Comunidades amazónicas exigen consulta previa en proyectos viales: deforestación en la Amazonía peruana supera 3 millones de hectáreas

Comunidades amazónicas han exigido la consulta previa en los proyectos viales tras la pérdida de más de 3 millones de hectáreas de bosque en la Amazonía peruana, una demanda que cobra fuerza ante la amenaza de nuevas carreteras y obras de conectividad que, según líderes indígenas, agravan la deforestación y facilitan invasiones ilegales en sus territorios.

Esta preocupación se expuso en el foro “Conectividad sostenible para el desarrollo”, donde representantes de pueblos originarios, autoridades estatales y organizaciones civiles coincidieron en la urgencia de actualizar los criterios de inversión pública y garantizar la participación de las comunidades desde la fase de diseño de los proyectos.

Entre 2001 y 2023, la deforestación en la Amazonía peruana alcanzó 3.053.354 hectáreas, según datos de Geobosques. Las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín concentran el 53% de la pérdida de bosques nacional vinculada a infraestructura vial, de acuerdo con el estudio de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). El informe identifica una correlación directa entre la cercanía de carreteras vecinales y el incremento de la deforestación, lo que ha debilitado los compromisos climáticos internacionales asumidos por Perú.

Eduardo Rojas, especialista en Monitoreo, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero, advirtió que el aumento de emisiones asociadas a la deforestación compromete la capacidad del país para cumplir sus metas ambientales, y propuso fortalecer las herramientas interactivas de monitoreo territorial para mejorar la toma de decisiones.

La expansión de la infraestructura vial, ejecutada sin consulta previa, ha sido señalada por representantes indígenas como un factor que agrava problemas como la minería ilegal, el narcotráfico y la destrucción de sitios sagrados. Iveth Peña, de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), subrayó que la falta de consulta previa en la ejecución de vías terrestres y fluviales vulnera derechos fundamentales y depreda el ecosistema, afectando plantas, animales y la cosmovisión de los pueblos originarios.

Aunque la Ley 29785 reconoce el derecho a la consulta previa, su aplicación en proyectos viales resulta insuficiente. Peña recomendó fortalecer la articulación y participación de los representantes indígenas en la toma de decisiones “desde el inicio, durante y después de las inversiones”.

Brent Millikan, del Grupo de Trabajo en Infraestructura y Justicia Socioambiental de Brasil, explicó que muchas obras en la región amazónica han sido planificadas desde una perspectiva extractivista, sin considerar los valores culturales y ecológicos ni la opinión de las comunidades locales.

En este contexto, los pueblos amazónicos no rechazan las inversiones, pero exigen que sus propuestas sean escuchadas para garantizar su bienestar y la seguridad de sus tierras. Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR, planteó: “¿Las vías terrestres y fluviales serán motores de desarrollo o puertas abiertas a invasiones y destrucción?”, al pedir que la infraestructura impulse un desarrollo integral y no represente una amenaza.

El rol del Estado resulta central en la problemática. Paola Escobar, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoció que los criterios tradicionales de rentabilidad económica para priorizar proyectos de inversión pública deben actualizarse para incorporar indicadores sociales, territoriales y ambientales. Escobar señaló que el MEF promueve una mayor participación de gobiernos regionales y locales en la formulación de proyectos con enfoque de sostenibilidad.

“Es importante que los expedientes técnicos consideren variables de impacto ambiental desde la fase de perfil”, dijo. Además, informó que el MEF está actualizando el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2025-2030 (PNISC), que servirá como hoja de ruta para priorizar inversiones en infraestructura que impulsen la competitividad del país.

Desde DAR, se recomienda que el PNISC fortalezca los enfoques territoriales y de sostenibilidad, la gobernanza ambiental y el uso de instrumentos preventivos como la Evaluación Ambiental Estratégica. También se insiste en la necesidad de incluir de manera expresa la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada para las inversiones en territorios indígenas.

Las organizaciones indígenas han propuesto fortalecer la descentralización, brindar asistencia técnica continua a los gobiernos regionales y consolidar espacios como las mancomunidades para lograr una visión territorial integrada. Luis Briceño, de la Mancomunidad Regional Amazónica, afirmó que “la participación efectiva de los pueblos indígenas y la articulación intergubernamental es clave para lograr resultados de largo plazo”.

Agustín Lancha Pizango, vicepresidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI SL), sostuvo que la carretera es importante, pero primero debe asegurarse el territorio, garantizando la seguridad jurídica de los territorios indígenas, el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado y el fomento de proyectos productivos sostenibles junto con el desarrollo de las vías, lo que contribuiría a consolidar la seguridad alimentaria.

Cristina López, líder de proyectos de DAR, destacó que la participación efectiva de la población en la elaboración de políticas públicas, el marco legal y los instrumentos de gestión ambiental fortalecerá la eficiencia del sistema nacional de inversiones, el sistema de gestión ambiental y el cumplimiento de la protección de derechos.