La expremier Betssy Chávez busca recuperar su libertad mediante un habeas corpus que el Tribunal Constitucional (TC) revisará este jueves 24 de julio. La defensa de la exjefa de gabinete solicita la nulidad absoluta de la prisión preventiva en su contra por el golpe de Estado de Pedro Castillo argumentando que su detención es arbitraria y vulnera derechos fundamentales.
La defensa argumenta que el plazo de 18 meses de prisión preventiva venció el 19 de diciembre de 2024, y la audiencia para prolongarla, programada para el 26 de diciembre, fue posterior a dicho vencimiento. Esto, según los abogados de Betssy Chávez, constituye una detención arbitraria.
“Por lo tanto, procede a que se disponga su inmediata libertad, pues los errores y actuar negligente del Estado (Poder Judicial y Ministerio Púbiico), no tienen que ser consentidos, tolerados o permitidos por la afectada, puesto que se tratan de derechos sustanciales de primera generación que deben ser restituidos en toda su dimensión fáctica y jurídica”, se lee en el recurso de agravio constitucional al que accedió Infobae.
El documento también destaca que, en segunda instancia judicial, se reconoció que Betssy Chávez estuvo en “indefinición jurídica” desde el 19 de diciembre de 2024, a las 23:59 horas. No obstante, la Sala Constitucional no dispuso la libertad porque la el Juzgado Supremo accedió luego a prolongar la prisión preventiva. Lo que hizo el tribunal fue llamar la atención a la Fiscalía para que no se vuelva a repetir dicha situacion, decisión que no es bien vista por la defensa de la expremier.
“¿Porque no se expresa claramente que durante este lapso temporal hasta la actualidad Betssy Chávez se encuentra con detención arbitraria?”, cuestionan los abogados de Chávez.
Los magistrados del Tribunal Constitucional tendrán la última palabra. Luego de evaluar en audiencia pública este jueves 24 de julio, a partir de las 9:15 de la mañana, debatirán y determinarán en su sentencia si corresponde anular la prisión preventiva por el golpe de Estado, proceso que actualmente se encuentra en juicio.
Betssy Chávez denuncia amenazas
La exprimera ministra Betssy Chávez ha iniciado una huelga de hambre en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva, en protesta por presuntas amenazas de muerte y condiciones de reclusión degradantes. Chávez se niega a ser trasladada al Penal Barbadillo para asistir al juicio oral en su contra y del expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
En una carta entregada el 15 de julio de 2025 a la oficial técnica García Pezo, Chávez denunció hostigamiento continuo por parte de la directora del penal, Nelly Aquino, la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento, Vilma Páucar Rojas, y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón. “He tomado la difícil decisión, ante los continuos tratos hostiles de la directora, Nelly Aquino; la jefa del OTT, Vilma Páucar Rojas; y la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón, quienes utilizan a internas para amenazar mi vida,” escribió Chávez, dirigiéndose a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
Debido a su ausencia en la audiencia, su abogado, Raúl Noblecilla, solicitó la suspensión de la sesión del juicio oral, a lo que no se opusieron ni las demás defensas ni el Ministerio Público. Sin embargo, este último advirtió que, de no asistir a la próxima sesión, el juicio continuará únicamente con la representación legal de Chávez.
En una segunda carta, Chávez detalló los presuntos maltratos sufridos, incluyendo la prohibición de usar los servicios higiénicos los fines de semana, restricciones para transitar por los pasadizos comunes y limitaciones en las visitas de sus abogados y familiares. También criticó las sanciones colectivas impuestas por las autoridades del penal, que afectan la convivencia penitenciaria. “Por ello, la suscrita ha presentado un hábeas corpus correctivo para que cesen todos estos actos ilegales, arbitrarios y humillantes,” afirmó, exigiendo al Ministerio de Justicia y al INPE una urgente reorganización del penal.
Durante la audiencia del 10 de julio de 2025, Chávez denunció un supuesto chantaje sexual en el Penal Anexo de Mujeres, además de actos de corrupción como sobornos, pagos por celdas y cuotas para acceder a economatos. Acusó directamente a Aquino, Páucar y Córdova de liderar un sistema de abuso de poder, permitiendo que internas con mayor poder económico controlen el penal a cambio de favores. Chávez calificó estas prácticas como propias de una posible “organización criminal” y pidió al Ministerio Público investigar a las autoridades por delitos como cohecho, abuso de autoridad y organización criminal.
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