La crisis generada por los bloqueos y las protestas de mineros informales en el sur del Perú y en el centro de Lima derivó, en las últimas semanas, en la creación de una Mesa Técnica impulsada por la presidenta Dina Boluarte. El objetivo de esta instancia es abordar la compleja situación social y medioambiental que rodea a la pequeña minería, un sector marcado tanto por la informalidad y la ilegalidad como por su peso económico y el daño al medio ambiente.
Sin embargo, las discusiones sobre la problemática minera no se desarrollan solo en espacios oficiales. Una investigación de Punto Final revela la existencia de un chat grupal de WhatsApp cuyos participantes van más allá de dirigentes sindicales. Entre los integrantes figuran mineros informales, investigados por delitos ambientales y crimen organizado, así como el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.
El grupo, identificado como MAPE (Minería Artesanal y en Pequeña Escala), cuenta con 181 miembros, entre los que también se encuentran personas investigadas por delitos ambientales y crimen organizado, como Adolfo Valverde Calipuy, asesor minero indagado por la Fiscalía, Isidoro Calizaya López, multado por uso ilegal de agua, y dirigentes sindicales cuyas inscripciones en el REINFO fueron canceladas. Montero, quien se integró al chat en agosto de 2024, fue recibido como un experto en pequeña minería y participaba de forma activa en conversaciones sobre el futuro del sector, en especial sobre el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Montero defendió abiertamente la continuidad de este registro, que permite operar a miles de mineros informales. Sostuvo que no era posible su derogación sin una norma previa que regule la minería artesanal. “No se puede derogar el REINFO mientras no tengamos una ley para la minería a pequeña escala y artesanal, verdaderamente funcional y que responda a la realidad”, escribió Montero en una de las conversaciones del grupo.
Dentro del chat, las discusiones no se limitaron al marco regulatorio. Montero llegó a proponer que el Banco Central de Reserva (BCR) compre el oro producido por la minería artesanal, lo que generó respaldo inmediato entre los participantes. “Tenemos demasiados dólares”, opinó, y un miembro respondió: “El BCR debería comprar toda la producción de oro del Perú”, a lo que Montero reafirmó: “Absolutamente”.
La posibilidad de que el Estado adquiera oro informal pronto fue rechazada públicamente por el presidente del BCR, Julio Velarde. Velarde explicó que el problema radica en la ilegalidad del origen del mineral y no en los canales de compra, descartando que el banco deba intervenir como comprador.
No solo las propuestas, sino también los reclamos, circularon por el grupo. Montero criticó al Ejecutivo por su incapacidad para llegar a acuerdos estables e informó sobre bloqueos y paros contra el gobierno, que en ese momento estaban dirigidos a su antecesor en el ministerio.
Magno Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (CONFEMIN), señala que las opiniones que Montero expresaba como participante del chat y las posiciones que ahora mantiene como ministro han cambiado, lo que ha generado decepción y reclamos públicos. “Hoy prácticamente se ha convertido en el enemigo de los mineros artesanales”, afirma.
Las primeras semanas tras su asumir el cargo, Montero respondió a saludos y comunicados internos. Días después, recibió a representantes del grupo en el propio ministerio. Posteriormente, su presencia digital se redujo y los reclamos se intensificaron, ante la amenaza de exclusión masiva del REINFO.
La derogación del REINFO aún está pendiente de resolución, mientras se mantiene una tensa calma en la Mesa Técnica. El grupo de WhatsApp sigue existiendo, y el ministro Jorge Luis Montero aún forma parte de él, convertido ahora en el principal interlocutor entre el Estado y la minería informal.
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