Reserva Yavarí Mirim corre peligro por inacción de las autoridades

En enero de este año, el congresista de Acción Popular Juan Carlos Mori, hizo una puesta en escena desde una trocha ubicada en el distrito de Genaro Herrera, provincia de Requena, en Loreto, cerca del río Ucayali. Llegó hasta allí a decir que no había “no contactados”, a pesar de que es de dominio público que los pueblos indígenas en aislamiento –como realmente deben ser llamados- viven precisamente de ese modo porque rehúyen cualquier contacto con la llamada ‘civilización’. Sobre todo, aquella que parece representar el congresista Mori. La puesta en escena del parlamentario tuvo como clara intención hacer parecer cierta una mentira promovida por un sector con intereses extractivistas: que esos pueblos no existen. La confirmación de la categorización de la reserva Yavarí Mirim, ubicada cerca de ahí, lleva esperando desde el 2003. Si ha demorado tanto es porque en el camino se ha encontrado con autoridades de talante similar al del político acciopopulista. En febrero de este año, por ejemplo, la convocatoria a la Comisión Multisectorial responsable de categorizar la Reserva fue suspendida unilateralmente por el Ministerio de Cultura, prolongando la incertidumbre y facilitando la vulnerabilidad del mencionado territorio, ubicado cerca de la frontera de Loreto con el Valle del Javarí en Brasil. Esa Comisión es la que debe decidir con sus votos el futuro de la reserva solicitada.

La construcción de la carretera Genaro Herrera-Colonia Angamos, hoy solo un tajo de tierra húmeda en medio de la selva, fue paralizada por orden judicial. Mori, sin embargo, viajó allí desde Lima –a casi 900 km de distancia- e hizo una declaración en video en la que, sin ningún fundamento, aseguró que la obra quedó así “por culpa de las ONG que buscan que los pueblos de la selva no se desarrollen”, y aprovechó para negar la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial. La palabra de Mori contra décadas de estudios especializados. Y no fue la única vez que lo hizo. En una intervención en el pleno del Congreso, el 15 de junio pasado, afirmó que “en la selva de Loreto no existe eso”, en relación a los PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial). Tras asegurar que eran “una creación de los Ministerios de Agricultura y del Ambiente”, sostuvo que “Eso impide el desarrollo de la Amazonia peruana (…) Los PIACI van a llevar al subdesarrollo y a seguir manteniendo en la pobreza extrema a mi región Loreto”.

Pero veamos la realidad más allá de la opinión de Mori. Según la base de datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, en la Amazonia existen dos tipos de pueblos con vulnerabilidades particulares: los que se han aislado al no haber desarrollado o haber descontinuado sus relaciones con otras comunidades, y los que se hallan en contacto inicial. “Ambos grupos se encuentran en un estado de gran vulnerabilidad (sanitaria, territorial, sociocultural y demográfica) ante el contacto con población externa a sus grupos y sistemas ajenos a su estilo de vida”, se lee en la propia página web de la entidad gubernamental, en la que se reconoce el marco legal que garantiza su protección.

Solo en el departamento de Loreto, encontramos la Reserva Indígena Yavarí Tapiche o la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, además de más de 1200 comunidades nativas cuya existencia desmiente largamente los argumentos del congresista Mori. Su postura negacionista vulnera los derechos de las comunidades indígenas que se verían seriamente afectadas si proyectos como el de la carretera Genaro Herrera-Colonia Angamos siguieran adelante. Lo cierto es, sin embargo, que dicha obra no cuenta con certificación ambiental, autorización de desbosque y aprobación del expediente técnico final. Los argumentos en contra son de índole estrictamente judicial y ambiental. Por eso fue paralizada. Los hechos indican que la carretera no fue parte de las observaciones que se usaron para postergar en febrero la convocatoria de la Comisión Multisectorial que decidiría el futuro de Yavarí Mirim. Por lo tanto, la reserva solicitada no tiene nada que ver con la paralización de la obra.

