La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria y el fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a quienes atribuye la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado peruano. El documento, elaborado por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, expone una supuesta red de intercambio de favores entre ambos funcionarios y la exfiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas.
De acuerdo con el documento, los hechos habrían tenido lugar entre finales de agosto de 2022 y noviembre de 2023, periodo en el que se habría concretado una serie de acuerdos entre los ahora denunciados y la exfiscal Benavides. A Checkley Soria se le atribuye aceptar la promesa de ventaja ofrecida por la entonces fiscal de la Nación, que consistió en archivar la investigación seguida en su contra ante la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del entonces fiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, a cambio de declarar fundado el sobreseimiento de las imputaciones realizadas contra Enma Benavides Vargas, programando la audiencia en una fecha oportuna para los intereses de esta.
En tanto, a Helder Uriel Terán Dianderas también se le atribuye aceptar la promesa de ventaja realizada por Benavides, que consistió en conservarlo en dicho cargo, a cambio de que mantenga en trámite la investigación seguida contra el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, por hechos relacionados a su actuación como juez superior de la Corte Superior de Justicia de Piura, la cual se tramitaba en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
De esta manera, se evidenciaría un mecanismo entre ambas figuras y Patricia Benavides, que le habría permitido a la exfiscal desarrollar una estrategia favorable para cumplir sus objetivos en favor de su hermana Enma Benavides quien ya retornó al Poder Judicial, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara la destitución que había recaído en su contra.
Su reincorporación se produjo en cumplimiento de la resolución administrativa N.º 089-2024-Pleno-JNJ, que ordenó su restitución en el cargo. Tras un periodo de licencia por motivos de salud, la Corte Superior de Lima, mediante la jueza Miluska Cano, la designó como presidenta de la Décima Sala Penal de Apelaciones de Lima.
Según información de la propia corte y recogida por diversos medios, Enma Benavides ya asumió formalmente la titularidad de dicha sala y comenzó a desempeñar funciones de manera regular. La decisión de la corte responde al mandato de acatar la disposición de la JNJ, que dejó sin efecto la sanción de destitución tras consolidarse la medida administrativa.
La salida original de Benavides se produjo el 22 de mayo de 2024, cuando fue sancionada por el Pleno de la JNJ, que la halló responsable de haber interferido en una investigación en curso utilizando la influencia de su hermana, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Asimismo, enfrentó acusaciones de beneficiar a procesados por narcotráfico, entre ellos el colombiano Percy Coromoto Matos, quien aseguró que la jueza ofrecía resoluciones judiciales favorables a cambio de altos montos de dinero. Además, se le atribuyó haber promovido la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba las presuntas irregularidades en los procesos que involucraban a Benavides.
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