Ganó contrato y entregó instrumentos por casi S/ 800 mil a Municipalidad de El Tambo, pero no le pagaron: hoy protesta encadenado mientras el municipio justifica la anulación

Un empresario arequipeño se encadenó a la puerta principal de la Municipalidad Distrital de El Tambo, estado en el que ha permanecido por más de 24 horas, debido a que la comuna le debe cerca de 800 mil soles por la entrega de 600 instrumentos musicales.

El empresario Fredy Coarita Coarita, representante de la empresa MIVIANYK S.A.C., reclama el pago de S/798,500 por la distribución de instrumentos musicales a 44 colegios de El Tambo. Según su versión, cumplió con el contrato y entregó los productos en 2024, pero no recibió el pago. Afirma que el alcalde Julio César Llallico anuló el contrato de forma arbitraria.

“Ya he esperado demasiado. Entregué todo con contrato y conforme a ley. El alcalde usó los instrumentos y ahora se lava las manos”, declaró Coarita a Perú 21. La indignación lo ha llevado a iniciar una huelga de hambre frente a la municipalidad, donde pasa las noches encadenado y rodeado de pancartas de protesta.

El contrato fue adjudicado en febrero de 2024. Coarita entregó clarinetes, bombos, trombones, saxofones, tarolas, flautas y otros instrumentos entre septiembre y octubre. La conformidad de entrega se firmó recién en diciembre, pero el pago no llegó. En enero de 2025, la municipalidad anuló el contrato con una resolución que, según el proveedor, no fue notificada.

Fredy Coarita sostiene que la Municipalidad Distrital de El Tambo incumplió sus compromisos contractuales. Relata haber comprado, ensamblado y entregado personalmente los instrumentos a cada colegio del distrito, tras recorrer el país para adquirirlos.

“Perdí mi casa, cerré mi empresa y mi esposa enfermó por el estrés. Estoy sobreviviendo con préstamos para comer”, dijo Coarita al portal Huancayork Times, al precisar que el embargo de su vivienda y la enfermedad de su esposa están directamente vinculados al perjuicio económico.

Tras meses sin respuesta, el empresario acudió a una sesión del concejo municipal en mayo, pero el alcalde suspendió la sesión para evitar que su caso se exponga. En la última reunión del concejo, Llallico intentó retirarlo del salón.

Pese a la negativa de Tesorería para desembolsar el dinero, Coarita mostró documentos de conciliación donde funcionarios de la municipalidad reconocen la deuda. Asegura que se usaron normas derogadas y firmas escaneadas para anular el pago y redireccionar el presupuesto.

Según Coarita, la municipalidad demoró más de dos meses en firmar la conformidad de entrega, pese a que los instrumentos ya estaban en las aulas. Solo en diciembre se registró el documento. Posteriormente, en enero, la municipalidad emitió la Resolución de Alcaldía N.º 017-2025-MDT/A, anulando el contrato sin notificárselo.

El proveedor afirma que se enteró de la anulación en mayo de 2025, al consultar el estado del expediente. En ese momento ya arrastraba deudas con bancos y prestamistas.

Coarita también denuncia la manipulación del sistema de firmas. Además, sostiene que escanearon firmas y usaron normas derogadas para invalidar el contrato. Afirma que el presupuesto estaba disponible, pero lo redirigieron.

El proveedor, que ha ganado contrataciones con diferentes municipalidades desde 2009, considera que esta es la primera vez que una autoridad municipal incumple un contrato en esos términos.

Por otro lado, el gerente municipal, Juan Antonio Chang Mallqui, declaró que los instrumentos sí fueron entregados y que existe una conciliación extrajudicial que podría habilitar al proveedor a cobrar por la vía judicial.

Sin embargo, afirmó que el proceso habría sido anulado por una supuesta infracción al principio de libre concurrencia, ya que Coarita habría postulado como persona natural y como representante de una empresa, lo cual está prohibido. “Sí, hubo una conciliación y sí hay un riesgo de enriquecimiento sin causa. Pero hubo una nulidad administrativa por temas de participación irregular del proveedor. Vamos a investigar y acelerar el caso”, dijo.

Tras las protestas, la Municipalidad Distrital de El Tambo emitió un comunicado en el que defiende la nulidad del contrato. Alega que Coarita habría estado impedido legalmente de contratar, al haber participado en decisiones previas del proceso.

“Se declaró la nulidad de oficio [...] por haberse verificado que la empresa contratista se encontraba incursa en un impedimento legal”, señala el documento. También se indica que la nulidad fue ejecutada conforme al Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El comunicado subraya que la resolución no fue impugnada y que, según la ley, un contrato nulo no genera derecho a retribución. Además, señala que las manifestaciones del proveedor no reflejan la totalidad del contexto técnico y legal del caso.

“La Municipalidad reafirma su compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos”, finaliza el texto.

El caso de Fredy Coarita no es aislado. Otros proveedores también denuncian deudas por parte de la Municipalidad de El Tambo, sumando cerca de un millón de soles en compromisos impagos.

Francisco Paulino Coca Barrera, mecánico, exige más de S/92,000 por el mantenimiento de 43 vehículos municipales. La deuda data de octubre de 2023. Alejandro Alfaro Sierra, dueño de Factoría Alejandro, reclama S/32,000 por reparaciones a camionetas, deuda pendiente desde hace más de dos años.

Ambos empresarios aseguran que sus servicios fueron prestados con contrato vigente, pero enfrentan dificultades similares para recibir el pago, agravando sus situaciones económicas.