El Gobierno de Dina Boluarte enfrenta una nueva controversia por la aprobación de una directiva que flexibiliza las restricciones para la recepción de regalos, donaciones y beneficios por parte de la presidenta y su entorno más cercano.
Un reportaje de Cuarto Poder detalla cómo, a través de un trámite exprés, la “Directiva 004-2025-DP/SG” fue elaborada, revisada y aprobada en menos de 24 horas, con la participación de funcionarios estratégicos en oficinas como Integridad, Recursos Humanos, Planeamiento, Jurídica y la Subsecretaría General del despacho presidencial.
Esta nueva normativa mantiene la prohibición explícita de recibir regalos en su artículo 8. Sin embargo, el artículo 11 introduce excepciones que permiten la recepción de obsequios sin fijar límites de valor.
Las excepciones abarcan regalos provenientes de organizaciones, entidades públicas, instituciones nacionales o internacionales, así como presentes de familiares, amigos o colegas por motivos personales o laborales. También autoriza la aceptación de viajes, estadías y participaciones en actividades académicas o de trabajo organizadas por diversas entidades, lo que genera márgenes para la entrega de beneficios a funcionarios de Palacio de Gobierno.
La disposición representa un cambio respecto a la norma previa, vigente hasta 2021, que restringía la entrega a obsequios modestos de tipo corporativo. Bajo el nuevo régimen, podrían aceptarse regalos de alto valor, lo que eleva el riesgo de interpretaciones ambiguas y eventuales actos de corrupción. El reportaje subraya además el papel clave de los mismos funcionarios que gestionaron el reciente incremento salarial de Boluarte, ahora de 35,568 soles al mes.
Advierten ilegalidad de la norma
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado calificó la norma como “absolutamente ilegal” y aseguró que “vulnera todo el andamiaje normativo vigente en el Perú sobre esta materia, la prohibición de recibir donaciones o regalos en el caso de funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta el último alcalde”.
Maldonado advirtió sobre una “colisión normativa” y sostuvo que la directiva “carece de valor jurídico” y no debe producir efectos legales. “Vulnera los principios éticos del Estado de Derecho consagrados en el Código de Ética y además estándares internacionales”, afirmó, recordando la existencia de un Código Internacional de conducta para titulares de cargos públicos aprobado por la ONU que prohíbe expresamente recibir o dar dádivas en cumplimiento de funciones de Estado.
El congresista Alex Paredes manifestó reservas ante la normativa y alertó sobre el riesgo de interpretaciones equívocas. “No es muy conveniente porque se puede prestar a malas interpretaciones”, señaló.
Paredes añadió que existe en el país una cultura regional de reconocimiento hacia las autoridades mediante obsequios de valor simbólico, pero insistió en la importancia de establecer parámetros claros: “Esto no debe convertirse en una puerta abierta”. El parlamentario recalcó que los recordatorios o presentes tradicionales “no son cosas de gran valor en términos monetarios” y tienen más un significado de gratitud.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, indicó que la situación ya fue aclarada y defendió la legitimidad de obsequios de carácter protocolar, como los regalos típicos de embajadores o autoridades extranjeras, y negó que se permitan situaciones que comprometan la independencia de los funcionarios públicos: “Estamos en contra de que se reciban regalos que puedan significar situaciones comprometedoras”.
La directiva ha sido defendida también por los responsables de su redacción, quienes aseguran que las excepciones permitidas rara vez involucran objetos de alto valor y recordaron la existencia de un órgano de control institucional encargado de investigar posibles irregularidades. A pesar de estas garantías, especialistas en gestión pública resaltan la ausencia de topes claros y advierten sobre el incremento del margen de discrecionalidad en el uso de la norma.
Comunicado de presidencia
La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que rechaza la afirmación de que la norma busque abrir paso a beneficios personales y sostiene que ningún apartado de la directiva establece montos ni conceptos económicos precisos. Según el pronunciamiento oficial, el objetivo es establecer lineamientos claros y ajustados al Código de Ética de la Función Pública, registrando y disponiendo adecuadamente de cualquier obsequio recibido.
A pesar de la defensa oficial, persisten los cuestionamientos en torno a la rapidez del trámite y a la amplitud de las excepciones dispuestas.
El caso de los relojes Rolex que la propia presidenta Bolauarte admitió haber recibido “como un préstamo” por parte de su waiky, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, que siguen siendo objeto de investigación, vuelve a centrar la atención sobre los riesgos que representarían normas laxas para el entorno presidencial.
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