación para más de 505.000 personas vulnerables ante un tsunami, según el último escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Esta cifra, que corresponde solo a los distritos de la capital con nivel de riesgo muy alto, ilustra la magnitud del desafío que supondría para el país un evento sísmico y oceánico de gran escala.

El análisis de Cenepred, publicado en el mes de mayo pasado, identifica que, de los 1.891 distritos del país, 182 presentan riesgo muy alto ante sismos, con Lima encabezando la lista con 56 distritos.

En cuanto al riesgo asociado a tsunamis, 14 distritos se encuentran en nivel muy alto, de los cuales 9 pertenecen a Lima, con una población vulnerable de 505.523 personas. Además, 41 distritos están clasificados en riesgo alto, sumando 414.074 personas expuestas, de las cuales 177.065 residen en Lima.

La evidencia histórica refuerza la gravedad de estos escenarios. El terremoto de Pisco en 2007, de magnitud 7,9, provocó pérdidas por 2.700 millones de dólares, equivalentes al 2,8% del PBI de ese año, y requirió cinco años de reconstrucción.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recogida por Perú21, los terremotos han costado al país un promedio de 500 millones de dólares anuales en las últimas cinco décadas.

La infraestructura suele absorber el 40% de las pérdidas, con puentes, carreteras, redes de servicios básicos, escuelas y hospitales inutilizados. La vivienda representa el 30%, seguida del sector productivo (20%) y los servicios como educación, salud y telecomunicaciones (10%).

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), citado por la agencia Andina, ya ha alertado sobre la alta vulnerabilidad sísmica de la capital debido a la naturaleza de sus suelos, especialmente en zonas que van desde Ventanilla hasta Lurín. Barrios como el Rímac y el Cercado, tanto de Lima como del Callao, presentan riesgos adicionales por la antigüedad de sus edificaciones.

En distritos como San Juan de Lurigancho, la amenaza se agrava por la proliferación de construcciones que no cumplen con la normativa vigente. El IGP también señala que distritos alejados del mar, como San Juan de Miraflores, La Molina, Ate, Comas, Puente Piedra, Carabayllo, Independencia y Rímac, enfrentan vulnerabilidad por la presencia de taludes inestables.

De cualquier forma, las proyecciones para las próximas décadas, recogidas en un informe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN de 2020, ya anticipaban un aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos en Perú y América Latina para 2030 y 2050.

Por tal motivo, el incremento de la temperatura y la exposición a desastres amenazan especialmente los medios de vida de las comunidades más pobres, lo que gatillará, según CEPLAN, la vulnerabilidad económica y social ante fenómenos como terremotos y tsunamis.