La minería ilegal se expande en los ríos de la Amazonía peruana, pero no lo hace sola. Según líderes indígenas de distintos pueblos originarios, algunos “apus” de comunidades amazónicas han sido cooptados por operadores ilegales, facilitando la entrada de dragas, el vertido de mercurio y la extracción de oro en zonas ancestrales.
Todo ocurre bajo la vista pasiva del Estado, pero también con la complicidad de autoridades locales y de algunos líderes comunales comprados con oro. Así lo denuncian representantes de los pueblos Wampis, Kukama y Shipibo-Conibo, quienes advierten que no solo se está destruyendo el medio ambiente, sino también descomponiendo el tejido social de sus comunidades.
En territorios como el río Nanay, en Loreto, o el río Santiago, en Amazonas, los mineros ilegales han encontrado la “ruta perfecta”. Mientras el Ministerio del Ambiente advierte que una sola draga puede liberar entre uno y tres kilos de mercurio al mes, el Comité de Protección del Agua en Iquitos reporta que más del 80% de la población ya presenta niveles elevados de mercurio en la sangre.
Autoridades y apus al servicio de la minería
La nación Wampis, en la región Amazonas, ha documentado la presencia de dragas en su territorio ancestral. Evaristo Wajai, abogado y director de justicia de esta comunidad, denunció en RPP que el avance de la minería ilegal no sería posible sin el respaldo de algunos apus que han sido corrompidos por el dinero. “Compran conciencias de los comuneros, específicamente de los apus, para tener esa legitimidad entre comillas y seguir operando impunemente”, explicó.
En la misma línea, Lizardo Cauper Pezo, presidente del Consejo Shipibo-Conibo-Xetebo, afirmó que en Ucayali, además de la minería, también se enfrentan al narcotráfico y la tala ilegal. Estas actividades, que mueven grandes sumas de dinero, han generado divisiones internas e incluso muertes. “Aquí ha habido asesinatos por defender los territorios. Presentamos denuncias ante la Fiscalía, pero no hay respuesta concreta. La corrupción divide a las poblaciones y no se hace nada”, sostuvo.
Ambos representantes coinciden en que la falta de presencia estatal, en salud, educación, desarrollo productivo o fiscalización ambiental, ha convertido a las comunidades en blanco fácil de redes ilegales. Lo que antes se resolvía de forma colectiva, ahora se fragmenta frente a promesas individuales de ingreso económico, sin importar las consecuencias a largo plazo.
La inacción estatal consume la vida del río Nanay
El caso más grave se vive en Loreto. José Manuyama, dirigente Kukama y coordinador del Comité de Defensa del Agua en Iquitos, recordó que el río Nanay es la fuente de agua de medio millón de personas. Sin embargo, hoy está contaminado por la acción de dragas que operan sin control. “Aquí hay una amenaza directa a toda una ciudad. No existiría minería aurífera en el Nanay sin la complicidad o negligencia del Estado en todos sus niveles”, aseguró.
Manuyama responsabilizó al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, al Gobierno Regional de Loreto y al propio Ejecutivo por no tomar acciones firmes.
“Si las comunidades estuvieran atendidas, no habría ingreso de ninguna actividad ilegal”, advirtió Manuyama.
Desde San Martín también se han encendido las alertas. La Dirección Regional de Energía y Minas ha reportado la presencia de dragas en la cuenca del río Huallaga.
Fiscales sin recursos frente a una economía ilegal
En entrevista con RPP, el fiscal Frank Almanza, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos ambientales, reconoció que el Ministerio Público no cuenta con los recursos humanos ni logísticos para enfrentar esta emergencia. En toda la región Loreto, por ejemplo, solo hay dos fiscales provinciales dedicados a delitos ambientales. La misma situación se repite en Pucallpa y Amazonas.
“Pese a eso hacemos operativos todos los días, pero enfrentamos una situación muy grave. No tenemos el número adecuado de fiscales, ni los equipos suficientes. Además, se necesita una reforma legislativa para actuar con más eficacia”, explicó. Almanza también reveló que hay al menos 20 autoridades o exautoridades estatales identificadas como cómplices, al estar investigados por delitos ambientales.
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