Su construcción, según los especialistas, expondría a graves riesgos a los territorios de las comunidades indígenas Matsés y Fray Pedro, el Área de Conservación Regional Tamshiyacu Tahuayo, la Reserva Nacional Matsés, la Reserva Nacional Pacaya Samiria —la más grande del Perú—, la recientemente creada Reserva Indígena Yavarí Tapiche y la solicitada Reserva Indígena Yavarí Mirim, más vulnerable aún por carecer de categorización.

Lamentablemente, Juan Carlos Mori no es el único ejemplo de que, desde el mismo Estado, se niega la existencia o derechos de las poblaciones indígenas en aislamiento. Por ejemplo, estuvo el proyecto de Ley N° 3518/2022-CR presentado por el congresista fujimorista por Loreto, Jorge Morante, que pretendía cambiar los criterios de la Ley n.º 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Dicho proyecto decía, sobre la creación de Reservas Indígenas, que “no se esté otorgando derechos a poblaciones que no existen y quitando el derecho a poblaciones que sí existen”. Felizmente para los PIACI, fue archivado en julio del 2023.

Por su parte, otro político vinculado a la región, Elisbán Ochoa Sosa, ex Gobernador Regional de Loreto hasta 2022, llegó a pedirle al entonces Ministro de Cultura, Alejandro Salas, en agosto de ese mismo año, “la nulidad de todo proceso PIACI”, mientras rechazaba los estudios técnicos realizados durante muchos años por profesionales especializados. En este punto, es necesario recordar que Ochoa tiene investigaciones penales por delitos como lavado de activos, omisión de funciones, colusión, abuso de autoridad e, incluso, por organización criminal y asociación ilícita en el distrito fiscal de Loreto.

Mención aparte merece el comportamiento del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que mereció un duro comunicado de la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio, en noviembre del año pasado. Dicho documento afirmaba que la Defensoría “se ha convertido en un instrumento al servicio de organizaciones contrarias a los derechos humanos y al movimiento indígena representativo. Funcionarios de la Defensoría están usando la institución para apoyar intereses políticos fraudulentos y alinearse con los intereses de las economías ilegales que amenazan nuestros territorios”. Orpio señaló, además, que la institución “ha traicionado a los pueblos indígenas y a sus organizaciones representativas”, y que busca debilitar los movimientos indígenas y de derechos humanos en el Perú. Sus palabras son particularmente significativas si consideramos que Orpio agrupa a 50 federaciones y representa a más de 650 comunidades nativas de la selva peruana.

La primera semana de julio llegó a Lima un grupo de líderes comunitarios para buscar una reunión con el viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela, que resuelva el tema de Yavarí Mirim. Después de algunos días la lograron, y obtuvieron también una fecha para la convocatoria de la Comisión Multisectorial que decidirá el destino de dicha Reserva Indígena: el jueves 4 de setiembre, tras siete meses de espera desde la postergación de febrero. Sin embargo, un nuevo aplazamiento o una votación negativa condenarían para siempre el futuro de la reserva.

En ese sentido, otro tema que preocupa a las comunidades es la presencia en el Comité Multisectorial de Carmen Vega Guerrero, quien fuera secretaria técnica del Plan de Gobierno de Fuerza Popular, el mismo partido que respaldaba cambiar los criterios de la Ley n.º 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, a través del proyecto trunco de Jorge Morante. El perfil de Vega incluye cargos en ProInversión y en la minería privada, lo que —a decir de los apus de las comunidades— podría significar un conflicto de interés al momento de decidir que la creación de una nueva reserva indígena evite la explotación petrolera en determinadas zonas. Vega, además, tiene antecedentes en este sentido. Un reportaje de Ojo Público de enero de este año, indicó que siendo ya entonces viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Midagri —cargo en el que se mantiene actualmente—, se opuso a reconocer el territorio de indígenas aislados en la Reserva Territorial Madre de Dios —que tiene 830 mil ha. de extensión— pese a las evidencias de su presencia y de su posible afectación por las 14 concesiones forestales ubicadas en la zona, cuya permanencia defendió la funcionaria. Una de las concesionarias es Maderera Río Acre SAC, cuyo representante legal es la familia Wong, dueños del canal de televisión Willax. La decisión de la funcionaria evitó la extensión de la Reserva, a pesar de que desde el 2016 está aprobado el estudio que solicitaba dicha ampliación. En esa reserva habita uno de los más numerosos de los 25 pueblos en aislamiento registrados oficialmente: el pueblo indígena mashco piro, además de otro aún no identificado. Algunos líderes indígenas han llegado a calificar a Vega no como una funcionaria, sino como una “operadora política anti reservas indígenas”.

