Corte Suprema aprueba solicitud de extradición de ‘Cuchillo’, acusado de la masacre de 13 mineros en Pataz

La Corte Suprema de Justicia del Perú declaró procedente el pedido de extradición de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, capturado en mayo en la ciudad de Medellín, Colombia. Está acusado de liderar una organización criminal responsable del asesinato de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, en La Libertad.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente, que respaldó el requerimiento presentado por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy. Según la resolución judicial, el pedido de extradición cumple con los requisitos legales establecidos tanto por la normativa penal peruana como por los tratados de cooperación con Colombia.

El tribunal precisó que los delitos imputados no tienen carácter político y que las penas previstas en el caso —organización criminal, homicidio calificado, sicariato agravado y lavado de activos— superan los 15 años de prisión. Además, no se encontraron impedimentos legales que impidan la solicitud de extradición activa.

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como ‘Cuchillo’ o ‘Gatillo’, nació el 8 de enero de 1990 en Buena Vista Alta (Casma, Áncash). Su alias proviene de un tatuaje con un arma blanca en la mano, y su breve paso por el Ejército —del que desertó— le habría brindado formación en manejo de armas.

Desde 2014 estuvo vinculado a bandas criminales: formó parte de “Los Chuckys”, conocidos por su violencia y uso de máscaras terroríficas, y fue detenido con dinamita, armas y municiones en Trujillo.

Posee un historial delictivo extenso: está implicado en al menos 14 investigaciones fiscales por sicariato, extorsión, tenencia ilegal de explosivos y armas en las regiones de La Libertad y Áncash. Fue condenado entre 2016 y 2020 en dos ocasiones: una por posesión de explosivos en Casma y otra por extorsión en Trujillo.

Rodríguez Díaz acumula una supuesta fortuna de 80 millones de soles, obtenida principalmente por control y saqueo de minas ilegales. En 2023, fue detenido en un operativo en Casma tras el asesinato de 10 trabajadores en la minera Poderosa.

Informes de inteligencia lo vinculan a más de diez muertes previas relacionadas con disputas por oro, lo que lo convierte en un actor clave dentro de las mafias mineras del norte.

Rodríguez Díaz fue detenido el pasado jueves 15 de mayo en el barrio Candelaria de Medellín, durante un operativo conjunto entre la policía colombiana, la Policía Nacional del Perú, Interpol y el Ministerio Público. Fue intervenido en plena vía pública tras la emisión de una notificación roja de Interpol solicitada por las autoridades peruanas.

El operativo se produjo en horas de la mañana. Según fuentes policiales, ‘Cuchillo’ no opuso resistencia al ser identificado y fue reducido por tres agentes mientras manipulaba la mochila de un acompañante. En el momento de su detención vestía un gorro, polo negro, jeans y zapatillas blancas.

De acuerdo con la Fiscalía, Rodríguez es sindicado como el cabecilla de una organización criminal que opera en La Libertad. Se le atribuye haber ordenado el ataque armado a una bocamina en la zona de Pataz, donde un grupo de hombres ingresó violentamente con el objetivo de robar oro. En el enfrentamiento con el personal de seguridad de la mina, murieron 13 trabajadores.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para el acusado, medida que fue sustentada por la fiscal provincial Magdalena Cisterna Burga. La investigación comprende los presuntos delitos de organización criminal, homicidio calificado y sicariato agravado.

Días antes de su detención, Rodríguez reapareció desde la clandestinidad en una entrevista con el programa Cuarto Poder, donde negó su participación en la masacre. Afirmó que estaba siendo incriminado por “grupos de poder” vinculados a la empresa minera Poderosa, y aseguró tener pruebas de que no se encontraba en Pataz al momento de los hechos.

“Me están confundiendo con otra persona. Yo tengo pruebas para demostrar mi inocencia”, declaró en el reportaje, en el que ocultó su rostro y negó haberse sometido a alguna cirugía para cambiar su apariencia.

A pesar de las acusaciones, su defensa sostiene que Rodríguez estaba en Casma durante los días del crimen. “Es inviable que haya estado en dos lugares separados por más de 15 horas de viaje”, señaló su abogado, Kevin Díaz.

Tras conocerse la matanza en Pataz, la presidenta Dina Boluarte responsabilizó públicamente a Rodríguez Díaz. “Probablemente, quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’”, dijo en mayo, aludiendo a su presunta implicancia.

La respuesta del acusado no tardó en llegar. El 12 de mayo, días antes de su captura, envió una carta notarial a Palacio de Gobierno exigiendo una rectificación pública en un plazo de cinco días. Alegó que las declaraciones de la mandataria lo afectaban directamente, ya que —según su versión— en ese momento no existía una orden de captura, carpeta fiscal ni citación formal en su contra.

Su abogado advirtió que, de no cumplirse la rectificación, iniciarían acciones legales por difamación agravada. “Si la presidenta no cumple con rectificarse públicamente, lamentablemente tendremos que interponer una querella”, declaró.

Rodríguez afirmó que se encontraba en Casma cuando ocurrieron los hechos en Pataz, y sostuvo que tiene testigos y registros audiovisuales que lo prueban. Aseguró además que no tiene vínculos con la minería ilegal y que se dedica a la siembra de mango y palta. “Sí, me voy a poner a disposición de la justicia, pero en su debido momento, cuando haya garantías”, dijo, insistiendo en que su caso ha sido construido sobre información errónea proporcionada por la Policía.

A pesar de su intento por desacreditar las acusaciones, la Corte Suprema avaló el pedido formal de extradición y queda en manos de las autoridades colombianas dar respuesta, mientras en el Perú se aguarda la comparecencia de uno de los principales señalados por una de las matanzas más graves vinculadas a las mafias mineras en la región norte.