Sicario del ‘Tren de Aragua’ estaría en Perú: fue liberado en Chile por un error judicial

El caso de Alberto Carlos Mejía Hernández, señalado como sicario del ‘Tren de Aragua’ con tan solo 18 años, es protagonista de una fuga que expone tanto la vulnerabilidad del sistema judicial chileno como los riesgos de las redes criminales transnacionales, que ha generado alarma en Perú y el resto de la región.

Todo comenzó con una confusa secuencia de errores administrativos en la justicia de Chile que permitió la liberación de Mejía Hernández, acusado de asesinar al empresario José Felipe Reyes Ossa en el corazón de Santiago, y cuyo rastro ya se asocia al territorio peruano.

El 19 de junio, el empresario apodado “Rey del Meiggs” fue interceptado por dos hombres armados en Ñuñoa. Tras vigilarlo por horas, lo ejecutaron de tres disparos en plena vía pública. La Fiscalía estableció que no se trató de un simple robo —la víctima llevaba 3 mil dólares en efectivo que no fueron tocados—, sino de un homicidio selectivo planeado y ejecutado por una célula de sicarios vinculados al ‘Tren de Aragua’.

Los asesinos huyeron rápidamente y pasaron varios días ocultos en el sur de Chile, hasta que un aparente cese en la vigilancia judicial los llevó de regreso a Santiago. Allí, la policía logró capturarlos el 8 de julio. El caso, desde el inicio, estuvo bajo la lupa debido a la violencia, la coordinación del grupo, el móvil por encargo y el perfil de los involucrados, incluido el presunto autor intelectual con vínculos personales y comerciales con la víctima. Sin embargo, tras el arresto, una serie de errores administrativos abrirían el camino a una fuga casi cinematográfica.

El 10 de julio, mientras debía continuar en prisión preventiva, el recluso oficialmente conocido como Osmar Ferrer Ramírez —nombre que resultó falso— fue liberado por Gendarmería de Chile. Los funcionarios, tras un torpe encadenamiento de oficios judiciales contradictorios, interpretaron que debían dejarlo ir, pese a una advertencia enviada por correo electrónico de no excarcelarlo. Apenas cruzó la puerta, Mejía Hernández, de solo 18 años, desapareció entre las calles del barrio Franklin junto a dos cómplices.

La liberación generó un vendaval de críticas al Poder Judicial chileno y motivó sumarios, investigaciones internas y un debate urgente en el Congreso sobre los vacíos en la tramitación penal. Desde la Corte Suprema se ordenó revisar los protocolos, mientras el Ministerio Público armaba una fuerza especial para rastrear al prófugo. El principal temor: que cruzara a otro país y acrecentara la red de impunidad de la organización criminal a la que pertenece.

Pese a que la alerta internacional se emitió el martes siguiente, los movimientos de Mejía Hernández ya parecían dirigidos fuera de Chile.

Según reveló el periodista de investigación Raúl Poblete a Panamericana, el sicario habría pagado unos 2.5 millones de pesos chilenos (más de 2,800 dólares) para evadir controles migratorios y asegurar su huida. Contrató un automóvil por aplicación con destino a Iquique, en el norte chileno, evitando así el transporte público y el registro oficial que dejaría huella de su trayecto. Desde esa ciudad fronteriza, el paso ilegal hacia Perú fue cuestión de horas.

Hasta el momento, la Policía de Investigaciones chilena, en colaboración con autoridades peruanas, mantiene activa la alerta roja e investiga los vínculos y potenciales encubridores que facilitaron el movimiento de Mejía Hernández al interior del país.