Desalojo de pescadores de Chorrillos: Ministerio Público abre carpeta fiscal contra el alcalde Velasco y coroneles de la PNP

“Nosotros no somos invasores, somos una comunidad pesquera ancestral con mas de 100 años de historia en Chorrillos”, afirma con firmeza Juan Orbezo, miembro de la asociación de pescadores Artesanales Jose Silverio Olaya Balandra de la caleta de Chorrillos, mientras relata el impacto del reciente desalojo ejecutado por la municipalidad.

La madrugada del 21 de mayo de 2025, un operativo de gran escala irrumpió en la histórica caleta de pescadores de Chorrillos, marcando un punto de quiebre para los más de 300 pescadores asociados y los casi un millar de trabajadores que realizan trabajos directos e indirectos relacionados con la pesca, la asociación jose Silverio Olaya, empieza como persona jurídica en el año 1927.

El desalojo, que según Orbezo fue realizado sin orden judicial, movilizó 700 policías, tanquetas y caballos. “Nunca se ha visto algo así en el Perú para desalojar a trabajadores del mar”, sostiene. La Costa Verde y los accesos a la playa fueron bloqueados para impedir el ingreso de más pescadores y evitar cualquier intento de resistencia.

Los locales comerciales, construidos en material noble y dotados de servicios básicos, fueron demolidos por maquinaria pesada de la municipalidad, dejando a los conductores de los módulos sin agua ni luz.

“Nos tuvieron secuestrados casi dos días, enrejaron el mercado y el perímetro total de la caleta, se perdieron casi 3 toneladas de pescado por el cierre y la no comercialización de nuestros productos, no permitiendo el ingreso de comerciantes minoristas y mayoristas a la caleta. Este cierre total duró los primeros 15 días, durante los que hubo más de 100 policías diarios”, manifestó Orbezo.

La única notificación de desalojo llegó el 11 de diciembre, y se notifico solo a 3 modulos de comida, pero la demolición se realizó recién en mayo y destruyeron un total de 28 modulos, modulos de comida que contaba con agua, luz y desague y que nunca fueron notificados.

Los pescadores aseguran que nunca existió una orden judicial que avalara la intervención. “Cuando preguntamos al coronel y al comisario, no tenían papeles. Hay un contubernio con el alcalde”, afirma el asociado Orbezo, quien detalla que han presentado denuncias por abuso de autoridad contra los responsables policiales y municipales.

Actualmente, existen cuatro carpetas fiscales abiertas por parte de los pescadores, mientras que el alcalde enfrenta más de 20 denuncias de vecinos de Chorrillos y un proceso de vacancia ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Vale precisar que, recién al tercer día, y gracias a la intervención del Capitan de Puerto se impidió que la maquinaria avanzara sobre la zona intangible de la Línea de Alta Marea (LAM), un área de 50 metros cuadrados paralela a la línea de la alta marea que pertenece al Ministerio de Defensa. “Nuestras embarcaciones artesanales fueron arrinconadas en la zona intangible cuando estas deberían estar fueras del LAM”, explica Orbezo.

El trasfondo del conflicto, según los pescadores, está vinculado a intentos de privatización de espacios públicos en la zona. “El alcalde Fernando Velasco, todo lo que quita, lo privatiza, como lo ha hecho con muchos bienes del distrito. Hay que entender que es una caleta de pescadores y que predomina la principal actividad económica que es la pesca y la gastronomía”, señala el representante.

El enfrentamiento con la municipalidad se inicia tras la oposición de los pescadores al proyecto de un parque acuático en la playa de Agua dulce por la empresa VPX Sports, que contaba con el apoyo del cabildo. La Marina le otorgó la reserva de mas de 20.000 metros cuadrados en reserva a la playa de Agua dulce, área de trabajo de los pescadores considerada un banco natural que produce pejerrey, cangrejos, calamar y lenguado todo el año. Este ecosistema marino corrió el riesgo de ser alterado, además de ser una zona de tránsito de ingreso y salida de las embarcaciones pesqueras.

La resolución de La Marina exigía a la empresa VPX Sports cumplir con ciertos requisitos en el plazo de un año, pero a los dos meses de su emisión, sin haber cumplido, comenzó a promocionar la inauguración del parque acuático, lo que motivó la resistencia de la organización pesquera. Tras impedir la instalación de toneladas de bloques de concreto en el mar -que iban a sostener el parque acuática flotante-, los pescadores sufrieron represalias, incluyendo agresiones físicas durante el desalojo.

La organización social José Olaya agrupa a más de 300 pescadores asociados y cuenta con aspirantes. Los recursos de la asociación se destinan a la asistencia social de sus miembros, cubriendo medicinas, operaciones, cuenta con 45 nichos funerarios en Lurín. “No tenemos seguro ni jubilación. Cuando se muere un pescador, la familia no gasta nada, todo lo cubre la asociación”, detalla Orbezo, quien recuerda que durante la pandemia de COVID-19 fallecieron cerca de 40 pescadores sin recibir ayuda externa.

Después de muchos intentos de recuperar la playa, actualmente los pescadores de la caleta de Chorrillos han retomado el control sobre el cuadrante y esperan el avance de las investigaciones fiscales. “Tenemos toda la documentación que acredita nuestro arraigo histórico y jurídico en la zona”, detalla Orbezo:

• Resolución Ministerial 1422-59: Esta resolución nos da la playa para nuestro varado, y tendedero de redes y otros.
• Resolución Directoral 220-78: En esta resolución, la Marina de Guerra nos da los limites de la RM 1422-59 y a través de la Dirección de Hidrografía nos da los planos.
• Resolución Suprema 320-78: Esta Resolución nos exceptúa del plan maestro de la costa verde.

Esta documentación legal y otras más son de conocimiento de la Capitanía de Puerto y cuentan con el visto bueno de todos los juristas que lo analizan, según información a la que accedió Infobae Perú.

De esta manera, los pescadores de la Asociación José Silverio Olaya Balandra mantienen la esperanza que la justicia peruana les dé la razón, porque aseguran “contar con toda la documentación que acredita que no son invasores ni ilegales”.

Para Orbezo, las pérdidas tras la irrupción del convoy del alcalde Velasco en la caleta superan el millón de soles, entre el material destruido y los ingresos que dejaron de percibir, tanto hombres y mujeres de mar, como comerciantes y negocios anexos al otrora tradicional terminal pesquero de Chorrillos, hogar del héroe que le dio el nombre a su organización, hoy zaherida.

“Decimos esto último, porque el alcalde Velasco y su procurador intervinieron y llevaron a cabo el desalojo dentro del marco de la Ley 30230, pero este procedimiento se aplica a invasores ilegales. Como bien hemos explicado, nosotros no somos invasores ni ilegales, por tanto, esta ley es inaplicable a los pescadores la Asociación Jose Silverio Olaya Balandra de Chorrillos”, sentencia.