Infobae buscó a Vega Guerrero para solicitar sus descargos ante estas informaciones, pero eligió responder a través de la oficina de comunicaciones del Ministerio de Agricultura. “Es importante precisar que, el Estado tiene el deber de proteger a los pueblos en aislamiento y a su entorno natural. Las reservas son una herramienta legítima y necesaria cuando existen indicios sólidos y estudios bien sustentados”, indica la respuesta institucional. “La rigurosidad en los procesos no convierte a los funcionarios en ‘anti reservas’, todo lo contrario: cuando las reservas se aprueban de manera sólida y transparente, se fortalecen y se blindan frente a intereses políticos o económicos que puedan cuestionarlas más adelante”. En la respuesta se indica, además, “que, en cumplimiento de la normativa vigente y del rol técnico dentro del Comité Multisectorial, ningún sector puede emitir opinión anticipada sobre el sentido del voto”.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas, que también tendrá voto en la Comisión Multisectorial que tiene pendiente aprobar la categorización de Yavarí Mirim, tradicionalmente siempre vota contra la creación de las reservas indígenas, porque muchas de ellas están ubicadas cerca de sitios de potencial explotación petrolera.

Lo más preocupante para las comunidades es que tanto la Defensoría del Pueblo como Carmen Vega Guerrero, en representación del Ministerio de Agricultura, forman parte de la Comisión Multisectorial que decidirá el destino de Yavarí Mirim. Junto a ellos, habrá un representante de la Dirección General de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura —quien la preside— y uno también del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, Gobierno Regional de Loreto, de las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas, un antropólogo de una universidad nacional y otro de una particular, ambos designados por la Asamblea Nacional de Rectores. A ellos se suman un representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y uno de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), organización indígena de representación nacional.

Consultado por Infobae sobre los posibles cuestionamientos al proceso de categorización de las reservas indígenas en el Perú por parte de algunos miembros de la Comisión Multisectorial, el Viceministerio de Interculturalidad respondió escuetamente: “Las posturas que adopten los miembros de la Comisión Multisectorial respecto a los estudios adicionales de categorización se manifiestan directamente en las sesiones de la Comisión y dependen exclusivamente de la evaluación que realice cada miembro. Otras posiciones y pareceres escapan de la información que maneje el Ministerio de Cultura”.

A pesar de que este medio intentó conseguir el testimonio del viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela, o el de Paola Barriga, responsable interina de la Dirección de los Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI), el Ministerio de Cultura eligió dar solo una respuesta institucional.

Considerando que actores cercanos a la Defensoría del Pueblo, algún ex gobernador, congresistas, alcaldes o autocalificados “activistas” han llegado a negar su existencia, preguntamos ¿cuál es la política del Estado hacia los PIACI? “En el Perú, la política sobre los PIACI se centra en la protección de sus derechos a la vida, salud, identidad cultural y territorio, salvaguardando su existencia e integridad a través del Régimen Especial Transectorial (RET) de protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial”, respondió el Viceministerio de Cultura, que informó además que este 2025 se ha duplicado el presupuesto destinado a la implementación de políticas y estrategias que velen por la protección y salvaguardia de los derechos de los PIACI y sus territorios. “Durante el 2024 el presupuesto fue de S/ 4 millones, mientras que este año fue de S/ 9 millones”, afirmó el organismo estatal.

