Trabajadora muere esperando que la MML de Rafael López Aliaga cumpla orden del PJ y la reponga en su cargo

Siguen las malas noticias para trabajadores de limpieza que fueron despedidos arbitrariamente por la Municipalidad de Lima por protestar contra la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. Una de las obreras despedidas falleció esperando que la comuna acate la resolución del Poder Judicial que ordena su reposición.

Se trata de Matilde Rosa Condori Abrigo, quien se desempeñaba como barrendera de la MML antes de ser despedida. La mujer falleció en diciembre de 2024, cuando el Juzgado de Trabajo de Lima ya había requerido a la gestión de López Aliaga que reponga a los 38 trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Sitomun).

Según pudo conocer Infobae, el sindicato informó al Juzgado del lamentable deceso.

Ahora bien, pese al paso de los meses, la Municipalidad de Lima no ha cumplido hasta el momento con la orden del Poder Judicial de reponer a los miembros del Sintomun despedidos injustificadamente. En el caso de Matilde Rosa Condori Abrigo ya no será posible por su deceso.

Infobae pudo conocer que el Juzgado de Trabajo a cargo del proceso ha programado sucesivas audiencias para que la MML cumpla con devolver sus puestos de trabajo a los 37 operarios de limpieza a los que la justicia les dio la razón.

Ante ello, el magistrado ha impuesto multas de más de 100 mil soles y ha puesto en conocimiento del Ministerio Público la evidente resistencia de las autoridades de la comuna por acatar la resolución judicial.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) despidió a 38 trabajadores, argumentando una “grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra” contra el alcalde Rafael López Aliaga, debido al uso del apodo “Porky” en pancartas y consignas durante protestas.

En marzo de 2024, el Décimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima falló a favor de los trabajadores, declarando fundada su demanda. El juez determinó que el término “Porky” no constituía una injuria grave ni un ataque significativo que justificara el despido, ya que no comprometía la reputación o trayectoria del alcalde. Además, señaló que, incluso si se considerara una falta de respeto, el despido sería desproporcionado e injustificado según criterios del Tribunal Constitucional, calificándolo como un acto fraudulento.

La MML apeló el fallo, pero en julio de 2024, la Segunda Sala Laboral Permanente de Lima ratificó la decisión de primera instancia. El tribunal afirmó que el apelativo “Porky” no tenía una intención injuriosa y que la comuna actuó con “ánimo malicioso y tendencioso” al usar este pretexto para despedir a un grupo de trabajadores, muchos de ellos sindicalizados y algunos con roles de dirigentes. El fallo confirmó que se trataba de un despido fraudulento.

Disconforme con la resolución, la MML presentó un recurso de casación, el cual fue admitido por la Segunda Sala Laboral Permanente de Lima, elevando el caso a la Corte Suprema para su revisión final. Sin embargo, que un caso vaya a casación no suspende la ejecución de la sentencia. Es decir, la gestión de López Aliaga está en la obligación de cumplir con los fallos previos y reponer a los obreros despedidos fraudulentamente.