En un país donde la historia se traza sobre arena y piedras milenarias, un cambio administrativo abrió una herida difícil de cerrar. Las Pampas de Nasca, declaradas Patrimonio Mundial, fueron recortadas por una resolución que redujo su área protegida. En apenas doce días, la medida permitió el ingreso de maquinaria, la apertura de caminos y la acumulación de relaves en zonas que hasta hace poco estaban bajo resguardo. Lo que antes era intocable comenzó a mostrar señales de daño que especialistas calificaron como irreparable.
La polémica creció tras el reportaje de Cuarto Poder emitido el último domingo. Las imágenes revelaron montículos de desechos y trazos alterados cerca de los geoglifos. Lo que debía ser un paisaje arqueológico protegido se convirtió en un terreno con vías improvisadas y marcas de maquinaria pesada. La población local, que convive con el legado cultural, expresó preocupación, mientras las autoridades guardaban silencio.
Diana Álvarez Calderón, exministra de Cultura, alzó la voz en una entrevista con Canal N. Desde su experiencia en la gestión patrimonial, la especialista no ocultó su alarma al afirmar que la reducción del área protegida abrió la puerta a actividades que ponen en riesgo la memoria del país. Su testimonio puso nombres y responsabilidades sobre la mesa, señalando directamente a las autoridades encargadas de resguardar los sitios arqueológicos.
Las declaraciones de Álvarez Calderón apuntaron no solo a la cartera de Cultura, sino también a una red de intereses más amplia. En su análisis, la exministra sostuvo que lo ocurrido no fue una casualidad administrativa, sino el resultado de decisiones que benefician a la minería informal e ilegal. Su tono fue crítico y directo, marcando un punto de inflexión en el debate sobre cómo se protegen los tesoros arqueológicos.
La exministra también acusó a otros sectores del Estado: “Yo creo que aquí hay complicidad de muchos. Creo que el Congreso, digamos, en su interés por conseguir votos, después de todo, son medio millón de mineros informales, artesanales, ilegales. Entonces hay, creo yo, un arreglo ahí”. Sus palabras incluyeron un comentario directo hacia la presidenta Dina Boluarte: “No se ve, pues a una presidente de la República, digamos, cuando yo me la imagino a ella con sus relojes, su cirugía plástica, me lo imagino más viendo telenovelas que haciendo el trabajo que le corresponde”.
Según Álvarez Calderón, el gobierno actual y el Congreso “no representan a nadie y descuidan lo que tienen que custodiar”. Sus declaraciones se sumaron a la alerta internacional sobre el impacto de actividades extractivas en sitios arqueológicos de relevancia mundial.
Reducción del área protegida
La resolución viceministerial, vigente entre el 28 de mayo y el 8 de junio de 2024, redujo el área protegida de 5,633.47 km² a 3,235.94 km². En esos días, según las imágenes difundidas, se produjo la remoción de suelos, el ingreso de maquinaria y la formación de caminos que alteraron sectores identificados como parte del paisaje arqueológico de Nasca.
Álvarez Calderón describió así la gravedad de lo sucedido: “Por desgracia, creo que no nos damos cuenta los peruanos que aunque tengamos riquezas como el oro, el patrimonio arqueológico que tenemos es una riqueza, pero es una riqueza que si se destruye ya no se recupera”. Añadió que “uno puede seguir buscando oro y encontrando oro. Felizmente, nuestro país tiene este reservas de oro como para que podamos nosotros todos vivir de él. En cambio, el patrimonio es algo que no se recupera nunca más una vez que es destruido”.
Para la exministra, el problema se relaciona de manera directa con la función de las autoridades: “Por esa razón, digamos, la responsabilidad del Ministerio de Cultura en esta cosa en concreto es una responsabilidad seria. El ministro, el día que jura a su cargo, está jurando es que va a defender el patrimonio arqueológico, el histórico, que va a ser la fuente cuidadora, digamos, de todo lo que es nuestro patrimonio inmaterial y no vemos que eso se esté cumpliendo”.
Álvarez Calderón fue más allá al solicitar una investigación sobre el actual ministro de Cultura: “Ha jurado en vano”. Expresó que la resolución apareció sin consulta previa: “Porque esto no ha sido consensuado con nadie. Yo me conversé con los exministros, exviceministros a ver si alguno tenía noticias de esto que iba a salir. Ninguno se ha sacado, pues debajo de la alfombra esta resolución y precisamente es para favorecer la minería informal e ilegal, en este caso, porque está destruyendo patrimonio. Eso es un crimen y debiera investigarse a este ministro, que me parece no cumple con su función”.
En el mismo diálogo, se planteó la responsabilidad de autoridades locales, como el alcalde de Nasca, que tampoco habría coordinado con el Ministerio de Cultura antes de la reducción del área protegida. La falta de articulación entre instituciones se evidenció en el vacío de acciones frente a la minería que avanzó en territorios patrimoniales.
Minería ilegal y contexto nacional
El caso de Nasca es una muestra de un fenómeno más amplio. En varias regiones del país, la minería ilegal expandió sus operaciones. En los últimos meses, protestas en distintas localidades terminaron en enfrentamientos con la Policía Nacional. En Arequipa, una movilización reciente dejó un fallecido y siete heridos.
Los grupos dedicados a esta actividad solicitaron ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y flexibilizar requisitos para regularizar sus operaciones. Críticos de estas demandas señalaron que no se incorporan controles técnicos ni ambientales, lo que agrava la situación en zonas de alto valor cultural.
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