El enemigo de los pueblos en aislamiento, sin embargo, también está en casa. Desde hace varios meses, la Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (ONAJEPINC) ha difundido información falsa y hecho campaña contra los PIACI, lo que ameritó pronunciamientos de Aidesep en ese sentido. Según denuncias consignadas por la agencia de noticias Servindi, sus miembros han sido acusados por interferir reiteradamente con la labor del Estado o cobrar sumas de dinero a comuneros por servicios que no están autorizados a brindar. Según afirman los representantes de varias comunidades, a pesar de la vinculación de notorios miembros de dicha organización con madereros, cocaleros y otros actores ilegales, la Defensoría del Pueblo parece avalarlos.

Otra organización, la llamada Coordinadora por el Desarrollo de Loreto tiene miembros con intereses particulares en el área de la Reserva Yavarí Mirim. Según una denuncia de El Foco de noviembre del 2024, forma parte de una maquinaria de fake news que niega la existencia de los PIACI, al mismo tiempo que se dedica a difamar a organizaciones indígenas y hasta a responsabilizar a las ONG, sin pruebas, de incendios forestales.

En junio del 2022, Wayka denunció que uno de sus líderes tenía una concesión forestal que se vería perjudicada de oficializarse la declaratoria de Yavarí Mirim como Reserva Indígena. Además, se denunció un posible lobby en el Congreso con parlamentarios fujimoristas para beneficiarse directamente. Orpio también se pronunció contra la Coordinadora y ha denunciado ante la CIDH al Gobierno Regional de Loreto por otorgar concesiones forestales en territorios de reservas indígenas.

Es necesario dejar claro que los derechos de las comunidades indígenas en situación de aislamiento no le quitan derechos a ninguna otra comunidad. La existencia de los PIACI, además, está sustentada en numerosos estudios científicos, imágenes satelitales de sus asentamientos y en los testimonios de las comunidades colindantes. Según Orpio, en los últimos años se han logrado recopilar más de 230 evidencias —incluyendo testimonios de avistamientos— de la presencia de pueblos indígenas en aislamiento en Yavarí Mirim. Es bastante curioso que en sus piezas de comunicación y a través de sus leyes, el Estado esté comprometido con la protección de sus PIACI, pero algunas de sus autoridades ignoren ese pacto de varias maneras y en reiteradas oportunidades.

“Pienso que las demoras en la creación de la reserva tienen que ver con las debilidades existentes en el Ministerio de Cultura, ente rector de la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial”, nos dice la antropóloga Beatriz Huertas Castillo, autora de ‘Los Pueblos Indígenas en Aislamiento. Su Lucha por la Sobrevivencia y la Libertad’, quien trabaja con organizaciones indígenas desde 1994. Para la especialista, la debilidad del Mincul quedó en evidencia en la excesiva demora para revisar los documentos. Además, menciona como otros factores para que la Reserva Yavarí Mirim lleve más de 20 años esperando ser categorizada, la aceptación de la Dirección Regional Agraria de gestionar solicitud de saneamiento físico legal sobre el área planteada como propuesta, a pesar de conocer su existencia, y el otorgamiento de concesiones forestales sobre el área, para las que las organizaciones indígenas tuvieron que exigir su nulidad. “La demora en el reconocimiento y protección territorial de pueblos en aislamiento favorece la invasión de estas áreas poniéndolos en peligro ante el riesgo de contactos directos. La deforestación, degradación y contaminación del bosque y los ríos causada por los invasores madereros, cocaleros que procesan la droga, etc., tiene un impacto directo sobre las fuentes de subsistencia de los pueblos en aislamiento y comunidades indígenas circundantes, con todo lo que ello implica para su integridad física y sociocultural”, afirma Huertas.

Para el apu José Murayari, vicepresidente de Orpio, es muy importante dar a conocer a las comunidades el respeto al corredor natural. “Hay comunidades que son de la zona de influencia y hay que fortalecerlas para que se puedan proteger. Hay que hacer un análisis. Hay que diagnosticar cuantas comunidades hay en cada zona y ponerles postas o puestos de control en lugares estratégicos entre cada una, así podemos tener al área monitoreada. No hay que dejarse ganar por los invasores. Hay sembríos de coca en zonas que deberían ser protegidas y el Estado no hace nada”.

