Dina Boluarte planeaba usar su mensaje a la Nación para atacar a la Fiscalía: “Tomada por intereses subalternos”

La presidenta Dina Boluarte tenía planeado utilizar su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias para atacar a la Fiscalía de la Nación, pese a que en ninguna parte de su discurso llegó a mencionar a esta institución.

Transcurridas cuatro horas desde que inició su discurso, la mandataria optó por omitir más de 10 páginas del documento original. Dentro del contenido que no leyó, Boluarte Zegarra iba a decir puede “dejar de referirme a la justicia en el Perú”.

“Hemos visto con estupor como una institución fundamental del estado constitucional, viene siendo tomada por intereses subalternos ajenos al interés nacional. Compartimos el deseo de muchos peruanos de contar con un sistema de justicia que garantice la defensa de la legalidad de manera objetiva, oportuna, independiente, autónoma e imparcial”, se lee en el texto del mensaje a la Nación difundido que se difundió a la prensa y a los congresistas.

Aunque no se mencionó implícitamente al Ministerio Público, este mensaje coincide con la postura que ha adoptado la mandataria, así como diferentes miembros del Ejecutivo, desde que se iniciaron investigaciones en su contra por la presunta comisión de delitos.

“Tenemos el deber de rechazar la politización del sistema judicial”, iba a decir Dina Boluarte en su extenso discurso.

Si bien la presidenta Dina Boluarte, sí mencionó la reforma del sistema de justicia como un compromiso de su Gobierno, lo cierto es que no profundizó en ello.

“Trabajamos con fuerza para lograr los consensos necesarios con los demás poderes del estado que nos permita implementar una reforma del sistema de justicia estructural que facilite el acceso real a la justicia y consolidar una sociedad democrática, justa y pacífica para el desarrollo integral de las personas en un ambiente armónico”, dijo Boluarte.

Luego, mencionó las campañas informativas que ha impulsado el Ministerio de Justicia y asegurar que se implementarán proyectos de inversión para incrementar y mejorar los establecimientos penitenciarios.

La presidenta Dina Boluarte proyecta la construcción de dos ‘megapenales’ en Huacho y Quiruvilca, cuyas dimensiones superan ampliamente cualquier antecedente carcelario en el país. El anuncio, realizado en su mensaje a la Nación, marca el inicio de una etapa de expansión sin precedentes en la infraestructura penitenciaria nacional, con la promesa de cinco nuevos centros entre 2027 y 2029.

El plan presentado por Boluarte contempla la inauguración, en el corto plazo, del penal de Abancay, previsto para el próximo año y con una capacidad de 785 unidades de albergue. Esta obra busca aliviar el hacinamiento que afecta a las cárceles peruanas, aunque representa solo el primer paso de una estrategia más amplia.

Según detalló la mandataria en su discurso, la construcción de tres nuevos establecimientos penitenciarios en distintas regiones del país comenzará próximamente, con fechas de finalización estimadas entre 2027 y 2029. Las regiones seleccionadas para estos proyectos son Lima, La Libertad, Pucallpa, Arequipa y Cusco.

El anuncio de los dos ‘megapenales’ introduce una escala inédita en la política penitenciaria peruana. El centro de Huacho tendrá capacidad para 16 mil internos, mientras que el de Quiruvilca podrá albergar a 10 mil reclusos. Ambas cifras superan hasta cinco veces la capacidad del ‘megapenal’ de Ica, cuya historia ilustra los desafíos de la infraestructura carcelaria en el país.

Este último, concebido como el mayor establecimiento penitenciario de Perú, fue diseñado para más de 3.200 reclusos distribuidos en 944 celdas. La iniciativa, considerada viable en 2013, inició su construcción en 2018 y debía concluir en 2020, pero permanece abandonada y sin perspectivas públicas de reactivación.

En su intervención, Boluarte evitó cualquier referencia al proyecto paralizado de Ica. No mencionó planes para su inauguración ni para retomar las obras, a pesar de que el abandono de este penal representa un antecedente relevante para la viabilidad de los nuevos proyectos.

Si se cumplen los plazos anunciados, la construcción y eventual inauguración de estos centros ocurrirá después de la gestión de Boluarte, lo que implica que la concreción de las obras dependerá de futuras administraciones.