La ex primera ministra Betssy Chávez, quien es procesada junto con el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue hospitalizada “de emergencia” en el Hospital María Auxiliadora, luego de haber iniciado una huelga de hambre que ya lleva diez días.
Según el informe médico leído este jueves en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Chávez fue internada el martes debido a una alteración sérica del potasio. Aunque recibió tratamiento, “no se le dio alta médica” para regresar al penal de Chorrillos.
La exjefa de Gabinete, quien dijo consumir únicamente agua, remitió un manuscrito a la sala para requerir “la dispensa en la sesión de este jueves” por su estado de salud. El informe médico agregó que en el nosocomio le realizaron exámenes de sangre, hemograma completo, perfil hepático, pruebas de coagulación y examen de gases arteriales.
Además, detalló que se le advirtió sobre los riesgos de continuar con la huelga de hambre, tales como “arritmia cardiaca, desequilibrio electrónico progresivo y desnutrición”. El abogado Raúl Noblecilla, quien defiende legalmente a Chávez, expresó su preocupación por la salud de la exfuncionaria y por las condiciones a las que podría ser sometida en el penal.
“Queremos seguir advirtiendo los riesgos que implica la salud de Bettsy Chávez y actos sospechosos (...) El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) nos había dado un informe que se encontraba en perfecto estado, lo cual volvemos a reiterar, se cumple más una mentira e intento de sorprender a esta sala”, señaló.
“Es importante que esta sala dé las constancias de dispensa, porque Betssy Chávez está en peligro de ser conducida al ‘hueco’, un cuarto donde son encerradas las internas por haber cometido falta grave, que sería haber denunciado una organización criminal (dentro del penal) y estar en huelga de hambre. Solicito se sirva disponer para evitar que siga siendo hostigada y torturada”, continuó.
Tras escuchar los argumentos presentados, la sala aceptó la solitud del letrado. Chávez, quien cumple prisión preventiva desde junio de 2023, pidió en abril pasado que se le traslade al penal de Barbadillo, donde también está recluido Castillo.
Ambos están procesados por el intento de golpe que llevó a la destitución del exmandatario, junto a otros exmiembros del gabinete, y enfrentan penas de 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
Hasta el momento, han declarado en este proceso decenas de testigos, entre ellos exministros, congresistas, altos mandos militares y policiales, personal del Palacio de Gobierno y periodistas y directivos del canal estatal TV Perú, que retransmitió a nivel nacional el mensaje del exgobernante.
Denuncia
A mediados de julio, Chávez denunció chantaje sexual y corrupción en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Según su testimonio, las autoridades del centro, incluida la directora Nelly Aquino, permiten sobornos y favorecen a internas con recursos a cambio de dádivas.
La expremier solicitó una investigación por organización criminal y abuso de autoridad, responsabilizando a las funcionarias de cualquier atentado contra su integridad. Además, pidió a la Corte Suprema su traslado a otro penal, al considerar que su vida está en peligro. Su caso ya ha sido remitido al Ministerio Público, al INPE y a la Defensoría del Pueblo.
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