“Esta propuesta de la Reserva lo que hace es poner un freno al extractivismo”, nos dice el activista José Manuyama, presidente del Comité de Defensa del Agua de Iquitos. “Porque hay intereses de por medio, petroleros, madereros o peor, como el narcotráfico, que puede poner trabas en estas cosas, como está sucediendo acá en Loreto”. Para el activista, se requiere de apoyo estatal para evitar que estas poblaciones sean afectadas de una u otra manera. “Creo que, en pleno contexto de crisis climática, hay un sistema internacional depredador y que necesita extraer recursos. Eso hace más difícil la situación. Ojalá tengamos la fuerza para que la ciudadanía pueda presionar para acelerar la demarcación definitiva de estas reservas indígenas, pero también en la lucha por recuperar los ríos y los bosques de otras zonas de la Amazonía peruana y continental”, afirmó Manuyama.

Importantes voces indígenas reunidas la semana pasada en Tabatinga, Brasil, en el I Foro Indígena, estuvieron de acuerdo en defender los territorios, la integridad cultural y la vida de los indígenas en aislamiento. Las comunidades reconocen la importancia trascendental de su diversidad biológica y cultural para el sostenimiento del planeta.

La Reserva Indígena solicitada Yaraví Mirim ocupa un área de 1´378,444 ha y está ubicada en Loreto, entre las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas; y los distritos de Yavarí, Pebas, Indiana, Las Amazonas, Alto Tapiche, Soplín, Fernando Lores y Saquena. Solo entre diciembre del 2023 y junio de este año se han registrado más de 95 mil 100 alertas de desforestación en dicha zona, lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de unas 436 hectáreas de bosque. El área es habitada por pueblos indígenas en situación de aislamiento como los Matses, Matis, Korubo, Kulina Pano y Flecheiro/Tavakina.

Han pasado ya 22 años desde que Orpio solicitó la creación de la Reserva Yavarí Mirim, pero el Estado peruano insiste en postergar la decisión, a pesar de la existencia de la Ley N.° 28736 para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. Existe también el decreto supremo 002-2018-MC, que declara el reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan la Reserva Indígena Yavarí Tapiche y, a la vez, el de los pueblos indígenas Matsés, Matis, Korubo o Kulina-pano y Flecheiro/Takavina en situación de aislamiento, del ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim.

Como ya mencionamos, el 14 de febrero de este año se vivió una nueva postergación a la convocatoria de la Comisión Multisectorial que debería concretar la creación de la Reserva, cuando el Ministerio de Cultura alegó razones técnicas —entre ellas, la superposición con la comunidad nativa San José de Parinari— que poco después fueron subsanadas gracias a la presión de Orpio y otras organizaciones indígenas. Durante una reunión en Palacio de Gobierno, el pasado 5 de junio, la presidenta Dina Boluarte les pidió a las autoridades competentes cumplir con la convocatoria de la Comisión en un plazo no mayor de 30 días, que venció esta semana. En febrero, las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque Ibarra se comprometieron a solicitar al Ministerio de Cultura que cumpla con los plazos y convoque a la Comisión Multisectorial que definirá la categorización. Orpio también le ha dirigido varias comunicaciones formales al Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Percy Barranzuela Bombilla, solicitando que convoque dicha reunión donde se evaluaría y se votaría la aprobación del Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la Solicitud de creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim. Finalmente, al límite de plazo, se logró la convocatoria para el 4 de setiembre.

