Fiscalía recupera los restos de cuatro desaparecidos del conflicto armado en Pisco y Yauyos

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete realizó diligencias de exhumación en las regiones de Ica y Lima, que permitieron recuperar los restos de cuatro personas víctimas de desaparición forzada durante el periodo de violencia interna en el Perú (1980-2000).

La primera intervención se efectuó en el distrito de Huancano, provincia de Pisco, donde se hallaron dos cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Los restos corresponden a personas de sexo masculino. Junto a ellos, también se encontraron prendas de vestir y calzado que formarían parte del proceso de análisis e identificación.

Según informó el Ministerio Público, los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) de Pisco, donde el Equipo Forense Especializado procederá con los exámenes antropológicos, odontológicos y de ADN para establecer la identidad de las víctimas.

Una segunda diligencia se realizó en la localidad de Langayo, en el distrito de Laraos, provincia de Yauyos (Lima), donde también se ubicaron restos humanos pertenecientes a otras dos personas. En este caso, las acciones fueron lideradas por el Equipo Forense Especializado del distrito fiscal de Cañete, con el apoyo de personal técnico y legal del Ministerio Público.

Los restos recuperados fueron debidamente embalados y trasladados para su análisis forense. El objetivo de este procedimiento es lograr su identificación e iniciar el proceso de entrega a sus familiares, en cumplimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Ambas diligencias se realizaron en el marco de la Ley N.° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000, norma que establece la obligación del Estado de desarrollar acciones humanitarias que permitan localizar, recuperar, identificar y restituir a sus seres queridos a las familias de personas desaparecidas en dicho contexto.

El Ministerio Público destacó que estas acciones forman parte de un proceso integral de reparación y memoria para las víctimas y sus familiares. En cada intervención, se garantizó el acompañamiento psicosocial y el respeto a los derechos culturales y espirituales de las comunidades involucradas.

Durante las diligencias, familiares de los desaparecidos acompañaron el proceso, en coordinación con las fiscalías y equipos forenses. La participación activa de los deudos se considera una parte fundamental del proceso, tanto en el aporte de información sobre la ubicación de las fosas como en el seguimiento del procedimiento de exhumación y análisis.

Según los fiscales a cargo, la presencia de los familiares fortalece el proceso de justicia transicional, en tanto permite dar respuesta a una deuda pendiente del Estado con quienes han buscado durante décadas a sus seres queridos sin respuesta oficial.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, en el Perú se registran más de 21,000 personas reportadas como desaparecidas durante el periodo de violencia política que afectó al país entre 1980 y el año 2000.

Las principales regiones afectadas fueron Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Lima provincias, y otras zonas del país donde se desarrollaron acciones armadas por parte de grupos subversivos y enfrentamientos con fuerzas del orden.

Las acciones de búsqueda de desaparecidos son ejecutadas por distintas entidades estatales, incluyendo el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, en coordinación con organizaciones de familiares de víctimas y comunidades locales.

El Ministerio Público reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, y con el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.