El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para seis personas vinculadas al caso Qali Warma, un proceso de presunta corrupción que, de acuerdo con la tesis fiscal, perjudicó la distribución de alimentos destinados a niños y niñas en diferentes regiones del país. Entre los delitos investigados figuran organización criminal, colusión, tráfico de influencias y cohecho.
La medida fue solicitada por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Noveno Despacho, bajo la dirección del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta. Entre los investigados que deberán cumplir prisión preventiva figuran Edgar Capani, jefe de conservas de la empresa Frigoinca S.A.C.; Davilton Rodríguez, abogado del extinto programa Qali Warma; José Mera, especialista alimentario en Loreto; Miguel Rosales, supervisor de Lima y Callao; Deyvis Espinoza, especialista del programa; y Yesabella Pazos, inspectora de la Dirección General de Salud (Digesa).
El Ministerio Público sostiene que una red criminal operaba dentro del aparato estatal para manipular los procesos de selección y adjudicación en el programa de alimentación escolar, favoreciendo a determinadas empresas proveedoras, entre ellas Frigoinca.
El principal impacto de este esquema habría recaído sobre los menores beneficiarios del programa, con afectaciones directas a la calidad de los alimentos entregados y, en consecuencia, a la salud de los escolares de Puno, Loreto, Lima y otras regiones del país.
En espera del pedido de impedimento de salida de Fredy Hinojosa
Hasta la fecha, el despacho anticorrupción ha conseguido que se dicte prisión preventiva para un total de 11 personas en diversas jurisdicciones, entre ellas Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Ucayali y Puno.
Continúan pendientes las audiencias para resolver la situación legal de otros dos investigados, quienes afrontan el pedido de comparecencia con restricciones, así como el debate sobre impedimento de salida del país para Fredy Hinojosa, exdirector ejecutivo de Qali Warma durante el periodo 2019-2022, y actual vocero de la presidenta Dina Boluarte.
Durante la investigación, uno de los implicados se acogió a la colaboración eficaz y reveló su identidad con el objetivo de facilitar los actos de esclarecimiento del caso.
Confesión del hijo de Nilo Burga
Michael Burga, hijo del fallecido empresario Nilo Burga, confesó su participación en la entrega de sobornos por parte de la empresa familiar Frigoinca a trabajadores del programa de alimentación escolar Qali Warma. Esta se produjo tras su detención preliminar y fue confirmada por su abogado, Luis Capuñay, en declaraciones a RPP.
Capuñay explicó que su defendido “no está contradiciendo la teoría del Ministerio Público” y que “acepta las imputaciones”, reconociendo algunos documentos en los que se evidencian los pagos efectuados a funcionarios del exprograma del Midis El letrado agregó que Burga validó la existencia de una “planilla paralela”, hallada en la computadora personal de Delia Zavaleta Garay, gerente general de Frigoinca, en la que se detalla la entrega de dinero a los servidores públicos.
El abogado precisó que la presunta red de corrupción alcanzó a personal de diferentes niveles, desde encargados de verificación en planta hasta responsables de adquisiciones para el programa. Además, mencionó que el campo de investigación de la Fiscalía incluye a directivos de Qali Warma, señalando la posibilidad de que el entonces director del programa esté involucrado en el caso.
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