Es necesario tener en cuenta que cualquier variación en el hábitat de las comunidades puede afectar su salud, su alimentación y su modo de vida tradicional. Si sigue sin ser categorizada, existe el riesgo de que parte del área de Yavarí Mirim pueda ser objeto de nuevas solicitudes de concesiones forestales, licitaciones públicas para la explotación y extracción de petróleo, titulación de comunidades y otros derechos de aprovechamiento que podrían afectar los derechos de los PIACI y generar contacto forzado. Hay una delgada línea entre su supervivencia y su extinción. Si el Estado sigue postergando todo o rechaza categorizarla en la votación pendiente, demostrará poca voluntad política para la protección de los pueblos en aislamiento. Según Perupetro, en Loreto hay 192 posibles pozos sin explorar. Quizá sea la razón por la que no quieren más reservas indígenas.

Entre el 23 y el 26 de junio se celebró en la localidad fronteriza de Tabatinga el I Foro Internacional Indígena: Seguridad pública, Justicia social y Acuerdos de paz en el contexto de la frontera. Este periodista, en representación de Infobae, recorrió casi 24 horas navegando el río Amazonas desde Iquitos para estar presente en el encuentro. Ese recorrido en contacto con los pueblos de la selva es vital para entender el contexto en el que viven, sus limitaciones y las amenazas que alteran su paz. En lugares donde el estado es casi ausente, impera la ley de la jungla.

Tabatinga, Leticia y Santa Rosa del Yavarí configuran la frontera tripartita entre Brasil, Colombia y Perú, un lugar que no por su distancia logra escapar de la ola de criminalidad que afecta a las principales ciudades del país. El tráfico de drogas, la tala ilegal, la pesca indiscriminada o la búsqueda de oro involucran al crimen organizado. Según un informe del 2024 de Crisis Group, Leticia era en 2022 la segunda ciudad más violenta de Colombia y en Tabatinga se registraba una taza de homicidios de 40 por cada 50 mil habitantes, una de las más altas de la Amazonia. Según la Policía de Colombia, en dato consignado por Insight Crime, tras la pandemia los asesinatos aumentaron en 300% en la triple frontera.

En ese contexto, el encuentro de los representantes de las comunidades indígenas en esa localidad brasilera, en un recinto militar cercano al aeropuerto, facilitado por las autoridades, fue bastante significativo. Durante cuatro días, más de 600 líderes de los pueblos Ticuna, Witoto, Kambeba, Kanamari, Kaixana, Kokama, Matsés o Marubo, provenientes de Brasil, Colombia y Perú, intercambiaron experiencias, discutieron sobre sus problemas, expusieron sus necesidades y formaron grupos de trabajo para proponer soluciones, en espera de un diálogo más fluido con las autoridades.

Los temas más destacados fueron la seguridad en los pueblos, la lucha contra el consumo de drogas y alcohol, que muchas veces derivan en suicidios de personas muy jóvenes, la justicia social necesaria para eliminar las desigualdades y los acuerdos de paz en la frontera tripartita. También se habló, por supuesto, de la importancia de proteger a los pueblos en aislamiento, respetando su forma de vida y su derecho a no ser molestados. En Colombia y Perú se les llamada Pueblos Indígenas en Aislamiento. En Brasil son conocidos como los ‘isolados’.

“Cuando se habla de aislados de un territorio que ya está demarcado, se gana una protección extra”, nos dijo en una pausa del Foro Ayrton Neto de Amazon Conservation Team Brasil, organización que apoya a los indígenas en su lucha por sus derechos. “Las comunidades deben entender que, al proteger a sus pueblos aislados, también ganan ellos mayor protección del Estado para su propia tierra. Fortalecen su territorio. Protégelos a ellos, que te proteges tú”. Neto asegura que ya no usan el término “aislamiento voluntario”, porque es culpa de las presiones externas que los pueblos se aíslen. “Conocen la violencia que viene cuando ellos se contactan, saben que sus antepasados murieron por enfermedades, guerra, esclavitud, entonces, deciden evitarlo”. Recientemente, cuenta Neto, se logró demarcar y dar la tenencia a un territorio donde solamente hay pueblos aislados. “Es lo más reciente en la legislación brasileña. Con esto se gana una figura de protección más fuerte. Lo que pasa en Javarí es que tiene la mayor concentración de pueblos aislados de Brasil y creo que de América del sur, por cantidad de pueblos y de personas. Hay indicios de más de 80 pueblos diferentes, totalmente aislados”.

