Midis lanza consulta ciudadana para reformar programa de alimentación escolar tras denuncias por intoxicación y fracasos anteriores

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el lanzamiento de una consulta ciudadana nacional para el diseño de un nuevo programa de alimentación escolar. El objetivo, según la cartera, es recoger propuestas de la comunidad educativa, expertos y ciudadanía para crear un sistema que atienda las verdaderas necesidades de los escolares del país. Sin embargo, el anuncio llega marcado por los fracasos de Qali Warma y Wasi Mikuna.

En entrevista con RPP, la ministra Leslie Urteaga confirmó que se trata de una reestructuración completa. “Estamos trabajando en un programa con supervigilancia que priorice la calidad del producto, el valor nutricional, y que permita no solamente el programa sino a toda la cadena productiva tener este control más allá de los documentos”, indicó.

Por ello, el Midis ha habilitado un formulario virtual para que cualquier persona pueda enviar sugerencias. Según informaron, cerca de 300 ciudadanos ya han participado. Las propuestas pueden presentarse en menos de cinco minutos y están abiertas a estudiantes, padres de familia, docentes, nutricionistas y empresarios. Esta es la primera vez que se abre un proceso participativo de este tipo para el diseño de una política alimentaria escolar.

El Midis ha señalado que la nueva propuesta se basará en una lógica de control más efectiva. Urteaga reconoció en RPP que “hemos estado muy pegados a un expediente, a un documento, a un certificado, pero no hemos podido llegar [a controlar el producto]”. En ese sentido, aseguró que el rediseño busca “abrir las puertas a productores” con estándares medibles y vigilancia en campo.

Según explicó, el rediseño incluirá a entidades técnicas como Digesa, Senasa y Sanipes, con el fin de aplicar una trazabilidad real de los productos. También se están recibiendo recomendaciones de organismos internacionales como FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), UNICEF y el Banco Mundial.

Desde el Midis se ha enfatizado que la presidenta Dina Boluarte presentará próximamente los lineamientos del programa, una vez culminado el proceso participativo. Urtega manifestó que “espera que sea durante el Mensaje de la Nación” que se dará el próximo 28 de julio.

El formulario digital busca recopilar aportes de distintos actores vinculados o interesados en el servicio de alimentación escolar. El cuestionario, alojado en su página web, puede completarse en minutos y permite registrar datos clave para el diseño del nuevo programa.

Entre las preguntas se solicita información básica sobre la región del participante, su vínculo con el programa (como estudiante, docente, proveedor, profesional en nutrición o funcionario público), y si ha tenido contacto previo con el servicio.

También se plantea un espacio para sugerencias abiertas y se consulta qué aspectos deberían priorizarse, como la variedad y calidad de los alimentos, la participación de productores locales, o la vigilancia y rendición de cuentas.

La iniciativa nace con el objetivo de legitimar el proceso y “construir desde el diálogo”, según la nota oficial del Midis. Sin embargo, la desconfianza ciudadana no es menor. En abril de este año, se reveló cómo los programas Qali Warma y Wasi Mikuna, impulsados por el gobierno, fallaron en garantizar la seguridad alimentaria a 4 millones de escolares.

Qali Warma, que operó durante más de una década, acumuló denuncias por intoxicaciones masivas, distribución de alimentos vencidos o en mal estado, y contratos opacos con proveedores sin fiscalización adecuada. A ello se sumó la imposibilidad de rastrear con precisión el origen de los insumos, lo que complicaba sancionar a los responsables en casos de emergencias sanitarias.

Wasi Mikuna, lanzado como “reforma” de Qali Warma durante la actual gestión, tampoco logró consolidarse. Fue retirado en menos de un año sin haber cubierto todos los colegios del país. Las críticas se centraron en su improvisación, escasa coordinación con autoridades locales y falta de personal para verificar el estado real de los alimentos en el punto de consumo.