Perú no cumple sentencia histórica de la Corte IDH mientras La Oroya sigue respirando veneno

Más de un año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera una sentencia contra el Estado peruano por la contaminación por metales pesados en La Oroya, los impactos en la salud continúan sin ser atendidos de manera efectiva. La exposición a plomo, arsénico y dióxido de azufre generó enfermedades crónicas en niños, mujeres y adultos mayores, según testimonios de locales y estudios científicos.

Yolanda Zurita, trabajadora social y lideresa local, documentó los síntomas recurrentes en su comunidad: dolores de cabeza, afecciones respiratorias, asma, gastritis, convulsiones y posibles lesiones neurológicas. “Me hicieron una biopsia en la columna sin previo aviso. Dijeron que podía ser una lesión cerebral mínima, pero nunca me dieron un diagnóstico claro”, relató a Infobae Perú.

Ella recordó que la actividad metalúrgica en La Oroya se inició en 1922, cuando se instaló el Complejo Metalúrgico. La primera comunidad afectada fue Huaynacancha, cuyos pobladores se vieron obligados a desplazarse debido a la caída de cenizas tóxicas.

Un estudio de la Universidad de San Luis de Missouri encontró que prácticamente toda la población de La Oroya supera los niveles de preocupación para al menos 13 sustancias tóxicas, entre ellas plomo y arsénico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la exposición crónica al plomo puede afectar el sistema nervioso, provocar anemia y dañar el desarrollo infantil.

Según Zurita, muchos niños nacen ya con plomo en la sangre, al haber estado expuestos durante la gestación.

Cabe señalar que otro estudio de la Facultad de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2017, la contaminación en La Oroya afectó alrededor de 2.300 kilómetros cuadrados de suelo en la región central del país. A nivel internacional, La Oroya fue considerada en 2011 como la segunda ciudad más contaminada del mundo por el Instituto Blacksmith, una organización ambiental de EE. UU.

La legislación ambiental peruana permite emisiones diarias de hasta 250 microgramos por metro cúbico (μg/m³) de dióxido de azufre, muy por encima del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 20 μg/m³. Este contaminante, asociado al funcionamiento del complejo metalúrgico, agrava enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y mujeres embarazadas.

Los estudios citados por Yolanda y organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) coinciden en que la población de La Oroya estuvo expuesta de forma crónica a múltiples metales pesados que afectan el sistema nervioso, la piel y el desarrollo físico e intelectual desde edades tempranas.

Entre los casos recogidos por la Corte IDH figura el de María 14, una adolescente nacida en 1988, quien desde los 7 años presentó problemas en la piel. A los 14 fue diagnosticada con un linfoma cutáneo de células T, pero no recibió atención médica oportuna. Posteriormente, fue tratada con quimioterapia, suspendida por decisión de sus padres ante malos tratos reportados en el hospital. María falleció en 2006, a los 17 años. Los análisis realizados revelaron en su sangre niveles de 0,96 µg/L de mercurio, 0,45 µg/L de cadmio y 13,0 µg/L de plomo.

La joven formaba parte del grupo de 80 víctimas identificadas por la Corte, correspondientes a 17 familias y 6 personas individuales, de las cuales 6 han fallecido durante el proceso.

En marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano brindar atención médica especializada, remediar el ambiente contaminado y difundir masivamente la sentencia. Sin embargo, el cumplimiento fue parcial.

“El único avance fue la publicación del resumen de la sentencia en El Peruano y en algunas páginas web. No se ha implementado ninguna medida sustantiva en salud ni remediación ambiental”, precisó para Infobae Perú, Christian Huaylinos, coordinador del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Según Huaylinos, el Estado peruano solicitó una prórroga para presentar un informe de avance, pero no propuso ninguna acción adicional. En ese sentido, la falta de una resolución del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado paralizó la asignación de responsabilidades entre los ministerios involucrados, como el de Salud o Ambiente.

Para leer la sentencia de la Corte IDH, hacer click aquí.

Por si fuera poco, Aprodeh informó que desde mediados de 2023, uno de los tres circuitos del complejo metalúrgico fue reactivado, lo que provocó picos elevados de contaminación. En marzo de 2024, el circuito de zinc volvió a operar.

“La OEFA tiene una estación de monitoreo que registró niveles altísimos de dióxido de azufre, pero no se ha emitido ninguna sanción administrativa ni legal”, señaló Huaylinos. Las acciones de mitigación, como las zanjas de filtración implementadas por Activos Mineros, han sido consideradas ineficaces por líderes locales.

Yolanda Zurita denunció haber recibido amenazas por su labor de defensa. “Un trabajador me amenazó con violarme. En un cabildo abierto, me declararon persona no grata. Incluso me acusaron de cerrar la empresa”, comentó para Infobae Perú.

Aprodeh, al respecto, confirmó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Junín inició investigaciones por hostigamiento contra beneficiarios de la sentencia.

Precisamente, la sentencia de la Corte IDH es considerada la primera en reconocer el derecho a vivir en un ambiente sano como un derecho autónomo. También sienta jurisprudencia al establecer la responsabilidad internacional de un Estado por daños ambientales con efectos intergeneracionales.

“Es un hito a nivel mundial. Si el Perú no cumple, incurre en un ilícito internacional que podría tener consecuencias económicas y reputacionales”, advierte Huaylinos para este medio.

Una agenda basada en cuatro pilares: atención médica integral, control de emisiones, tratamiento de pasivos ambientales y participación ciudadana es lo que propone Zurita.