Por su parte, David Novoa Mahecha, Coordinador del equipo PIACI-Amazonía en Amazon Conservation Team de Colombia, compartió con nosotros la realidad de un país vecino que cuenta con aproximadamente 16 grupos de Pueblos Indígenas Aislados en su Amazonia, pero solo dos de ellos, los pueblos Yurí y Passé, son oficialmente reconocidos. Aun así, son víctimas de la expansión de la minería ilegal. Ellos habitan zonas cercanas a la frontera entre Colombia y Brasil, cerca al Perú. También está un segmento del pueblo Ticuna, en contacto inicial, y que se mueven entre Colombia y Perú.

El propio aislamiento de estos pueblos los hace vulnerables —sobre todo a los niños o a los ancianos— ante las posibles enfermedades transmitidas por los invasores de su territorio. “Son inmunológicamente muy vulnerables debido a que una enfermedad o una gripe puede perjudicar a un número importante de personas, ya que carecen de vacunas o anticuerpos para resistir. Ellos utilizan la medicina tradicional y el chamanismo, pero muchas veces no les es suficiente”, señala Novoa. Agrega también que los pueblos indígenas carecen de representatividad política, lo que los hace silenciosos y ausentes ante el gobierno. Los pueblos que habitan alrededor de los aislados han tomado esa representatividad y, según Novoa, han tomado conciencia de que, para protegerlos a ellos, hay que fortalecer los planes de vida de las comunidades aledañas. La minería y el narcotráfico también afectan a las comunidades colombianas, porque dinamizan o crean trochas demasiado próximas a las zonas donde viven o cazan, además de contaminar las aguas y afectar la vida de hombres y peces. “En Colombia hay una experiencia que se puede compartir, la normatividad de las Entidades Territoriales Indígenas. En esa apuesta de los gobiernos indígenas se está incluyendo la protección territorial de los pueblos aislados. Además, estamos tratando de que se registren oficialmente otros pueblos”, cuenta Novoa.

Tras cuatro días de foro, los líderes indígenas asistentes realizaron una manifestación pacífica en las oficinas del Ministerio Público Federal en Tabatinga. La movilización, encabezada por mujeres, ancianas y jóvenes de ambos sexos, incluyó pancartas con sus exigencias, cánticos sagrados, ritos de guerra, danzas y gritos de resistencia que denunciaban la inacción del Estado brasileño en materia de seguridad pública ante las graves violaciones de derechos y la falta de protección de los territorios indígenas en la región del Alto Solimões, cerca al Valle del Javarí, el lado brasilero del río Yavarí, la zona en la que se mueven varios pueblos en aislamiento. Quedó claro el descontento, pero también la fuerza colectiva de los pueblos indígenas ante la negligencia consuetudinaria de los organismos estatales.

Un representante del Gobierno brasilero en materia de seguridad, que prefirió no identificarse, adelantó que se está conversando un plan para mejorar la colaboración con los pueblos tanto en el Solimões como en el Amazonas, capacitando a las fuerzas del orden y ubicando más puestos de control.

Si uno camina por las calles de la Triple Frontera —adonde solo puede llegarse desde Iquitos tras navegar casi un día entero por el río Amazonas, requisito indispensable para entender las dinámicas en este rincón del mundo—, sea en la avenida Mi Perú de Santa Rosa de Yavarí, en la avenida de la Amistad de Tabatinga o en la frecuentada Calle 8 de Leticia, en Perú, Brasil o Colombia, conversa con la gente de manera casual y les pregunta por los “no contactados”, haciendo referencia coloquial a los pueblos indígenas en aislamiento, hay una coincidencia en sus palabras: “Hay que respetar. Hay que dejarlos en paz”, dicen casi todos, con gesto convencido. Si a la gente trabajadora le parece algo tan sencillo, ¿Por qué las autoridades demoran tanto en confirmar la Reserva Yavarí Mirim?