JNJ ordena abrir investigación a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza: ¿cuáles son los argumentos?

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió iniciar una investigación preliminar contra la fiscal suprema Delia Espinoza por supuestas irregularidades relacionadas con el proceso de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, luego de emitirse la Resolución N.º 231-2025-JNJ. Esta medida se basa en hechos que, de acuerdo con la JNJ, podrían constituir faltas administrativas graves y comprometer la conducta funcional de la magistrada.

La denuncia, presentada por el abogado Luis Miguel Caya, expone que, tras la mencionada resolución, la titular del Ministerio Público no habría cumplido con la orden de restituir a Benavides Vargas. El 16 de junio de 2025, la suspendida fiscal acudió a la sede principal de la institución para reasumir sus funciones. Sin embargo, Espinoza no la recibió ni facilitó su ingreso, aun después de varias horas de espera. En ese contexto, habría convocado a fiscales de prevención del delito y a otros servidores para levantar actas y registrar lo ocurrido. El denunciante sostiene que estas acciones buscaron impedir el cumplimiento de la resolución de la JNJ, utilizando el cargo para evitar la asunción de Benavides Vargas, lo que se interpreta como abuso de autoridad y oposición a una disposición legal.

A ello se suma la presunta usurpación de funciones. La denuncia señala que, ya notificada oficialmente, Espinoza continuó desempeñando el rol de Fiscal de la Nación. Entre sus acciones, se incluye la convocatoria de reuniones virtuales con la Junta de Fiscales, la realización de labores administrativas y la emisión de comunicados oficiales, así como la difusión de imágenes vinculadas a los eventos en la sede del Ministerio Público. Estas conductas habrían significado mantener el ejercicio del cargo de manera irregular, desobedeciendo la directiva de la JNJ sobre la reincorporación de Benavides Vargas.

Otro hecho del que se le acusa es de rehusamiento de actos funcionales. Se indica que Espinoza no realizó los trámites previstos para la entrega del cargo ni convocó a la Junta de Fiscales Supremos, como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Esta omisión se considera una falta de cumplimiento de sus deberes como fiscal suprema.

Por último, la denuncia apunta a que, el día de la restitución, Espinoza dispuso que personal fiscal y administrativo permaneciera durante varias horas en un área específica de la Fiscalía de la Nación, con el fin de impedir que Benavides Vargas retomara sus funciones. El denunciante interpreta este hecho como uso indebido de facultades y una posible instrumentalización del aparato institucional para resistirse a una autoridad legítima.

Aunque Caya solicitaba la suspensión inmediata de Espinoza de su cargo, argumentando que sus acciones habrían obstaculizado y dificultado el cumplimiento de la Resolución N.º 231-2025-JNJ, la JNJ precisó que la suspensión preventiva solo puede considerarse luego de iniciarse formalmente un procedimiento disciplinario, y no en la fase preliminar de investigación.

Según la resolución, el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios exige que una medida cautelar como la suspensión se valore únicamente cuando ya se ha determinado la existencia de elementos suficientes que justifiquen un proceso disciplinario. En este sentido, la JNJ subrayó que abrir una investigación preliminar no supone prejuzgar ni emitir un adelanto de opinión respecto a la responsabilidad de la investigada.

De momento, solo se encuentra en la etapa preliminar, destinada a reunir información y determinar si las acciones denunciadas constituyen efectivamente una falta muy grave o si corresponde el archivo de la denuncia. La investigada debe presentar sus descargos y las pruebas que considere pertinentes en un plazo de diez días hábiles.