Despacho presidencial busca agencia para viajes a Asia, Europa y América a menos de un año del cambio de gobierno

A menos de un año de culminar su mandato, el gobierno de Dina Boluarte inició un proceso de selección para contratar una agencia de viajes encargada de proveer boletos aéreos nacionales e internacionales para el personal del Despacho Presidencial. La convocatoria fue publicada el viernes 18 de julio de 2025, según revelaron IDL Radio y Canal N.

El contrato tendrá una vigencia de 730 días, por lo que cubrirá no solo el último tramo del actual gobierno, sino también parte del siguiente periodo presidencial. Esta duración ha generado observaciones, debido a que compromete recursos públicos más allá del mandato constitucional vigente.

En los documentos de la convocatoria se detalla que el objetivo es facilitar el cumplimiento de funciones y compromisos institucionales por parte de los funcionarios y servidores de Palacio de Gobierno, tanto dentro como fuera del país.

Entre los requerimientos del proceso, se contempla la compra de 57 boletos internacionales con destino a ocho países ubicados en tres continentes: Brasil y Estados Unidos en América; Francia, Italia, Suiza y Holanda en Europa; y Japón y China en Asia. La lista no es cerrada, ya que el documento indica que podrían solicitarse pasajes a otros destinos no especificados, en función de las necesidades del Despacho Presidencial.

No se ha precisado qué funcionarios usarán estos pasajes ni con qué propósito, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y los criterios de asignación.

El contrato también incluye la provisión de 2,718 boletos aéreos para viajes dentro del territorio peruano. Las rutas cubrirán 12 regiones del país, y el destino con mayor cantidad de vuelos programados es Cusco, con 533 pasajes solicitados.

Este dato ha sido objeto de atención, ya que Cusco colinda con Apurímac, región natal de la presidenta Dina Boluarte, lo cual ha llevado a observadores a plantear interrogantes sobre una posible priorización de zonas con vínculos personales o políticos.

Aunque el proceso aún no ha concluido, se prevé que la adjudicación del contrato se realice a fines de agosto de 2025. En los documentos publicados no se consigna un monto estimado para esta contratación. Sin embargo, el contrato previo firmado por el mismo Despacho Presidencial en junio de 2024 ascendió a más de 1 millón 700 mil soles.

La falta de información sobre el costo proyectado ha sido señalada como un punto crítico en la evaluación del proceso, particularmente en un contexto de alta sensibilidad por el uso de fondos públicos.

Especialistas en administración pública han señalado que los viajes oficiales forman parte de las funciones de gobierno, pero que su ejecución debe sustentarse con criterios de oportunidad, necesidad y eficiencia. En este caso, la magnitud de los pasajes solicitados y la falta de detalle sobre los objetivos institucionales de los desplazamientos han generado preocupación.

Organizaciones de la sociedad civil han insistido en la importancia de implementar mecanismos de fiscalización ciudadana y de publicar reportes de rendición de cuentas sobre el uso de recursos en actividades oficiales.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido declaraciones sobre el proceso de contratación ni ha detallado los motivos específicos que justificarían los viajes programados. Tampoco se ha informado si estas gestiones están relacionadas con participación en foros internacionales, seguimiento de convenios, visitas diplomáticas o supervisión de obras públicas.

Este proceso de contratación se produce en medio de un escenario político complejo. La presidenta Dina Boluarte enfrenta investigaciones fiscales pendientes y mantiene bajos niveles de aprobación ciudadana, según encuestas recientes.