Para el defensor del Pueblo, este caso representa una evidencia de las deficiencias estructurales que dificultan la lucha contra el crimen organizado en el Perú. “Si el crimen avanza y no se detiene, es porque tiene participación dentro de la operación del sistema de justicia”, señaló en declaraciones a Canal N.
El funcionario señaló que las propias instituciones del Estado contribuyen, por acción u omisión, a la expansión y consolidación de mafias como Los Pulpos.
La liberación de Cruz Arce se produjo gracias a la aplicación del beneficio penitenciario conocido como “2x1”, que permite reducir la pena a los internos que acrediten trabajo o estudios en prisión. Sin embargo, Gutiérrez cuestionó que se haya aplicado este beneficio a un sentenciado por un doble homicidio y vinculado al crimen organizado.
Desde su perspectiva, el uso de este beneficio en casos de alta peligrosidad representa “un error grave” que expone a la ciudadanía a mayores riesgos. En ese marco, el defensor del Pueblo dirigió duras críticas al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por no haber revisado en profundidad la sentencia ni alertado sobre el perfil del interno antes de proceder con la excarcelación. “Por lo menos, suenan las alertas, pone las alarmas y se puede discutir previamente a la ejecución de esta disposición administrativa”, subrayó.
Aunque reconoció que la sentencia fue avalada por el Poder Judicial, Gutiérrez sostuvo que la responsabilidad debe ser compartida entre las entidades involucradas. “¿Quién emite la sentencia? El Poder Judicial. ¿Quién la ejecuta? El INPE,” explicó.
La polémica excarcelación de “John Pulpo” abre el debate de la necesidad de una reforma urgente a todas las instituciones que intervienen en la administración de justicia.
Reacciones policiales y advertencias sobre la liberación
La excarcelación de John Smith Cruz Arce también despertó preocupación y rechazo entre los mandos policiales. El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, criticó la falta de una valoración adecuada del peligro que representa el cabecilla y advirtió sobre las consecuencias de permitir que vuelva a las calles. Para Arriola, los factores administrativos prevalecieron sobre criterios de seguridad y prevención social, exponiendo a la población a los efectos de un reagrupamiento de las organizaciones criminales.
“Se ha puesto en la calle a una persona con amplio prontuario, que tiene capacidad de volver a organizar desde fuera o desde dentro. No saben el criminal que han puesto en la calle”, enfatizó.
Arriola recordó que Los Pulpos han sido responsables de asesinatos, extorsión y amenaza sistemática a comerciantes y empresarios en el país.
La Defensoría y la Policía coinciden en la necesidad de revisar los criterios para la aplicación de beneficios penitenciarios y establecer filtros más estrictos que impidan la excarcelación de sentenciados por delitos graves.
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