Ley MAPE y un modelo de concesiones en Perú que permite el caos: jóvenes abandonan estudios por auge de minería informal, revela estudio

En regiones peruanas donde más de la mitad del territorio se encuentra concesionado a la minería, la criminalidad asociada a la minería informal se ha convertido en un problema central, según el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM). Este fenómeno, amparado bajo la Ley MAPE -aun bajo propuesta-, ha generado un nuevo tipo de conflictos en torno a la actividad extractiva, desplazando el foco de las disputas tradicionales y redefiniendo la matriz de la conflictividad social en el país.

El auge de la minería informal y artesanal, impulsado por la aprobación de la Ley MAPE, ha transformado la dinámica de los conflictos mineros en Perú. El OCM señala que las comunidades, ante la falta de alternativas económicas viables, optan cada vez más por explotar directamente los recursos minerales en lugar de cederlos a grandes empresas transnacionales. Esta tendencia se refleja en la dispersión de la producción minera, especialmente de oro, y en la proliferación de conflictos socioambientales en diversas regiones.

Según Paul E. Maquet, investigador de CooperAcción, la Defensoría del Pueblo reporta que el número de conflictos mensuales ronda los 200 casos, con una tendencia al alza en las protestas colectivas, que recientemente alcanzaron 256 acciones. De estos conflictos, la mitad son de carácter socioambiental y dos tercios están vinculados al sector minero, lo que confirma el predominio de los sectores extractivos en la conflictividad nacional. El informe detalla que 15 % del territorio peruano —unos 19 millones de hectáreas— está concesionado a la minería, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50 % de su superficie bajo concesión.

El nuevo superciclo de precios de minerales, especialmente cobre y oro, ha generado ingresos extraordinarios de casi 19.000 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024, incentivando tanto la expansión formal como la informal. En zonas como Pataz, la convivencia de minería formal, informal e ilegal ha propiciado un entorno de desorden institucional y criminalidad.

La abogada Mirtha Vásquez, de Grufides, denuncia que “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”. Vásquez compara el modelo peruano con el colombiano, donde primero se delimitan zonas a proteger, mientras que en Perú se entregan áreas estratégicas para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

La transformación del patrón de producción de oro es notoria: si antes predominaban grandes empresas como Yanacocha, hoy la producción se dispersa entre pequeños, medianos y mineros artesanales, así como actores ilegales. El OCM identifica un cambio histórico en la conflictividad: de conflictos sindicales en los 70 y 80, a disputas entre empresas y comunidades en los 90 y 2000, hasta el actual protagonismo de la minería informal, que disputa territorio con empresas y comunidades.

En el norte, la resistencia a proyectos como Río Blanco persiste. En enero, miles marcharon desde Tambogrande a Piura, sumándose a dos décadas de oposición local. El 97 % de la población de Ayabaca y Huancabamba rechazó la minería en consultas vecinales hace casi veinte años, optando por agricultura y turismo ecológico. Pese a ello, la empresa Río Blanco, de capitales chinos, avanza con respaldo legal inédito. Autoridades locales y regionales han reiterado su rechazo, alertando sobre el riesgo para la producción agrícola y la paz social.

David Velazco, director de Fedepaz, sostiene que la conflictividad persiste en un momento “muy duro y muy ácido”, y critica el discurso oficial que asocia minería y desarrollo, ignorando las demandas sociales. Velazco recuerda que la primera consulta vecinal latinoamericana, en 2002 y 2004, ya reflejaba el rechazo masivo a la minería en la zona.

El informe subraya que la mayoría de los conflictos no se concentran en Lima, sino en regiones alejadas donde las comunidades enfrentan directamente los impactos extractivos, como el valle del Tajo en Arequipa. La expansión de la minería informal e ilegal afecta regiones como Amazonas, La Libertad y Cajamarca, donde las rondas campesinas enfrentan amenazas y criminalización por denunciar contaminación y violencia. En Cajamarca, la inversión minera formal cayó cerca de 50% respecto a años anteriores, pero la región sigue como la tercera productora de oro, con nuevos proyectos que generan conflictos al superponerse a territorios indígenas.

La criminalización de defensores ambientales y líderes sociales se ha intensificado, mientras la minería ilegal se consolida en ausencia de control estatal. Daniel Hernando, investigador en minería ilegal, advierte que la minería informal redefine las trayectorias de vida juvenil, desplazando alternativas como la agricultura o la educación técnica. “Muchos jóvenes terminan insertados en el poder como trabajadores”, señala, lo que genera deserción escolar, consumo temprano de alcohol y violencia.

Hernando sostiene que el Estado debe acompañar la formalización y no limitarse a la fiscalización, ya que la variedad de actores y posturas genera conflictos inter e intra comunales, con episodios de coacción y atentados. En regiones como Loreto, la minería ilegal convive con otras actividades ilícitas, agravando la complejidad del problema. “Esta actividad plantea unos ingresos que difícilmente se pueden igualar en el territorio con otras actividades”, concluye Hernando.