Ollanta Humala es excluído del caso ‘Madre Mía’ y militares implicados apelan ampliación de prisión preventiva

El expresidente Ollanta Humala fue excluido del proceso penal por el caso Madre Mía, luego de que la Corte Suprema determinara que no existía mérito suficiente para llevarlo a juicio oral. La decisión archivó su implicancia en la investigación que lidera el Ministerio Público por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la base militar de Madre Mía, en la región San Martín, durante la década de 1990, cuando Humala estaba al mando.

Sin embargo, el proceso judicial continúa para otros implicados, como el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez Amasifuén y un grupo de militares, quienes enfrentan cargos por la desaparición de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro. Ambos habrían sido detenidos y conducidos a la referida base militar en junio de 1992, sin que se volviera a saber de su paradero.

La defensa legal de Gómez y sus coinvestigados solicitó al Poder Judicial que se les permita continuar el proceso en libertad. A través de una apelación, buscan revertir la resolución emitida el último 2 de junio por la jueza Margarita Salcedo, quien ordenó ampliar por 16 meses el plazo de prisión preventiva que pesa sobre ellos.

Según informó RPP, en la resolución la jueza considera que, la ampliación responde a la complejidad del caso, la gravedad de los delitos investigados y las dificultades para ubicar testigos clave, algunos de los cuales habrían migrado a otras regiones del país o al extranjero, como Argentina y Estados Unidos. Además, el proceso aún no ha pasado por la etapa intermedia ni el juicio oral, lo que justificaría la extensión del encierro preventivo.

El 9 de julio, la magistrada Salcedo concedió los recursos de apelación y dispuso su envío a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. Este tribunal deberá decidir si admite a trámite los pedidos y convocar a una audiencia virtual donde participarán todas las partes involucradas, antes de emitir un fallo definitivo.

Como se recuerda, Amílcar Gómez y los demás militares investigados fueron detenidos en diciembre de 2023 en un operativo simultáneo en varias ciudades del país. La Fiscalía los acusa de participar en actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado interno que vivió el Perú en los años noventa.

El panorama judicial de los exmandatarios peruanos Ollanta Humala y Nadine Heredia podría cambiar radicalmente si prospera una ofensiva legal en Brasil que busca anular las pruebas obtenidas durante la Operación Lava Jato. La solicitud, presentada por la constructora Novonor (ex Odebrecht) ante el Supremo Tribunal Federal (STF), pide la devolución inmediata de toda la evidencia compartida con otros países, incluidos testimonios ya invalidados por supuestas manipulaciones. La medida ya ha tenido repercusiones en Ecuador y ahora podría impactar directamente en los procesos judiciales del Perú.

Según el abogado Marco Aurélio de Carvalho, representante de Heredia en Brasil, si el STF declara nulas las pruebas remitidas al Perú mediante acuerdos de cooperación judicial, las sentencias por lavado de activos que pesan sobre la expareja presidencial deberán ser revisadas. En abril, Nadine Heredia fue condenada a 15 años de prisión y Ollanta Humala a 20, ambos por el presunto uso de dinero ilícito en campañas electorales. Sin embargo, Heredia actualmente se encuentra en Sao Paulo, bajo asilo diplomático, a la espera de una decisión del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil sobre su solicitud formal de refugio.

El posible retiro de pruebas se enmarca en una revisión más amplia de la validez de los acuerdos de colaboración entre exejecutivos de Odebrecht y fiscales brasileños, los cuales fueron cuestionados por el propio STF. El ministro Dias Toffoli, quien analiza el caso, ya ha anulado testimonios clave y ahora evalúa si toda la cooperación internacional basada en esas declaraciones debe ser invalidada. De confirmarse, la justicia peruana podría verse obligada a reevaluar uno de los casos más emblemáticos del escándalo Lava Jato en el país.