Colegio de Abogados presenta demanda contra Decreto de Urgencia que otorga apoyo financiero a Petroperú

El Colegio de Abogados de Arequipa (CAA) ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 013-2024, una medida que autoriza un apoyo financiero para Petroperú. Esta acción legal surge como respuesta a lo que se considera una transgresión a los principios fundamentales de la Constitución, en especial aquellos relacionados con la naturaleza de los decretos de urgencia y la separación de poderes. Según el CAA, el decreto vulnera la estructura del sistema democrático y no cumple con los requisitos constitucionales para ser emitido por el Poder Ejecutivo.

El decano del CAA, John Mesías, ha expresado que el decreto cuestionado infringe dos principios constitucionales clave. Primero, la naturaleza extraordinaria y temporal de los decretos de urgencia. Segundo, la invasión de competencias del Congreso de la República, al permitir al Ejecutivo asumir decisiones sobre el presupuesto nacional sin el debido debate legislativo. Mesías detalló en una entrevista con RPP que el Decreto de Urgencia en cuestión rompe el principio de temporalidad y aseguró que las medidas emergenciales para Petroperú no son nuevas, sino que se han venido repitiendo desde 2022.

El Colegio de Abogados de Arequipa basa su demanda en varios aspectos constitucionales que, según su equipo legal, hacen que el Decreto de Urgencia 013-2024 sea inapropiado y contrario a la ley fundamental del país.

La demanda argumenta que la crisis financiera de Petroperú no es un hecho inesperado ni extraordinario. Según el CAA, los problemas económicos de la empresa estatal se vienen arrastrando desde 2019, mucho antes de que se emitiera el decreto. En ese sentido, se señala que los informes de la Contraloría y otros documentos oficiales ya advertían sobre la grave situación financiera de la empresa, lo que hace innecesario el uso de un decreto de urgencia para resolverlo. De acuerdo con la Constitución, los decretos de urgencia deben ser utilizados únicamente en situaciones imprevistas y graves, lo cual no aplica en este caso.

Según el CAA, uno de los puntos más controvertidos en la demanda es la falta de justificación para no haber seguido la vía legislativa ordinaria, es decir, presentar un proyecto de ley ante el Congreso para abordar la crisis de Petroperú. El Colegio de Abogados de Arequipa sostiene que el Ejecutivo no ha demostrado que fuera imposible recurrir a una ley regular para resolver el problema, lo que pone en duda la necesidad de recurrir a un decreto de urgencia. La exposición de motivos del Decreto de Urgencia no aclara adecuadamente por qué no se presentó una propuesta legislativa al Congreso, lo que representa, según la demanda, una violación a la separación de funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El CAA también señala que el Decreto de Urgencia 013-2024 forma parte de una serie de medidas similares emitidas desde 2020 para resolver los problemas financieros de Petroperú. Al menos tres decretos de urgencia (DU 010-2022, DU 004-2024 y el mencionado DU 013-2024) han sido utilizados con el mismo propósito: cubrir el financiamiento de la empresa. Esta repetición de decretos, argumenta la demanda, convierte la medida excepcional en una práctica habitual y no en una solución puntual, lo que socava la esencia del Decreto de Urgencia. El CAA califica esta acción como un “fraude a la Constitución”, ya que se utiliza un mecanismo de emergencia para un subsidio continuo y permanente, en lugar de resolver la crisis de forma definitiva.

Otro aspecto central de la demanda es la violación del principio de separación de poderes. El Colegio de Abogados de Arequipa argumenta que el Decreto de Urgencia 013-2024 permite al Poder Ejecutivo asumir funciones que corresponden exclusivamente al Congreso, como la autorización de endeudamiento y la aprobación de gastos significativos del Estado. En este caso, el Ejecutivo aprobó compromisos fiscales masivos sin el debido debate parlamentario, ni la participación de la ciudadanía en la decisión de rescatar a Petroperú. De acuerdo con la Constitución, solo el Congreso tiene la facultad de aprobar los presupuestos y los endeudamientos del Estado, y el hecho de que el Ejecutivo haya emitido un decreto que afecta de manera directa las finanzas públicas sin pasar por el Congreso es una clara transgresión a la ley fundamental del país.

El CAA también ha destacado que esta acción gubernamental socava el control democrático de los gastos públicos. La falta de participación del Congreso y de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el rescate de Petroperú impide el ejercicio del control parlamentario y la deliberación sobre la viabilidad de dicho rescate. Este tipo de decisiones, que involucran grandes montos de dinero y compromisos fiscales a largo plazo, deberían ser discutidas abiertamente en el Congreso para asegurar que el gasto público se haga de manera responsable y eficiente.

El equipo legal que representa al Colegio de Abogados de Arequipa está encabezado por Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo, quien ha calificado la actuación del Ejecutivo como el “mayor fraude a la Constitución del siglo XXI”. En declaraciones públicas, Gutiérrez manifestó que Petroperú no está en condiciones de competir debido a su mala gestión y cuestionó la intervención del ministro de Economía en un asunto que debería ser independiente de la política. Según Gutiérrez, “cuando usted ve al ministro de Economía y Finanzas salir a hablar de la empresa, se está viendo un político que se ocupa de una empresa que debería tener independencia”.