Oro ilegal desata guerra de bandas y crímenes impunes en Madre de Dios: “Siguen desapareciendo y asesinando personas”

La minería ilegal de oro ha convertido a La Pampa, en Madre de Dios, en un territorio sin ley, marcado por la violencia, la impunidad y el crimen organizado. En esta zona amazónica, situada dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, bandas armadas libran guerras por el control del oro mientras decenas de personas desaparecen o mueren sin que nadie rinda cuentas.

“Los culpables siguen andando por La Pampa, haciendo de las suyas. Siguen desapareciendo personas, siguen siendo asesinadas”, declaró Leyla Cárdenas al medio Context, tras conocer por los vecinos que su hermano, Alex Cárdenas Flores, desaparecido en noviembre, había sido asesinado. Su historia refleja una realidad extendida: cientos de familias buscan a sus desaparecidos entre las minas, los ríos contaminados y los restos sin identificar.

El episodio más reciente de esta espiral de violencia ocurrió durante un enfrentamiento armado entre bandas rivales por el control del territorio. Decenas de hombres con fusiles de uso militar irrumpieron en el pueblo, generando pánico entre comerciantes y mineros. Al menos cinco personas murieron en el ataque, pero la Policía Regional solo confirmó dos cuerpos recuperados y evitó brindar más detalles.

Estos enfrentamientos no son nuevos. La Pampa se ha convertido en el epicentro de la minería ilegal en el Perú, donde la ausencia del Estado ha dejado campo libre a organizaciones criminales que se disputan rutas, zonas de extracción y cobros extorsivos.

Aunque hay presencia policial, los operativos son escasos y muchas veces filtrados desde dentro, según admitió el propio jefe policial de la región, Orlando Sánchez: “Incluso desconfío de algunos de mis propios policías porque pueden filtrar información”.

Impulsada por el alza del precio del oro a nivel internacional, esta fiebre minera atrae a miles de personas en situación de pobreza, que llegan con la esperanza de mejorar sus ingresos. Sin embargo, la gran mayoría opera sin permisos ni regulaciones ambientales. Entre enero de 2021 y marzo de 2024, se deforestaron más de 30.846 hectáreas —el equivalente a 40.000 canchas de fútbol— según el Programa de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP).

El daño ambiental no solo implica pérdida de bosque. El uso indiscriminado de mercurio ha dejado tras de sí charcas contaminadas y suelos envenenados. La actividad minera ha invadido incluso zonas protegidas, amenazando especies endémicas y alterando irreversiblemente ecosistemas frágiles. Madre de Dios, conocida como la “capital de la biodiversidad”, es hoy también uno de los focos más críticos de degradación ambiental y violencia criminal en el país.

La minería ilegal no solo destruye el medio ambiente: ha generado una red criminal compleja que controla, protege y extorsiona a los mineros informales. Según testimonios recogidos por Context, facciones rivales de una misma familia criminal se disputan el control del grupo armado “Los Guardianes de la Trocha”, que impone pagos a cambio de permitir el trabajo en las zonas mineras.

Quienes se niegan a pagar enfrentan amenazas, golpizas o la muerte. Las bandas armadas circulan con total impunidad, mientras que los pobladores viven bajo intimidación constante. “Sabemos que ellos son los asesinos y exigimos justicia”, declaró Salvador Fernández, familiar de una víctima asesinada por resistirse a entregar sus tierras.

Otro flagelo que crece en La Pampa es la explotación sexual. La fiscal Berenice Romero, jefa nacional de trata de personas, explicó que persiste una creencia arraigada entre los mineros ilegales: “cuanto más sexo tenga un minero con vírgenes o menores de edad, más suerte tendrá en la minería”. Esa superstición alimenta una red de explotación sexual de menores en campamentos mineros.

Solo entre 2023 y 2024, casi un tercio de las trabajadoras sexuales rescatadas eran menores de 18 años. Muchas de ellas son traídas desde otras regiones bajo engaños o amenazas. La Pampa se ha transformado, además, en un punto crítico para el tráfico sexual, con estructuras criminales que operan con la complicidad del silencio local.

Los datos oficiales revelan la magnitud de la tragedia. Según la Fiscalía de Madre de Dios, entre 2014 y 2024 se recuperaron 351 cadáveres en La Pampa, en su mayoría víctimas de homicidios y accidentes mineros. De ese total, 34 no pudieron ser identificados, y otras 183 personas murieron ahogadas en estanques creados por la actividad ilegal.

En enero de este año, las autoridades hallaron cinco cuerpos en una fosa clandestina conocida por los residentes como el “cementerio de La Pampa”. Algunos presentaban signos de tortura. El fiscal César Ignacios, a cargo de la investigación, no respondió a las solicitudes de información, mientras las familias continúan esperando justicia.

Uno de los pocos condenados ha sido Edison Fernández Pérez, sentenciado en ausencia a 15 años de cárcel por el asesinato del defensor ambiental Juan Julio Fernández, ocurrido en marzo de 2022. Sin embargo, su hermano, Jhon Fernández, señalado como autor material del crimen por varios testigos, fue liberado por el mismo juez, según documentos judiciales citados por Context.

La familia Fernández ha denunciado amenazas constantes por parte de la banda, que intenta tomar sus tierras para explotarlas. “Nos han dicho que si seguimos denunciando, también nos matan”, relató un pariente bajo reserva. En La Pampa, el miedo se ha convertido en norma y la justicia, en excepción.

Ni siquiera los dirigentes comunitarios se salvan de la violencia. En enero, cámaras de seguridad captaron el asesinato de Ana García Solsol, una lideresa local, a manos de cinco hombres armados con rifles y chalecos policiales. Aunque la policía realizó una redada al día siguiente, los sospechosos ya habían huido.

En La Pampa, la muerte se impone con total impunidad. Las bandas controlan el territorio, el miedo silencia a los testigos y las instituciones no logran frenar el avance de una red criminal que se nutre del oro ilegal. Mientras tanto, las familias siguen buscando cuerpos, exigiendo justicia, o simplemente sobreviviendo en un territorio abandonado por el Estado.