La Libertad: condenan 35 años de cárcel a integrante de banda que explotaba sexualmente a menores de edad

El Poder Judicial impuso 35 años de prisión a Ernie Glen Alvarez Jaén de 33 años alias “Zander” acusado de formar parte de una red dedicada a la explotación sexual de menores en la región La Libertad. La organización se valía de redes sociales para atraer a niñas y adolescentes con promesas de empleo que ocultaban fines delictivos. Las víctimas, engañadas con ofertas de castings, eran conducidas a espacios privados donde se concretaban los abusos.

Las acciones de esta organización fueron expuestas durante una investigación liderada por el equipo especializado contra el crimen organizado del Ministerio Público. Los fiscales reunieron testimonios, dispositivos electrónicos y otros elementos que permitieron identificar el rol del sentenciado dentro de la estructura delictiva. El caso incluyó víctimas entre los 12 y 16 años, además de mujeres jóvenes captadas bajo métodos similares.

Los integrantes de la banda creaban identidades ficticias para contactar a menores por plataformas digitales. A través de estos perfiles, ofrecían supuestas oportunidades en el mundo del modelaje o la televisión. Las adolescentes eran citadas en viviendas particulares bajo la excusa de pasar pruebas o sesiones fotográficas, que en realidad servían para concretar la explotación sexual.

Una vez dentro de los inmuebles, las jóvenes eran presionadas a participar en actos sexuales. En muchos casos, accedían ante la promesa de recibir dinero, ropa o premios. Los agresores también tomaban sus teléfonos celulares para evitar que se comunicaran con alguien del entorno familiar o pudieran dejar evidencia. Esta dinámica era repetida con distintas víctimas durante un período prolongado.

Durante una diligencia de allanamiento, los fiscales incautaron una memoria USB que contenía material explícito grabado por la banda. El dispositivo fue hallado en un inmueble vinculado al sentenciado y almacenaba decenas de carpetas con fotografías y videos que comprometían a menores de edad. Las imágenes, obtenidas sin consentimiento, fueron registradas en contextos privados.

El análisis forense confirmó que los archivos provenían de encuentros organizados por los integrantes de la red. Algunas víctimas aparecían en repetidas ocasiones, lo que evidenciaba la sistematicidad del delito. Esta prueba fue incorporada en la etapa oral del proceso judicial y permitió reforzar la acusación por pornografía infantil, uno de los delitos por los que se dictó la condena.

El Poder Judicial no solo impuso una pena de 35 años de prisión, sino que también estableció montos económicos que el sentenciado deberá pagar como parte de su responsabilidad civil. Por el delito de pertenencia a organización criminal, se fijó una reparación de S/ 100 mil a favor del Estado, tras acreditarse su participación en actividades ilícitas vinculadas a la trata de personas y la difusión de contenido sexual.

En el caso de las víctimas, el tribunal determinó compensaciones diferenciadas según el tipo de delito. Por cada menor afectada en casos de trata, ya sea en grado de tentativa o consumado, el condenado deberá pagar S/ 10 mil. Además, por cada agraviada identificada en los delitos relacionados a pornografía infantil, se ordenó el desembolso de S/ 4 mil, como medida de reparación por el daño ocasionado.